Sheinbaum apuesta por restar poder a las cúpulas partidistas con su reforma política
La presidenta sugiere eliminar 32 senadores, elegir a los 200 ‘pluris’ y reducir 25% de gasto en partidos y elecciones


Se desveló el misterio. La presidenta Claudia Sheinbaum presentó las pinceladas generales de la reforma electoral que propondrá formalmente al Congreso la próxima semana. Se trata de un proyecto que le resta poder a las cúpulas de los partidos políticos, al disminuir en una cuarta parte los recursos públicos que reciben cada año, eliminar los 32 senadores de Lista Nacional y modificar la manera en la que se eligen las 200 diputaciones plurinominales. No será fácil que su iniciativa transite en el Congreso, pues Morena requiere de sus dos aliados para aprobar reformas constitucionales, y el PVEM y el PT ya anticiparon su rechazo.
La reforma político-electoral es una agenda que la Cuarta Transformación puso sin éxito tres veces a discusión en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum, su sucesora, emprende nuevamente la intención de modificar el sistema de partidos y el complejo entramado de instituciones electorales, sin garantías de que vaya a lograrlo. Su partido, Morena, cuenta con 253 diputados y 67 senadores, lo que quiere decir que requiere de 81 votos adicionales en la Cámara baja y 19 en el Senado. Esos votos los tienen sus aliados, que han reaccionado con escepticismo a la propuesta.
Al enviarla sin el consenso del Verde y el PT -tras más de un mes de negociaciones fallidas entre el Gobierno y los dirigentes-, la presidenta ha decidido apostar por su propio proyecto, bajo riesgo de exhibir las fracturas de la coalición oficialista justo un año antes de las elecciones intermedias de 2027. “Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político”, ha enfatizado Sheinbaum. Su posición confirma lo que dijo a puertas cerradas a los negociadores: “que cada quien se haga responsable de su voto en el Congreso”.
La propuesta será conocida el lunes, cuando Sheinbaum envíe la iniciativa, pero ya anticipó que busca restar poder y privilegios a los partidos y empoderar a la ciudadanía. Uno de los temas más trascendentes es la reducción del financiamiento público a los partidos políticos en un 25% respecto a lo que reciben actualmente. En 2026, por ejemplo, las prerrogativas ascienden a 7.800 millones de pesos, por lo que se calcula una reducción de 1.950 millones en la propuesta. El PVEM ha dicho que estaría dispuesto a aprobarlo, siempre y cuando también se modifique la fórmula de distribución, pues actualmente el 30% del total se reparte de forma equitativa entre todos los partidos y el 70% de manera proporcional al último resultado electoral, lo que beneficia enormemente al partido más votado. El Verde ha hecho la contrapropuesta de pasar a un esquema de distribución en el que todos los partidos reciban lo mismo, lo que Morena considera inaceptable.

La reducción del Senado, de 128 a 96 integrantes, también resta poder a las dirigencias, pues implica eliminar los 32 de Lista Nacional; es decir, aquellos que se distribuyen conforme al porcentaje de votación de cada partido político. Esas listas son confeccionadas por los partidos, cuyos dirigentes suelen colocarse en los primeros lugares para asegurarse un escaño. Por esa vía, en esta Legislatura llegaron al Senado personajes como Marko Cortés, exdirigente nacional del PAN; Ricardo Anaya, excandidato presidencial del PAN; Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI; Alberto Anaya, dirigente nacional del PT; Manuel Velasco, miembro de la cúpula del PVEM; Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, exaspirantes presidenciales de Morena y el PT; Clemente Castañeda y Alejandra Barrales, miembros de la coordinadora nacional de Movimiento Ciudadano. En la propuesta de Sheinbaum, se elegirían solo los 64 senadores de Mayoría Relativa (dos por entidad) y los 32 de Primera Minoría (los mejores segundos lugares de cada Estado), para un total de 96.
El tercer tema consiste en cambiar la elección de los 200 diputados plurinominales, que actualmente surgen de listas cerradas definidas por los partidos. Por cada una de las cinco circunscripciones se reparten 40 diputaciones plurinominales, con base en el porcentaje de votación de cada fuerza política. La propuesta es elegir 97 “pluris” mediante sistema de primeras minorías (los perdedores con mejor resultado de cada partido); 95 a partir de listas abiertas, en las que cada ciudadano votará por un hombre y una mujer, y además se reservarán 8 diputaciones para personas migrantes. Esta es la propuesta que más rechazo generó en PT y Verde, que se resisten a perder la atribución de definir sus listas de “pluris” desde las dirigencias.
Reducir el costo de las elecciones
La propuesta de Sheinbaum también busca concretar una de las primeras intenciones del expresidente López Obrador desde que llegó al poder: reducir el costo de las elecciones. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha dicho que se disminuirá hasta en un 25% el costo actual del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y los tribunales electorales, que en conjunto recibirán un presupuesto anual de aproximadamente 30 mil millones de pesos en 2026.
La propuesta deja al INE con 11 consejeros y abandona la idea de López Obrador de elegirlos mediante voto popular, pero plantea una fusión de áreas y funciones para adelgazar la estructura burocrática. Las 300 Juntas Distritales del INE dejan de ser permanentes y solo funcionarán en proceso electoral. Se mantienen los OPLE, pero se reduce el número de consejeros, y estos ya no serán designados desde el INE, sino desde el Senado. Además, se establece que los Cómputos Distritales comiencen desde la noche del domingo de jornada electoral, conforme lleguen los paquetes electorales a los 300 distritos, y no hasta el miércoles como ocurre actualmente. Con ello, se eliminaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) que ha funcionado en los últimos 30 años y que en 2024 tuvo un costo de 273 millones de pesos. También se pretende reducir los sueldos de los altos funcionarios electorales, diputados locales y presidentes municipales, y se reduce el número de regidurías en los ayuntamientos.
Sheinbaum ha dicho que también pretende fortalecer las capacidades del INE para fiscalizar los recursos con los que se financian las campañas electorales, con el objetivo de cerrar la puerta al patrocinio ilegal, lo que es uno de los principales reclamos de la oposición a Morena desde el sexenio anterior. La reforma busca darle acceso oportuno al NE a las operaciones financieras de partidos y candidatos, y prohibir en definitiva las aportaciones en efectivo. “El Estado mexicano tendría así los mejores instrumentos y procedimientos para prevenir la captura criminal de la lucha política y los procesos electorales”, ha afirmado Pablo Gómez, presidente de la comisión de la reforma electoral.

La propuesta también busca facilitar los mecanismos de democracia participativa (consulta popular, plebiscito y revocación de mandato) y extenderlos a nivel estatal y municipal; facilitar la participación de los mexicanos desde el extranjero e implementar tecnologías de voto electrónico y a distancia para estos ejercicios.
En uno de los capítulos de la reforma que podrían ser más polémicos, se pretende regular el uso de la inteligencia artificial en las campañas electorales y redefinir el concepto de propaganda política, que actualmente impide a funcionarios públicos hablar de ciertos temas durante las campañas electorales. También se propone reducir los tiempos oficiales de radio y televisión que los concesionarios tienen que otorgar forzosamente al Estado, de 48 a solo 35 minutos por cada 24 horas de transmisión.
Horas después de haberse presentado, la propuesta de Sheinbaum generó el rechazo de legisladores del PAN y PRI, que insisten en calificarla como la “ley Maduro”. Ricardo Anaya, senador del PAN, y Rubén Moreira, diputado del PRI, han coincidido en que esta reforma implicaría un retroceso democrático, pues facilitaría la permanencia de Morena en el poder.
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