México, el vecino incómodo de Estados Unidos

México se ha convertido para Estados Unidos en el vecino que un día le pide cosas, y al siguiente le dice que no. Y viceversa. En cualquier tema de la compleja agenda se pueden hallar ejemplos de la veleidosa actitud del actual gobierno mexicano, que ha hecho del país del sur del Bravo el vecino incómodo de la potencia norteamericana.

Una de los más recientes episodios que ilustran lo impredecible de la relación corre a cargo de la Fiscalía General de la República, todavía a cargo de Alejandro Gertz Manero.

Qué lujo para aquellos que pudieron atestiguar la cara que habrán puesto funcionarios de EEUU a la hora de conocer el jueves que el presidente mexicano pidió a Washington publicar pruebas presuntamente incriminatorias en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal.

Se pide eso a las agencias estadounidenses al mismo tiempo que buenas a primeras se suspende la colaboración con las mismas. Y esa actitud es asumida no solo por Andrés Manuel López Obrador, sino también por la FGR.

Personas bien informadas comentan que en semanas recientes la Fiscalía General de la República suspendió de manera unilteral, y habría que decir caprichosa e irresponsable, la colaboración con distintas agencias de seguridad de Estados Unidos.

El motivo de esa interrupción fue la agenda personal del Fiscal, quien habría impuesto ese desdén institucional luego de que interlocutores de agencias de Washington se negaran a proporcionarle información, por canales no oficiales o de plano fuera de la ley, sobre descendientes de su excuñada, nonagenaria a la que como se sabe quiso meter a la cárcel.

Según esa versión, lo que la Fiscalía demandaba de manera extraoficial era totalmente indebido y podría incurrir en ilegalidades. Como no se le respondiera afirmativamente, el lado mexicano hizo sentir el frío a su contraparte. Desde Estados Unidos comenzaron a llamar a su personal en México para cuestionar por el cierre de los canales de colaboración, y la respuesta fue que el fiscal pedía cosas que no se le podían entregar.

Ese fue el preámbulo de la petición, ahora en público, del presidente López Obrador a Estados Unidos para que dé a conocer parte de la investigación que tiene en contra del excolaborador del presidente Felipe Calderón.

Independientemente de si acceder a tal solicitud podría vulnerar el debido proceso, sería natural que en Washington arrastren los pies ante una nueva demanda de un gobierno cuyo actuar se ha vuelto inestable, caprichoso y poco confiable. Porque ni de lejos esta petición judicial supone el único tema en donde la relación bilateral se encuentra en un terreno de turbulencia e incertidumbre.

Los problemas de la agenda entre Estados Unidos y México crecen casi por semana. En la que está concluyendo se abrió un nuevo frente en el ámbito energético, ya de tiempo atrás saturado de choques y desaveniencias entre los intereses de los dos países. El lunes la secretaria de Energía Rocío Nahle envió un oficio a las autoridades regulatorias para exhortar que se realicen cambios a fin de que todo mundo compre gas natural a la Comisión Federal de Electricidad.

Dado que en este sexenio la autonomía de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) es letra muerta, y dado que sería ingenuo esperar que la CRE y el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), órgano al que también fue enviado el oficio, evalúen el exhorto y ponderen la pertinencia del mismo con criterios que atiendan a la mejor competencia y mayor beneficio social, se da por descontado que más que invitación esas instancias recibieron una instrucción y que acatarán la misma con prontitud y hasta con gusto.

La noticia del exhorto, conocida un par de días después de la emisión del mismo, tomó por sorpresa a un sector que ya veía con desmayo una serie de abruptos cambios en la producción y compra de energía eléctrica; y entre quienes han padecido los sobresaltos por las unilaterales decisiones gubernamentales están las empresas estadounidenses.

Y aunque ya se anuncian amparos y recursos en tribunales ante la medida pretendida por Nahle, lo cierto es que este desplante, que machuca de nuevo intereses nacionales y extranjeros, es tan prototípico de la administración lopezobradorista que hasta sorprende que no lo hayan intentado antes.

Andrés Manuel se ve a sí mismo como un patriota. Y su agenda para fortalecer empresas emblemáticas del pasado energético mexicano ha sido una de sus principales banderas desde su primera campaña electoral, en 2006.

Tras ser derrotada en la Cámara de Diputados en abril pasado su iniciativa para modificar el mercado eléctrico, a fin de privilegiar sin medida a CFE, ha resuelto una serie de imposiciones a las empresas mediante las que de facto va obteniendo lo que buscaba tener de jure con la ley que fue bloqueada por la oposición en San Lázaro.

Las medidas del nuevo manotazo, publicó el viernes el Instituto Mexicano para la Competitividad, pretenden “fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad al forzar un mayor uso de su capacidad subtutilizada de transporte de gas natural” pero se “atentaría contra la competencia y la libre concurrencia en el sector, porque obligaría a los usuarios del servicio de transporte de gas natural (vía los gasoductos del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural) a comprar este hidrocarburo a las filiales de la CFE encargadas del negocio de comercialización y suministro de combustibles”.

El IMCO explicó en un comunicado que estamos ante el escenario de violaciones a dos artículos de la Ley de Hidrocarburos y que, además, la medida “tendría efectos perjudiciales no solo para los transportistas y comercializadores de este insumo, sino también para los usuarios finales –especialmente el sector industrial— que estarían sujetos a los precios y calidad del servicio que determine la CFE”.

Más allá de las implicaciones concretas del exhorto, que no fue anunciado por López Obrador, como si hubiera querido tomar prudente distancia dada la visita esta misma semana a Palacio Nacional de John Kerry, enviado estadounidense para la agenda climática y gestor de los intereses de las empresas de su país afectadas por esta renacionalización de la energía eléctrica, lo cierto es que se trata de una política tan papista como él mismo, así la haya firmado la Secretaría de Energía, y consistente con la agenda lopezobradorista que apedrea sin rubor el Estado de derecho.

Porque se aplique o no lo que dicta el exhorto, el daño está hecho. México de nueva cuenta le ha dejado en claro a la inversión, nacional pero sobre todo extranjera, que nada de lo que hoy exista en papel en términos contractuales es válido para este gobierno. Que si saben contar, cuenten con que cualquier día de estos sus contratos, sobre todo los que implican el sector energético, pueden convertirse en papel , y que si quieren derecho de pataleo, se formen en la fila, fila en la que, también hay que decirlo, llevan meses los estadounidenses, que con el embajador Ken Salazar como gestor de citas acuden casi cada semana a Palacio Nacional a tratar de blindar sus negocios en México.

Esas negociaciones en el despacho de López Obrador son símbolo, también, de algo que reseñó con puntualidad el domingo pasado The Wall Street Journal. El diario neoyorquino hizo un recorrido de la serie de embates que AMLO ha emprendido en contra del sector privado, particularmente de la energía, y cómo eso podría afectar un esquema de negocios que le dio al país crecimiento durante décadas.

El subtexto del reportaje es fácil de advertir. México ha entrado en una dinámica que no solo desmantela parte de las condiciones que le dieron estabilidad, sino que revienta el principio rector tanto del viejo Tratado de Libre Comercio (TLC) o del nuevo TMEC, cuyas negociaciones finales por cierto corrieron a cargo del equipo de Andrés Manuel.

Ese principio rector es la confianza, la confianza de que México era un socio serio, un actor cuyos problemas no superarían su voluntad de respetar la ley y los acuerdos.

Como distintos analistas lo han dicho desde años atrás, la principal virtud del TLC, que entró en vigor en el calamitoso 1994, fue que México implementaría políticas para avanzar y consolidar un marco jurídico, y una procuración de la justicia, que dieran certidumbre a todos los actores que quisieran hacer negocios en el país.

De forma tal que se trató siempre de un acto de política, de una oferta de que los gobiernos harían cambios en leyes de competencia y regulación, adoptarían y respetarían las mejores prácticas en cuanto a libre empresa y equidad frente a la ley, y se tendría un sistema robusto que blindara a los emprendedores de las veleidades de gobernantes y cambios sexenales.

Si Andrés Manuel encontró corrupción en algunas concesiones o contratos –cosa que a nadie sorprendería, por cierto--, si no ve obligación en honrar contratos espurios o leoninos –cosa que la gente apoya, por supuesto--, tiene múltiples mecanismos y todavía hoy un poder abultado para hacer que tales cosas se subsanen o reviertan. Y se puede señalar que en no pocas concesiones –carreteras, cárceles, gasoductos…-- lo ha logrado.

Empero, desde el inicio de 2022 parece haberle ganado la prisa dado que el sexenio entra en la recta final. Estamos en el año, ahora es evidente, en que modificará sin tiento y sin importarle que su actuar podría resultar regresivo, cualquier condición contractual que tenga que afecte o no privilegie a la CFE, particularmente.

Ken Salazar podrá decir que con sus cotidianas visitas a Palacio Nacional ha logrado rescatar parte de lo perdido para los intereses económicos de empresas de su país. Ello implica que gracias a que el embajador cuenta con la simpatía del presidente ha podido defender la agenda de su país. Pero implica también que estamos ante un esquema que depende de la empatía entre dos personas, el mandatario y el emisario de Washington, y no de acuerdos que trasciendan humores coyunturas.

Otros países, en cambio, no se cortan de decir en los pasillos que con los cambios unilaterales de condiciones, con el regreso de la unilateralidad del hombre fuerte en Palacio, México se las puede hacer una vez, pero que en la próxima ocasión que los mexicanos quieran sentarse en las mesas de negocios de los grandes, le harán sentir que no hay silla para quien no respeta las reglas convenidas.

Pero de entre los socios comerciales, con ningunos se había avanzado tanto en décadas como con los de Norteamérica, y de ellos el más importante es el Tío Sam, al que ahora semana con semana se le da topes al tiempo que se le demanda apoyo. Y ya advertía el viejo refrán que no se pueden las cosas.

Habrá costos para el país, pues llámese la Cumbre de las Américas o la colaboración en la procuración de justicia que la FGR se da el lujo de condicionar por capricho, el tema migratorio o la certidumbre jurídica.

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