México sale a las urnas bajo la sombra de la violencia y 37 aspirantes asesinados

Las elecciones en México se acercan a horas decisivas. Las campañas concluyeron el pasado miércoles y más de 98 millones de ciudadanos están llamados a las urnas este domingo. La oficialista Claudia Sheinbaum cerró con un acto masivo en el Zócalo, la plaza más icónica del país. Xóchitl Gálvez, la abanderada de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, organizó un mitin en la Arena Monterrey y una ceremonia simbólica con amigos y familiares en Tepatepec, su pueblo. Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), celebró un concierto de rap en la capital para consolidar su apuesta por los votantes jóvenes. Mientras el país tenía la mira puesta en los cierres de campaña, la imagen que se quedó grabada en la memoria de millones de personas, sin embargo, fue el momento en que un hombre se abrió paso entre la multitud y disparó dos veces contra Alfredo Cabrera, candidato de la oposición a la alcaldía de Coyuca de Benítez en Guerrero, uno de los Estados más violentos. Cuando parecía que lo peor había pasado, un grupo de sicarios acribilló a Jorge Huerta, aspirante a regidor en Izúcar de Matamoros (Puebla), junto a su esposa y un colaborador que fueron heridos la noche del viernes, en plena veda electoral. El ataque también fue captado en video.

Los homicidios de Cabrera y Huerta fueron los últimos en sumarse a una lista que ya incluye 37 aspirantes asesinados en el último año, de acuerdo con la consultora Laboratorio Electoral. Al menos 320 incidentes violentos contra políticos han empañado las elecciones más grandes de la joven democracia mexicana, por el número de votantes y los más de 20.000 cargos en disputa, y provocan dudas sobre la viabilidad de los comicios en los puntos más azotados por la inseguridad en el país. La violencia letal ha alcanzado a candidatos en 13 de los 32 Estados del país y se concentra en tres focos rojos: Guerrero (9), Chiapas (5) y Michoacán (4), que concentran la mitad de los homicidios.

Los asesinatos de candidatos se han afianzado como un fenómeno de la política local. Al menos 27 víctimas mortales habían hecho públicas sus intenciones de contender por una presidencia municipal. Tres aspiraban a ser regidores, el priista Aníbal Zúñiga Cortés en Acapulco (Guerrero), la comisionada trans Miriam Noemí Ríos, que buscaba el cargo en Jacona (Michoacán) por MC y Jorge Huerta, que representaba al Partido Verde. Otros dos querían competir por una diputación local, el panista Giovanni Lezama en Cuautla (Morelos) y Manuel Hernández, de Morena, en Misantla (Veracruz). Francisco Sánchez Gaeta era candidato a síndico por el Partido Verde en Puerto Vallarta (Jalisco). Sólo tres habían sido considerados para cargos federales: la activista trans Samantha Fonseca se había perfilado para ir por la candidatura al Senado de Morena en Ciudad de México y sus compañeros de partido, Yaír Martín Romero y Manuel Hernández, iban por una curul en la Cámara de Diputados. Entre las víctimas, 33 eran hombres y cuatro, mujeres.

“No creo que haya que esperar a que se supere el número de víctimas mortales, este proceso electoral ha sido el más violento cuando se miran otras aristas, como los atentados y las amenazas”, afirmaba Daniela Arias, la coordinadora de Laboratorio Electoral, en una entrevista con este diario a finales de abril. Pese al alto número de asesinatos, no hay un consenso unánime sobre si estas han sido las elecciones más violentas en la historia de México. Las mediciones son relativamente recientes y no existe un registro oficial que abarque todos los casos, por lo que varios conteos recurren a metodologías distintas.

Ante una competencia política que se adelantó en los hechos a los plazos que dicta la ley, Laboratorio Electoral comenzó sus mediciones en junio del año pasado, tres meses antes del inicio formal del proceso electoral y seis meses antes de que los partidos definieran quiénes iban a ser sus candidatos. Los 37 asesinatos en los últimos 12 meses superan los 30 homicidios que hubo en los comicios de 2021 y los 24 de 2018. En cambio, el periódico Reforma consignaba esta semana 24 víctimas en estas campañas. Hace tres años Etellekt e Integralia contabilizaron 36 asesinatos y caracterizaron esas elecciones como las más violentas hasta entonces. En estos comicios, cuatro municipios registraron homicidios múltiples de contendientes a un puesto de elección: Maravatío (Michoacán, 3), Acapulco (Guerrero, 3), Chilapa (Guerrero, 2) y Cuautla (Morelos, 2).

Hay otros elementos que apuntan a que la violencia en esta elección ha llegado a niveles que antes no se habían visto. A finales de abril se contabilizaban alrededor de 170 incidentes contra políticos. Esos números casi se duplicaron al cabo de un mes y crecieron un 88% en cuatro semanas para llegar a 320 casos. Mayo ha sido el mes más violento de todo el proceso, con 78 incidencias, muy por encima de las 56 que hubo en marzo, las 27 de febrero y las 21 en abril. “Hay una temporalidad muy marcada, febrero y marzo suelen ser meses muy violentos, porque es cuando se define quiénes serán los candidatos”, señalaba hace unas semanas Manuel Pérez Aguirre, investigador del Colegio de México. Estos comicios, sin embargo, marcaron una tendencia que no estaba prevista: el crimen organizado cruzó una nueva línea al imponer su ley en plena campaña, incluso a días de las votaciones.

Además de los 37 asesinatos contra aspirantes, se han registrado otros 58 homicidios directamente relacionados con la elección, entre familiares, políticos que no participan en la contienda y colaboradores de las campañas, según Laboratorio Electoral. Apenas esta semana, por ejemplo, fue atacado el convoy donde viaja el equipo de Pedro Salazar, candidato de MC a presidente municipal en Jiménez, Tamaulipas. “Sufrimos dos atentados en menos de 10 minutos”, narró Dante Paulín, aspirante a regidor. Salazar no viajaba en el vehículo en el momento de la agresión, pero cinco integrantes de la comitiva resultaron lesionados, de acuerdo con las autoridades estatales. Dos días después se dio a conocer que uno de ellos murió a causa de los impactos de bala. Movimiento Ciudadano calificó los hechos como “inaceptables” y pidió a las fuerzas de seguridad garantías para que se celebren “elecciones seguras y libres”. “La democracia no puede florecer en un ambiente de violencia”, señaló la dirigencia nacional.

Las agresiones más comunes han sido las amenazas: 131 políticos fueron amedrantados en este proceso electoral y más de un centenar decidieron abandonar sus aspiraciones por este motivo. Es posible que esta cifra sea sólo la punta del iceberg, porque muchas de las amenazas no se denuncian ni se hacen públicas. El especialista en seguridad Eduardo Guerrero dijo esta semana a W Radio, por ejemplo, que ha habido más de 2.000 renuncias en tan solo cinco Estados y que la violencia está detrás de un buen número de dimisiones. Chiapas y Michoacán han registrado 500 casos cada uno, según sus cálculos.

Entre las 107 renuncias de candidatos que contabiliza Laboratorio Electoral, 56 fueron de personas postuladas por los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). La coalición oficialista integrada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México no hicieron público ningún caso. Es un botón de muestra de cómo el diagnóstico de la violencia ha dividido opiniones en el espectro político. El frente opositor ha reclamado que la inseguridad ha hecho que hacer campaña en amplias regiones del país sea un ejercicio de alto riesgo, mientras que el bloque gobernante ha argumentado que se utiliza el tema para demeritar los resultados de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.

“Alguna gente nos da consejos, pero los muertos los estamos poniendo nosotros”, afirmó esta semana Guadalupe Acosta Naranjo, representante del PRD ante la autoridad electoral. “Van a ser las elecciones más limpias y más limpias en la historia de México”, aseguró, en cambio, López Obrador el pasado martes, un día antes del asesinato de Cabrera. Pese a todo, el fenómeno ha alcanzado a todas las fuerzas en liza: todos los partidos han sufrido al menos un homicidio en esta elección. El PAN encabeza el número de amenazas (27) y Morena, la cifra de candidatos asesinados (11) y secuestrados (16). Sin distinciones políticas, en este proceso ha habido 77 atentados y 17 secuestros contra las candidaturas, según Laboratorio Electoral.

Esta misma semana se anunció que más de 260.000 efectivos de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas van a ser desplegados para garantizar el desarrollo de la jornada electoral. También en estos días, células de grupos delictivos colocaron mantas en Morelos en las que prometían vigilar que “todo transite con calma”. “Voto o plomo”, se advierte en otros mensajes que han sido atribuidos al Cartel Jalisco Nueva Generación en Aguililla, una de las comunidades más asediadas por el crimen organizado, para exigir que la población elija a quienes ellos apoyan. En dos localidades de Chiapas se quemaron al menos 49 paquetes con boletas electorales, en Chicomuselo fueron 45 y en Totolapa, cuatro, según el Instituto Nacional Electoral.

A las puertas de una elección histórica este 2 de junio, que puede abrir por primera vez las puertas de Palacio Nacional a una mujer, la espiral de violencia se ha afianzado como uno de los grandes protagonistas de la campaña, sobre todo a nivel municipal y lejos de los reflectores mediáticos. También se anticipa como uno de los factores clave a seguir durante las votaciones y en la pugna poselectoral que se libre en los tribunales en las próximas semanas.

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