El Estado mexicano ha sido omiso respecto a la protección de los defensores ambientales

En el año 2020, desgraciadamente, se mantuvo la tendencia de creciente violencia que desde hace décadas han vivido las personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México. Al igual que las administraciones anteriores, el actual gobierno federal no ha logrado disminuir y menos eliminar las cifras de agresiones e incluso, el número de estas se elevó en comparación con el año anterior. Durante el 2020, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) contabilizó 90 agresiones perpetradas en 65 ataques distintos; de este número, la agresión más frecuente fue el homicidio, con 18 personas defensoras ambientales asesinadas.

Como contexto general, se debe señalar que del periodo que comprende del 1 de enero de 2012 al 31 de diciembre de 2018, se identificaron 460 casos de agresiones a personas defensoras de los derechos de la tierra, el territorio y el medio ambiente. Destaca que el 2019 fue el año con la cifra más baja de los últimos seis, con 39 agresiones registradas, sin embargo, de ese número, casi un tercio fueron homicidios. En lo que se refiere a las agresiones por entidad federativa, se registró en el 2020 un aumento de los ataques en Chiapas, Campeche, Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Guerrero y Veracruz.

Referente a los ataques en contra de personas en lo individual, 19 fueron contra hombres (15 de ellos asesinatos) y 11 contra mujeres (3 asesinatos). Por otro lado, se registraron 16 ataques (24,6%) contra comunidades y 12 ataques (18,5%) contra organizaciones de la sociedad civil (OSC). Respecto de los sectores generadores de las agresiones, los dos principales son el forestal y el de vías de comunicación con 24,6% del total, cada uno. En el primer caso, la mayoría se relaciona con tala clandestina. En el rubro de obras relacionadas con vías de comunicación, se registraron, entre otros, ocho ataques vinculados con el proyecto del Tren Maya y tres relacionadas con el proyecto de la carretera en San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México. En menor porcentaje, se cometieron agresiones en el sector de la minería, la industria eléctrica y el turismo.

Referente al tipo de agresión, por segundo año consecutivo desde el inicio de la presente Administración federal, la agresión más frecuente ha sido el homicidio. En 2019 se documentaron 15 asesinatos y en 2020 esta cifra llegó a 18. Cabe señalar que en diversos casos se identificó que, previo a su homicidio, las personas defensoras habían sido víctimas de otras agresiones como amenazas e inclusive desaparición. La segunda agresión, con un total de 16 casos (17,8%), corresponde a las amenazas.

Otras agresiones documentadas incluyen la intimidación, la criminalización, el hostigamiento, las agresiones físicas, la desaparición, el uso indebido de la fuerza por parte de las autoridades, el robo, el desalojo forzoso, el secuestro, el allanamiento, la difamación y la estigmatización. En 26 de las agresiones (40% de los casos) se conoce que el agresor registrado fue presuntamente un agente del Estado. En menor medida, se identificó como agresores a miembros de las comunidades donde habitan las personas defensoras (6.2% del total); a empresas privadas (4.6% del total); así como a caciques y grupos paramilitares (3.1%), respectivamente.

Si bien México ha manifestado su voluntad de asumir obligaciones para la prevención y protección de las y los defensores ambientales, ratificando el acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (Acuerdo de Escazú) —el cual establece el deber del Estado de garantizar los derechos humanos de todas las personas defensoras ambientales y así como un entorno seguro para ellas y ellos— la grave situación de violencia a la que se enfrentan no solo no cesa sino que va en aumento.

La indiferencia e inacción del Estado mexicano se refleja en que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no cuenta actualmente con los recursos económicos y materiales suficientes para llevar a cabo su labor, pues ha sufrido constantes recortes presupuestales y de personal. A esto hay que agregar la eliminación, por parte del Congreso de la Unión en 2020, del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Ambos eran de vital importancia para las personas defensoras ambientales beneficiarias de medidas de protección.

Todo lo anterior, confirma que la violencia estructural, sistemática y generalizada que se vive en México continúa impactando los derechos humanos de quienes defienden el medio ambiente, la tierra y el territorio y, ante esta tragedia, inexplicablemente, el Estado mexicano ha estado ausente, ha guardado silencio absoluto y ha sido omiso.

¿Dejará pasar el presidente López Obrador la oportunidad histórica de sentar las bases para un México donde la defensa de nuestro patrimonio natural, la tierra y el territorio se realicen con plena garantía y respeto a los derechos humanos? El tiempo sigue corriendo y lo más preocupante de todo es que de enero a junio de este año 2021, han sido cobardemente asesinados 13 defensores ambientales.

Gustavo Alanís Ortega es director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

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