México, un país sin grandes capos

Cuando la Marina mató en 2012 a Heriberto Lazcano, el jefe de los temibles Zetas que fundaron el narcoterror en México, el Mencho empezaba a asomar la cabeza. Había colaborado en debilitar a aquel grupo de exmilitares de élite y ya estaba fraguando la ruptura con Sinaloa para comenzar su carrera en solitario. En 2014, con la segunda detención del Chapo, ya dirigía su propia mafia, pero gracias a un perfil bajo había logrado mantener un expediente policial todavía sorprendentemente limpio. Para la detención definitiva del Chapo, había sido capaz de derribar un helicóptero militar a cañonazos y poner en jaque a Guadalajara, la segunda ciudad más importante de México. Un par de años después pactó con los restos de los carteles de Tijuana y Juárez, desangrados por la guerra contra Sinaloa, para hacerse más fuerte. Y cuando al Mayo lo detienen el año pasado en Texas, ya llevaba tiempo consolidado como el jefe de la mafia más poderosa de México y el hombre más buscado por Estados Unidos. El Mencho era el último gran capo y a la vez el primero nacido de la desintegración de los carteles clásicos. Ahora, tras su muerte el domingo a manos del Ejército, ya no existe ni una cosa ni la otra.

México se enfrenta a un nuevo escenario donde los grupos del crimen organizado están descabezados. Ya no quedan grandes nombres que personificaban el complejo problema de la violencia en México, elevados al imaginario popular como grandes villanos. Todos están muertos o en la cárcel. La estrategia de apuntar a lo más alto de las mafias lleva siendo la pauta, con una ligera pausa durante el sexenio anterior, de los últimos gobiernos mexicanos desde hace casi dos décadas, cuando arrancó la llamada guerra contra el narco y la salida de los militares a enfrentar cara a cara al crimen. El resultado de estos golpes mediáticos no ha sido muy alentador mirando los datos. Los asesinatos y las desapariciones han roto récords históricos durante estas dos décadas, además de registrar picos de delitos relativamente nuevos como la extorsión.

La consecuencia ha sido ahora no solo una dispersión de los delitos, también de nuevos grupos. Descabezadas las grandes organizaciones criminales, se produjo una nueva mutación: una galaxia de nuevos grupos atomizados, más descontrolados e imprevisibles, sedientos por sacar tajada de cualquier esquina. Hace una década, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tenía identificados a ocho grandes grupos; hoy el número ha crecido hasta superar las 80, según los documentos militares filtrados hace pocos años.

El horizonte de cara al corto y medio plazo es incierto, incluyendo un factor también nuevo con respecto al patrón de los últimos años. México ha enviado al otro lado de la frontera a más de 100 presos de medio y alto perfil asociados al crimen organizado. El movimiento ha sido una respuesta a las fuertes presiones del Gobierno de Donald Trump, que lleva tiempo coqueteando incluso con una intervención en territorio mexicano. Fuentes federales apuntan que, además de las presiones del vecino del norte, la salida de pesos pesados de las cárceles tiene una lectura interna: evitar precisamente que sigan operando desde dentro de prisión nuevas alianzas y mutaciones.

Entre las tres tandas de envíos llevadas a cabo por ahora se encuentran, además de capos históricos como Rafael Caro Quintero o Servando Gómez-Martínez, alias La Tuta, mandos medios del Cartel Jalisco Nueva Generación. Entre ellos, un hermano del Mencho, Antonio Oseguera, Tony Montana, encargado del lavado de dinero, o Abigael González Valencia, El Cuini, cuñado y mano derecha del Mencho. “Las cárceles mexicanas, aunque han mejorado, suelen ser cajas de resonancia de lo que sucede fuera. El hecho de que estas figuras estén lejos puede complicar la capacidad de respuesta local de los grupos”, sostiene David Pérez Esparza, analista de seguridad y parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Los analistas inciden en todo caso en que la raíz del problema es mucho más profunda que los grandes nombres mediáticos. Para Carlos Flores, experto en seguridad del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), “mientras no se toque el entramado de complicidad del poder político y las redes de lavado de las empresas, el fenómeno seguirá reproduciéndose. Esa es la estructura que permite el encumbramiento de estas figuras, más allá de su supuesta astucia o habilidad”.

El caso del CJNG tiene además una particularidad. Se trata de una mafia moderna y descentralizada, que funciona como una especie de franquicia, lo que le ha permitido extender sus tentáculos por casi todo el país. La respuesta a la muerte de su líder fue una muestra de su capacidad de fuego. Como un efecto dominó, los incidentes violentos se multiplicaron por el país. Se identificaron 250 bloqueos en 20 entidades, desde Sinaloa, Colima y Nayarit, pasando por Guanajuato, Zacatecas, Hidalgo, Querétaro, Michoacán y Estado de México, hasta Tamaulipas, Veracruz, Puebla, Chiapas o Tabasco, que está a más de 1.300 kilómetros del lugar de la captura del capo.

La doctora en Derecho e investigadora del CIDE en temas de seguridad y drogas Catalina Pérez Correa considera que “lo que estamos viendo supera incluso lo sucedido durante el Culiacanazo”. En 2019, la respuesta ante un operativo fallido del Ejército para detener a uno de los hijos del Chapo fue una onda expansiva de violencia que colapsó la capital de Sinaloa. “La capacidad de movilización ahora ha sido mucho mayor, al igual que la diversificación de los negocios ilícitos de ese grupo. Es una demostración de que el cartel sigue funcionando y mientras el Estado no neutralice no solo el trasiego de drogas, sino la minería, la tala de madera, el huachicol o la extorsión, seguirá habiendo incentivos para el crimen”.

La estrategia de descabezar a los capos de altura, añade el analista David Pérez Esperanza, “se basa en la teoría, muy cuestionable, de que las grandes organizaciones suponen una amenaza a la seguridad nacional, que necesitan ser enfrentadas por las fuerzas militares. Mientras que al pulverizarlos, pierden capacidad, por ejemplo, de hacer negocios transnacionales y se convierten en una amenaza a la seguridad pública, atendida por las policías estatales”. De momento, esa cuadratura del círculo no se ha dado, con una consolidación de las tareas de la seguridad pública en manos militares. La operación de este domingo contra el Mencho, ejecutada por la Secretaría de Defensa en coordinación con autoridades estadounidenses, es el último ejemplo.