El fiscal Gertz, esa bomba de tiempo

El descrédito por su explicación tipo Atari del atentado contra el cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo en 1993 siguió a Jorge Carpizo hasta la tumba. Jesús Murillo Karam nunca se quitará de encima la fallida verdad histórica sobre la masacre de Ayotzinapa. Rafael Macedo de la Concha tendrá en su biografía el manchón perenne del desafuero a modo contra AMLO. Y Antonio Lozano Gracia moverá siempre a la carcajada por utilizar a una vidente para resolver (no) un magnicidio priísta. ¿Qué le depara el porvenir a Alejandro Gertz Manero, actual fiscal y sucesor de todos los aquí mencionados?

La fiscalía (hasta 2018 llamada Procuraduría), dijo alguna vez uno de sus titulares, asemeja un reluciente auto de lujo que emociona cuando te lo encargan, pero cuando lo enciendes resulta que es mucha carrocería pero escasa potencia en el motor. Esa anécdota es verdad a medias. Es cierta la parte de las grandes carencias estructurales de esa dependencia, plagada de ineficiencia y corrupción. Pero también es verdad que la FGR es un vehículo que a quienes lo conducen los puede volver temibles por poderosos.

Esos adjetivos son los que hoy más enmarcan el desempeño de Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República, que estrenó autonomía en este sexenio. ¿A favor de qué causa utiliza este exfuncionario cardenista y foxista ese poder? Por lo visto en lo que va de la Administración, sobre todo a favor de sí mismo. En sus tres años en ese despacho este expolicía ha decidido construir una real autonomía, pero una que no necesariamente se ajusta a la expectativa de una sociedad lacerada por injusticias.

Que la fiscalía fuera autónoma se convirtió en una de las agendas más preciadas de la sociedad civil de la transición. Que la justicia no se empantane en los intereses de la política, que su dependencia del poder Ejecutivo no lastre sus pesquisas. Que al frente de la misma no esté un lacayo presidencial, sino un abogado de la nación. Que se evitara poner a fiscales carnales, que se lograra una fiscalía que sirva. Los colectivos ciudadanos pusieron talento y esfuerzo para que la corrupta PGR desapareciera, para que la FGR marcara un antes y un después.

Que los frutos para la reconversión legal de esa batalla de años de ciudadanía y oposición coincidieran con la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder es algo que ningún guionista pudo prever. El candidato del discurso de la honestidad valiente nombraría al primer fiscal autónomo. Ni mandado a hacer. Mas lo que se suponía que era la mejor de las noticias ha tornado en una gran preocupación.

En 2018 el nombre que parecía predestinado a convertirse en titular de la FGR era el de Bernardo Bátiz (Ciudad de México, 1936), abogado de origen panista que décadas atrás renunció a esa inspiración para sumarse a la causa de López Obrador. Si Andrés Manuel veía a la presidencia de la República como la continuación de su etapa como jefe de Gobierno de la capital, quién mejor que Bátiz, un tiempo su fiscal citadino, para asumir ahora esa tarea en escala nacional.

No era un secreto que Bátiz ya trabajaba en perfilar la Fiscalía autónoma, pero el suyo fue uno de los pocos casos de nombramientos anunciados en los que Andrés Manuel cambió de parecer y de última hora eligió como fiscal a un egresado de la Libre de Derecho con estudios de posgrado en la UNAM y una fama de tipo recio.

La decisión puso en la mesa una incógnita. Bátiz ya había demostrado que su inspiración de panista clásico había rimado bien con el lopezobradorismo, pero ¿Gertz Manero, un hombre con experiencia pública en el viejo sistema policiaco, podría —o siquiera deseaba— ser el artífice de un nuevo paradigma de justicia? Lo visto apunta a que no, y a que, peor aún, ha trazado un muy personal plan de lo que debería ser la Fiscalía: una donde la autonomía se traduce en agenda personal, y una donde él mande sin rendir cuentas.

El método para construir tan singular autonomía ha quedado más que claro en los últimos meses. Tiene tres vertientes. Por un lado, gestiona casos en que AMLO manifiesta su interés partidista; por otro, crea o al menos provoca las condiciones para que afloren asuntos en los que él de una forma u otra tuvo qué ver en cuanto a persona o empresario. Y finalmente, pero nada menor, hasta ahora ha sobrevivido a quienes le significaban un freno (o será mejor decir obstáculo), un competidor, un crítico o una amenaza.

Así construye Gertz una autonomía para sí mismo. Para lograrlo, antes que justicia para los mexicanos, le aporta a López Obrador metralla para sus pugnas políticas; y sobre todo trabaja para ampliar los márgenes de maniobra de su fiscalía: lo mismo se confronta con otros integrantes del movimiento lopezobradorista, que renacen expedientes en los que había encajado reveses personales. Lo flagrante de esto último, y el escándalo que naturalmente ha surgido por ello, no parece inmutarlo.

El primer fiscal autónomo hoy es más autónomo que nunca. Pero —parafraseando a AMLO— autónomo de la sociedad y parece más libre que nunca ahora que han salido del gabinete algunos de sus contrapesos simbólicos: Santiago Nieto, su declarado adversario, ha sido depuesto. Mientras que Julio Scherer Ibarra, en su momento aliado y prácticamente superior de Gertz, hoy resiente la rumorología mediática que apunta al entorno del exconsejero jurídico como uno de los objetivos de la fiscalía.

La caída de Nieto ha sido de culebrón. No hay indicios de que su boda con la consejera del INE Carla Humphrey pudiera entrar a la competencia de los típicos despilfarros de la clase política mexicana. Sin embargo, un singular operativo en Guatemala descubrió que un invitado al convite llevaba miles de dólares en efectivo. El zar antilavado pringado por los sobres de su conocido. ¿Por qué el avión en donde se descubrieron esos montos fue revisado en Guatemala? Nadie cree que por casualidad, sino como parte de la buena fortuna del fiscal a quien cayó como anillo al dedo la diligente actuación de autoridades del país vecino.

Siguiendo el canon de que en política nadie está nunca suficientemente muerto, a Nieto aun después de despedido le cayó una denuncia en la fiscalía que tardó menos en terminar de imprimirse que en estar publicada en Reforma. Eso es oportunidad periodística y no pedazos.

La riqueza del fiscal, por su parte, sería exhibida el mismo día en El Universal. Cabe decir que el dinero no es algo nuevo para él. A pesar de eso, las hostilidades dieron para una jornada más de filtraciones al arranque de diciembre. De entonces a la fecha lo que se han publicado son, en el otro frente, versiones sobre el interés que estaría por hacer patente la FGR en abogados ligados a Scherer Ibarra. Como si Gertz quisiera regalarse de fin de año un guardafuegos grande e insalvable: sin Nieto, sin Julio, sin nadie.

Con esos episodios es imposible no pensar qué sería diferente si Bátiz y no Gertz fuera el fiscal. Porque si algo es seguro es que si el abogado Bernardo estuviera hoy en la FGR, todos sabrían que trabajaría para Palacio Nacional. Eso tendría el gran inconveniente de que la autonomía habría quedado en una bonita intención. Eso sería malo. ¿Pero es bueno que Gertz tenga en la cárcel a la hija de su excuñada por un pleito revivido en la fiscalía capitalina ahora que él es muy poderoso? ¿Es bueno que el fiscal tenga antecedentes en el leguleyo caso que desde hace meses paraliza a la Universidad de las Américas de Puebla? Frente a ello, una pregunta más, menos importante pero no menor en términos políticos: el presidente, que ha dejado claro que no le gusta ser visto como un florero, ¿tolera o consiente esa agenda de intereses mezclados y la batalla a periodicazos que enfatizan el protagonismo de la FGR, pero dañan la imagen de su Gobierno?

Cuando se supo del nombramiento de Gertz, todo México sabía de la fama litigiosa del nuevo fiscal, que parece disfrutar de pleitos de alta volatilidad mediática, como el que sostuvo con la actriz Silvia Pinal, quien la pasó mal en esos años. Pero también se sabía que quien estaba llamado a hacer una modernización de la procuración de la justicia tiene fija la idea de que el pasado fue mejor, y si ese pasado lo incluye en primera persona, más bueno aún.

Porque Gertz desestima reformas que buscaban que el aparato de justicia incluyera una fuerte orientación hacia los derechos humanos y un acompañamiento de las víctimas. Lo dijo, por ejemplo, en un artículo suyo en La Jornada, en un texto para nada viejo o que hoy se descubra y parezca inconveniente dado su cargo actual. Todo lo contrario, lo publicó apenas en 2020, en la plenitud del cargo, y con la certidumbre de que sus nuevas reformas orgánicas a la FGR —vistas como retrógradas por movimientos a favor de las víctimas— le darán más independencia.

En ese texto criticaba a los gobiernos del pasado, a los que acusó de que luego de saquear, “para blindar más aún dicha impunidad y saqueo, en 2008, y con la aprobación de la mayoría calificada de legisladores, se incorporaron reformas al sistema procesal penal nacional que prometían compactar el procedimiento y defender los derechos humanos de los presuntos delincuentes para que, finalmente, su tramitología y sus requisitos, prácticamente imposibles de superar, inclinaran la balanza de la injusticia en favor de la impunidad de los delincuentes y en contra de la mayoría de las víctimas y, por supuesto, del patrimonio y las riquezas del Estado, mientras dicha impunidad se multiplicó geométricamente hasta llegar a 99%”.

Además de rechazar lo que toda una sociedad había visto como avances, tenemos a un un fiscal con el ego bien puesto: en otros de sus artículos en ese mismo diario se congratula de supuestos éxitos: lo mismo de la Operación Cóndor, de los años 70, que en su paso por la gestión foxista. Sobre la operación de ataque a los cultivos de enervantes realizada hace casi cinco décadas, escribió que fue: “La primera respuesta organizada y eficiente del Gobierno de México que en menos de dos años redujo al mínimo la producción y el tráfico de heroína y marihuana; esto fue reconocido públicamente desde la Casa Blanca por el presidente estadunidense Gerald Ford, quien felicitó a los funcionarios mexicanos que lograron esos resultados”. Y en entrelíneas —pues no se menciona a sí mismo sobre su labor policiaca en el foxismo— subrayó: “Durante cuatro años, se obtuvo una notable reducción en los índices delictivos y en las crisis repetitivas. Pero ese periodo fue interrumpido por el protagonismo irresponsable y la patología política de dos periodos de gobierno que indujeron y mantuvieron la denominada Guerra contra el narcotráfico”.

En lo que se puede coincidir con Gertz es en que los sexenios pasan y no hay mejora en los gobiernos ni, para el caso, en lo que hoy es la Fiscalía, donde se han escrito algunos de los episodios más terribles y hasta embarazosos de la falta de justicia en México, como se ejemplificaba someramente en el primer párrafo de este texto. A la mitad del presente sexenio ya sobrevuela la sombra de que en esta ocasión estaría pasando lo mismo. Aunque ha habido algunas detenciones que el Gobierno anterior no se habría siquiera planteado –como la del exdirector de Pemex Emilio Lozoya o la del recientemente localizado en Canadá general León Trauwitz, cercano también a Peña Nieto— lo cierto es que la agenda del fiscal parece abonar solo a su deseo de tener contento al presidente por un lado, y volverse un funcionario independiente, si para ello debe doblar a personas logrando a discreción la prisión forzosa de gente que no ha sido encontrada culpable –Rosario Robles, por ejemplo—, o negociar impunidad sin reparación del daño con otros —como Emilio Zebadúa, exmano derecha de Robles—, lo mismo da. Por lo que se observa, Gertz asume que la Fisalía es una persona en lugar de una institución, justicia que depende de una voluntad y no de la construcción colectiva de la misma desde la sociedad o con el apoyo de otros órganos del Estado.

Gertz Manero está por consolidar una fortaleza y la duda es si el presidente López Obrador aprueba eso o si apenas se está dando cuenta de que le dio poder a alguien que lo trascenderá, su cargo termina en 2028.

En sus artículos de La Jornada, el fiscal denuncia la gran impunidad que asola a México. Tiene razón. Para acabar con ella hace falta hacer justicia. Eso prometió López Obrador. Y esos resultados se esperan del tabasqueño y de Gertz en expedientes del pasado que son sinónimo de escándalo. Pero Andrés Manuel también prometió que habría una cosa nueva. Le dijo a los mexicanos que juntos harían historia. Sin embargo en esta materia se ha hecho acompañar de un personaje que no juega en equipo, que ha puesto ya los cimientos de una operación personal antes que institucional.

Es sin duda revelador que sus columnas periodísticas lleven el nombre genérico de “En defensa propia”. Él, que debería ser el abogado de todos, quiere abogar por sí mismo. Él, que debería ganar los casos que lastiman a los mexicanos, no solo aquellos que agradan al presidente, y menos los que le hacen parecer fiscal y parte, como el de los exfuncionarios y científicos del Conacyt, donde una vez más parece más abocado a una revancha porque por mucho tiempo no le aceptaron en el club de la excelencia antes que por un genuino deseo de perseguir violaciones a la ley.

No vaya a resultar que por esa proclividad para usar la autonomía de la FGR como un cheque en blanco, las palabras del fiscal, vertidas para criticar otro momento político, se vuelvan proféticas sobre su periodo: “El fracaso, la ineptitud y la corrupción nunca deben convertir a un delito en un modelo empresarial legítimo”.

Un actuación eminentemente en defensa y beneficio propios será, como se advierte, una bomba de tiempo.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país