¿Por qué no soy guardia nacional?

Después de media vida en el Ejército y en la Policía Federal, Fernando inauguró hace un año su pizzería en el Estado de Hidalgo. Este exmilitar y exagente, que prefiere no revelar su nombre real, abrió el local en 2019, cuando el Gobierno creó la Guardia Nacional, la gran apuesta en seguridad pública del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fernando rechazó entrar en la nueva institución y optó por el retiro voluntario, como otros 7.234 policías que ya han recibido su pago compensatorio. Alrededor de 1.800 agentes siguen esperando su liquidación.

De los más de 25.000 federales que sí aceptaron el traspaso, una parte se plantea ahora renunciar porque no está cómoda en el traje de la nueva fuerza, que pretende ser civil, pero tiene cuerpo militar. Doce meses después de haber tomado la decisión, Fernando lo tiene claro: prefiere despachar pizzas hawaianas con “piña, jamón y queso”, que volver atrás. “Un militar está encerrado en un cuartel, recibe órdenes y no puede hablar con plena libertad. Sus leyes son muy diferentes a las de un policía”, dice.

La pequeña pizzería que regenta Fernando da para poco, menos aún durante la pandemia. Pero el veterano policía, de 50 años, se lanzó a la aventura junto a su esposa, que es enfermera. Ahora lo compaginan con “algún otro trabajo que salga”. En la Policía Federal “estaba bien”, dice, porque “era una institución que tenía prestigio y presencia en todo el país”. Pero se negó a ser traspasado a la Guardia Nacional harto del desprecio de López Obrador: “El presidente empezó a denigrarnos mucho de palabra sin tener en cuenta la trayectoria, los logros… Se burlaba y decía que todos eran delincuentes”.

La Policía Federal fue desmantelada en 2019 asediada por las irregularidades de su todopoderoso jefe Genaro García Luna —acusado de recibir pagos millonarios del cártel de Sinaloa—. López Obrador alegó que la corporación se había echado a perder y que poco se podía hacer por ella salvo cerrarla de la mejor manera. “Fue una decisión equivocada, había indicios de que había elementos y estructuras rescatables”, asegura Mónica Serrano, doctora en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford.

En julio de ese año la Guardia Nacional arrancó con el compromiso de convertirse en el cuerpo que terminaría con la ola de sangre, que deja casi 100 muertos diarios, y la corrupción en las fuerzas de seguridad. Los resultados, sin embargo, están muy lejos de lo prometido y un año después de su creación se baten récords de homicidios violentos en el país. Marzo fue el mes más sangriento desde la Revolución.

En estos meses de transición, el 76% de los agentes de la Policía Federal ha decidido incorporarse a la nueva institución; el resto se retiró, recibió su liquidación —como Fernando— o se incorporó a otras instituciones, algo que solo hizo una minoría. Iván Chávez, representante de la asociación Ciudadanos Uniformados, explica que muchos federales no se incorporaron a la Guardia Nacional porque “estaban acostumbrados a un salario mayor”.

“Perdimos un buen de prestaciones”, menciona Karen García, policía federal durante nueve años y guardia nacional menos de uno. La semana pasada García entregó su uniforme y ahora busca un nuevo trabajo en el sector privado. Esta ingeniera en Computación de la UNAM aceptó el traslado a la unidad de Inteligencia de la Guardia Nacional porque creyó que lo único que cambiaría en su trabajo sería el nombre de la nueva institución. Pero desde que entró, asegura, se ha sentido ignorada y sin otra tarea más que “cuidar el mobiliario”. La Secretaría de Seguridad Pública dice a EL PAÍS que se ha “conservado antigüedad, prestaciones y salario de acuerdo con el tabulador de carrera autorizado”.

Actualmente de los más de 91.000 miembros de la Guardia Nacional, solo un tercio son exfederales. El resto han sido asignados de la Secretaría de Defensa (Sedena) y la Marina (Semar). “En la práctica, la seguridad pública federal está en manos de los militares: la fuerza de la Guardia Nacional proviene de las Fuerzas Armadas y los recursos y el liderazgo, también”, explica Maureen Meyer, directora en México de WOLA, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos. Y los militares, coinciden los analistas que siguen el manejo de la violencia, no son la solución porque están preparados para “utilizar una fuerza letal contra el enemigo, no para tratar con la ciudadanía”.

“La capacitación militar puede llevar a más abusos y violaciones a los derechos humanos”, considera la vicepresidenta de WOLA en referencia al tiroteo de agosto en Nuevo Laredo, cuando 12 civiles fueron asesinados en un operativo y el Ejército tuvo que abrir una investigación a 24 militares. “Cumplieron órdenes de matar en vez de detener”, señala Meyer, que destaca que la Guardia Nacional acumula en solo un año de existencia 140 denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

El nuevo cuerpo, no obstante, cuenta con el respaldo de un país ansioso por una protección efectiva y según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tiene la confianza del 75% de los mexicanos. La Secretaría de Seguridad Pública defiende el trabajo de la Guardia Nacional. En un mensaje electrónico enviado a este periódico, apunta que se trata de un cuerpo capacitado para “desempeñar una función policial y no militar“, pero que aprovecha la formación proveniente de la Secretaría de la Defensa Nacional y de Marina “para consolidar a la Guardia Nacional no solo como una institución de seguridad pública profesional, sino también altamente disciplinada”.

Frente a la respuesta oficial, las circunstancias a pie de calle son muy distintas, dice Mario P., uno de los policías federales que se integró al nuevo cuerpo. Según el agente, los militares y marines asociados no cumplen los protocolos que a ellos sí les enseñaron en la academia. Además no hay una especialización por preparación o experiencia anterior: “Todos hacemos de todo”, aclara.

“Les dan órdenes y contraórdenes, los trasladan sin ton ni son de un lado al otro, están en una función de apagafuegos”, asegura Guillermo Garduño, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana. El experto en seguridad señala que la indefinición de tareas conduce a las arbitrariedades y pone como ejemplo la presa La Boquilla, en Chihuahua, donde el enfrentamiento entre la Guardia Nacional y los agricultores ha dejado un muerto por un disparo de los uniformados.

Mario admite que está adaptándose a su nuevo empleo y reconoce el desánimo entre sus compañeros: “Nos sentimos solos. Somos muy pocos de la extinta Policía Federal. Poco a poco algunos comienzan a retirarse de la Guardia Nacional".

La investigadora del Colegio de México, especializada en seguridad nacional, Mónica Serrano advierte de que hay un riesgo “altísimo” de que algunos de estos miles de agentes entrenados en el manejo de armas y ahora desmovilizados se conviertan en mano de obra del crimen organizado. “Hay unos 9.000 elementos de la antigua Policía Federal puestos en la calle sin apenas perspectivas de empleo en un contexto con oportunidades criminales y una economía ilícita muy importante. Más cuando en la experiencia mexicana los policías han sido uno de los actores que el crimen organizado ha buscado cooptar”, explica.

Mientras mueve con torpeza la masa de la pizza, Fernando, medita una propuesta para trabajar como agente estatal en Hidalgo. El veterano policía se reafirma en su decisión de no sumarse a la Guardia Nacional pese a que a los 50 años, y 15 de servicio, ha tenido que aprender a cosechar calabazas y frijoles para llevar algo de dinero a casa.