El regulador antimonopolio mexicano pone condiciones para la compra estatal de 13 plantas eléctricas a Iberdrola

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) ha puesto condiciones al Gobierno de López Obrador para autorizar la compra por parte del Estado de 13 plantas eléctricas a Iberdrola. El organismo antimonopolio ha resuelto que la adquisición de este paquete eléctrico, por el que la Administración federal pagará 6.000 millones de dólares, dependerá de algunos compromisos. Entre ellos, las plantas de generación deberán operar de manera independiente en el mercado y evitarán intercambios de información sensible o estratégica entre competidores. Una vez que las partes acepten de manera expresa e incondicional las condiciones de la Cofece, ésta concederá la autorización. La operación se espera que se cierre en los próximos días. El Gobierno celebró la “autorización” y consideró que permitirá que el Estado recupere “el liderazgo en la generación de energía eléctrica”.

“Se debe designar a un administrador profesional independiente que sea el encargado de tomar decisiones relativas a la operación de las plantas de generación eléctrica en el mercado y se deben establecer controles y mecanismos que obliguen a las personas encargadas de la operación de las plantas de generación eléctrica a actuar con independencia y sin conflicto de interés”, señala la Cofece en su comunicado. Además, el órgano antimonoplio exige al Fondo Nacional de Infraestructura, que aportará parte del dinero para la compra, que su inversión no podrá exceder el 51%.

El pleno de la Cofece ha discutido durante tres días en sesión extraordinaria y a puerta cerrada la megacompra del paquete eléctrico de Iberdrola, cuyo expediente llegó a sus manos en septiembre pasado. La operación incluye 12 centrales eléctricas de ciclo combinado, con una capacidad de generación de 8.436 megawatts, y un parque eólico en Oaxaca con capacidad de 103 megawatts. Entre las centrales de ciclo combinado que operará la CFE están Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, entre otras.

El regulador antimonopolio en México es la autoridad encargada de verificar que los acuerdos comerciales cumplan con las leyes de competencia económica. En este caso, la CFE operará los activos, pero no será el dueño de las plantas. La empresa privada Mexico Infrastructure Partners FF —administradora del vehículo financiero de la megatransacción— tendrá la propiedad de los activos. Como operador, la CFE no obtendrá un ingreso directo, sino una contraprestación fija o variable sobre la energía generada.

Tras conocer el fallo, la Secretaría de Hacienda ha dado por hecha la autorización de la Cofece respecto a la compra. “La autorización establece compromisos para fortalecer el Gobierno corporativo del vehículo de inversión, para asegurar que las centrales operen en el mercado eléctrico en condiciones de competencia, en beneficio de los consumidores, al mismo tiempo que el Estado mexicano recupera el liderazgo en la generación de energía eléctrica, meta que se fijó en la iniciativa de reforma constitucional. La operación de adquisición deberá concluirse en los siguientes seis meses contados a partir de la autorización”, indicó la dependencia a través de un comunicado.

Hacienda ha insistido en que esta operación cuenta con un amplio apoyo del sector financiero a través de la banca de desarrollo y la banca comercial, quienes financiarán el 60% de la transacción. El resto de los recursos, ha explicado Hacienda, se cubrirá con la participación en la inversión de las Afores, fondos de pensiones, y otros inversionistas institucionales. La dependencia federal ha hecho hincapié en que al comprar las centrales no se incurrirá en más deuda pública ni se presionarán las finanzas públicas.

El Gobierno anunció el año pasado por todo lo alto y bajo una narrativa de “nacionalización” el acuerdo con Iberdrola para adquirir las 13 plantas de energía eléctrica que ya operan en el país. Desde la fundación de Morena, Andrés Manuel López Obrador ha buscado hacer del Estado un jugador importante en el sector energético. La compra formalizada ahora no es en realidad una nacionalización, pero sí es una victoria para su proyecto político.

Para hacerse de estos activos, la Secretaría de Hacienda ha puesto en marcha un complejo esquema de financiación donde participan el Fondo Nacional de Infraestructura, la banca comercial y un vehículo financiero gestionado por Mexico Infrastructure Partners (MIP). El contrato entre MIP e Iberdrola se firmó en junio pasado. El director de Energía de MIP es Juan Carlos Zepeda, quien fungió como presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) durante la Administración Federal anterior.

Gonzalo Monroy, experto en temas energéticos, explica que todos los ingresos provenientes de la operación de estas plantas eléctricas no irán a manos de la CFE, sino al fondo creado por la privada MIP. “Ahora, se vuelve un problema para Mexico Infraestructure Partners porque muchas de las plantas compradas ya están por llegar a su vida útil y requerirán más mantenimientos preventivos y correctivos, eso significa que no van a entrar en operación y, por ende, no van a recibir ingresos. Fue una muy buena operación para Iberdrola porque descarboniza su portafolio en México, Iberdrola consigue dinero, se quita dolores de cabeza y obtiene una vía más certera para seguir operando en México”, comenta.

El especialista detalla, además, que pese a que la compra está apalancada por el Gobierno, no se puede hablar en términos finos de una nacionalización eléctrica, ya que los activos pasarán a manos de MIP, una empresa privada y no directamente a las arcas de la paraestatal eléctrica, la CFE. Por otra parte, Iberdrola ya ha anunciado que invertirá los 6.000 millones de dólares de la transacción en proyectos renovables en México.

El fallo de la Cofece llega en un momento en que este órgano autónomo y un puñado de organismos más están en peligro de extinción debido a la iniciativa que el presidente, López Obrador, ha enviado al Congreso para eliminar a siete órganos autónomos y reguladores. La propuesta incluye también a la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

La intención del Gobierno de López Obrador de adquirir el parqué eléctrico de Iberdrola se enmarca en su proyecto para fortalecer a las paraestatales energéticas, Pemex y la CFE. En el pasado, antes de concretarse este acuerdo de compra venta, el presidente había lanzado duros dardos contra las operaciones de la compañía española en México. El mandatario había calificado dichos contratos como “abusivos”. Meses más tarde, en abril de 2023, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y López Obrador posaron juntos y estrecharon sus manos en Palacio Nacional para sellar la operación.

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