Los frentes abiertos de Salinas Pliego: de la deuda millonaria en EE UU a las suspensiones de Elektra en la Bolsa

La larga pugna entre Ricardo Salinas Pliego, el tercer hombre más rico del país, y sus acreedores en Estados Unidos sigue escalando. Los fondos de inversión, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Managment, comenzaron en agosto de 2023 un arbitraje internacional contra México por el impago de intereses sobre unos bonos emitidos por TV Azteca, una de las firmas del empresario. En uno de los documentos sobre el caso, los demandantes aseguran que el Poder Judicial protege al magnate para que no salde sus deudas y reclaman al Estado mexicano una indemnización de 219 millones de dólares. En respuesta, Grupo Salinas calificó a las empresas como “fondos buitre” que solo buscan victimizarse y ejercer presión contra el Gobierno. “Desde el inicio de este proceso, en febrero de 2021, Tv Azteca ha estado y continúa abierta al diálogo con los tenedores de bonos para alcanzar un acuerdo favorable para todas las partes”, refirió el conglomerado a través de un comunicado, este miércoles.

A más de un año de haberse iniciado el arbitraje, los demandantes han instado al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) —organismo adscrito al Banco Mundial— a dictar una pronta resolución. En uno de sus más recientes alegatos, los fondos de inversión cargan contra el Estado mexicano y el Poder Judicial por un supuesto trato a favor de Salinas Pliego. “El tribunal debe de rechazar la totalidad de las objeciones jurisdiccionales y ordenar a México que indemnice a los demandantes por todos los costos y honorarios de abogados asociados a este arbitraje”, acusaron los afectados, por escrito.

La disputa se remonta a 2017, cuando TV Azteca emitió 400 millones de dólares en bonos. En ese entonces, la compañía de Salinas Pliego se comprometió a pagar a los tenedores de deuda un interés de 8,25%, a tasa anual sobre los 400 millones de dólares. Sin embargo, en febrero de 2021, la compañía suspendió el pago de intereses, argumentando problemas de solvencia. Los acreedores afectados han peleado desde el inicio para que la empresa cubra sus compromisos financieros, hasta el punto en que un grupo solicitó, en marzo de 2023, la quiebra involuntaria de Tv Azteca y, en agosto de ese mismo año presentó el recurso del arbitraje internacional contra el Estado mexicano, bajo el amparo del TMEC.

Los fondos de inversión acusan a México de ser responsable por el uso indebido de su sistema judicial a favor de TV Azteca y del magnate mexicano. “México se ha negado a comprometerse con los demandantes en lo que debería ser un objetivo común para detener este abuso del Poder Judicial para beneficio personal. El país está enviando una clara señal a los inversionistas extranjeros de que está dispuesto a permitir que los tribunales mexicanos protejan injustamente a un billonario mexicano y a sus empresas de tener que pagar sus deudas”, zanjan las demandantes.

En sus alegatos, las empresas estadounidenses reparten dardos contra el Estado mexicano y contra los jueces. “El Poder Judicial de México ha protegido sistemáticamente los intereses privados del señor Salinas y sus empresas y ha impedido cualquier posible recurso contra la flagrante, e ilegal, negativa de TV Azteca a pagar sus deudas financieras. Aunque la protección ilegal de los tribunales locales al señor Salinas y a TV Azteca va en contra del interés nacional de México, México está optando por montar una defensa vigorosa en este arbitraje”, abunda el documento.

México, como lo advierte el escrito, se ha defendido robustamente contra la demanda internacional. La Administración federal, titulada por la Secretaría de Economía, solicitó en junio pasado que se desestimara la reclamación. El Gobierno mexicano argumentó que las empresas no califican como inversionistas porque no aportaron capital propio para adquirir las notas de deuda. La dependencia añadió que las firmas demandantes están registradas en las Islas Caimán, por lo que quedan fuera del amparo del TLCAN, ahora TMEC. Este miércoles, en su conferencia de prensa, la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, señaló escuetamente que el caso es una responsabilidad del Poder Judicial y dijo que espera más información del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Con cada una de las posturas sobre la mesa, ahora el tribunal del Banco Mundial deberá analizar los alegatos y resolver si prosigue o desecha el caso.

Elektra, suspendida de nuevo

Además del pleito con sus acreedores, Salinas Pliego encara los problemas de Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores, en plena pugna con el Gobierno Federal por supuestos créditos fiscales atrasados. El parqué financiero ha suspendido este miércoles la cotización de las acciones de Grupo Elektra, solo un día después de haberla habilitado. La BMV explicó que la nueva suspensión obedece a las fluctuaciones extraordinarias en el precio de los valores de la emisora. La Bolsa tomó la medida “con el objeto de evitar que se produzcan condiciones desordenadas u operaciones no conformes a sanos usos o prácticas de mercado”, dijo por escrito. En julio pasado, la BMV suspendió los títulos de Elektra después de que la propia firma reportara haber recibido información sobre un posible fraude por parte de depositarios de sus acciones.

A esta suspensión de sus acciones se suma la degradación de la calificación de Elektra por parte de la calificadora S&P. La agencia rebajó la evaluación crediticia de la emisora a BB, con perspectiva negativa. S&P indica que los riesgos de la firma han aumentado, principalmente, por las demandas que tiene en proceso con el Servicio de Administración Tributaria (SAT). El tercer hombre más rico de México, cuya fortuna asciende a 10.700 millones de dólares, mantiene desde el sexenio pasado un par de litigios contra el Gobierno federal por el cobro de más de 35.000 millones de pesos en impuestos. El fisco mexicano asegura que la compañía debe saldar su millonario adeudo, mientras que el empresario ha declarado previamente que estos gravámenes ya fueron cubiertos y acusó al SAT de una persecución fiscal. En este momento, las denuncias están en la Suprema Corte de Justicia, a la espera de una resolución.