Rafael ‘Lafita’ León, periodista: “Cuando pueda volver a trabajar, me dedicaré a cubrir choques y volcaduras, porque tengo miedo”

El ánimo y el humor del periodista Rafael León, más conocido como Lafita, aguanta cualquier cosa. Incluso recién salido de la cárcel después de que un juez le otorgara prisión domiciliaria tras ser detenido con cargos de encubrimiento, delitos contra las instituciones de seguridad y terrorismo —aunque estos últimos fueron desestimados—, no pierde la capacidad para bromear con alegría sobre su estancia entre rejas. “Fue un retiro espiritual. Casi una semana sin celular, conocer gente nueva. Fue una experiencia maravillosa, pero sí, la Fiscalía Regional de la zona sur me trae corto y está tremendo”, asegura en entrevista telefónica desde su casa en Coatzacoalcos. Su caso ha puesto en evidencia el asedio que sufre la prensa en Veracruz, y alimenta los ejemplos de la persecución judicial que enfrentan los periodistas en México por parte de las autoridades. Con todo, Lafita cree que pronto podrá volver a trabajar, pero ya no se dedicará a documentar crímenes de nota roja. “Mejor voy a cubrir choques, volcaduras, gente que ande borracha…. Pero ya descuartizados o descabezados, ya no, ya no me meteré en eso. Tengo miedo”, confiesa.

León fue detenido en Nochebuena cuando salía de casa. Acababa de vender su camioneta y se dirigía al banco a hacer un depósito con ese dinero y algo más de efectivo obtenido por la renta de unos locales de su propiedad. Unos hombres sin uniforme ni identificación se le acercaron de forma intimidante, otros en camionetas blancas le cerraron el paso de la calle. “Me están secuestrando, pensé. Sí, me asusté”, asegura sobre el momento de confusión. No era la primera vez que le detenían, ya había enfrentado un proceso fabricado como castigo a su labor periodística. En ese caso, todo quedó desestimado, pero cuando le leyeron los cargos esta vez sintió que se le iba a parar el corazón. Delitos de terrorismo por los que podría enfrentar 10 años, delitos contra las instituciones de seguridad pública por los que pedían siete años y delitos de encubrimiento por favorecimiento, que podían sumarle otros seis años.

Lafita explica que según la acusación, a cargo de la fiscal regional en Coatzacoalcos, Karla Díaz Hermosillo, su labor periodística podía considerarse como actividad terrorista. Después de 30 años en la industria, de pasar por canales locales de Televisa y periódicos, fundó su propia marca en Facebook donde reportaba sobre crímenes y sucesos en la zona, al igual que muchos otros reporteros locales que encontraron en las redes su nicho. Le ha tocado cubrir de todo, desde operativos policiales a la aparición de cadáveres o mensajes del narco en mantas que se cuelgan en las calles. “Lo que aquí dicen es que estoy causando un terror en la ciudadanía con los muertos, los cuerpos desmembrados, las narcomantas y que estoy haciendo que se quieran ir de Coatzacoalcos”, indica.

El juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores desestimó el cargo de terrorismo tras examinar las pruebas. Artículo 19, una organización internacional de derechos humanos y de defensa de la libertad de expresión, calificó la acusación de terrorismo contra Lafita de “un peligroso precedente contra la libertad de expresión”. Incluso la presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que ese delito nunca se ha usado en México y pidió a la Fiscalía estatal que explicara semejante acusación.

La fiscal de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se apresuró a dar una breve rueda de prensa este martes asegurando que su dependencia actúa con “estricta objetividad” y respeto a la actividad periodística. No detalló por qué optó por acusar a un periodista de terrorismo, pero anunció la vinculación a proceso de León por los delitos en encubrimiento y contra las instituciones de seguridad pública, por lo que le imponían un año de prisión domiciliaria preventiva.

Lafita explica que el cargo de encubrimiento lo justifican las autoridades por no avisarles cada vez que tenía un pitazo de sus fuentes —en su mayoría chóferes de taxi— si aparecía un cadáver o una narcomanta en las calles. Él, que duerme con el teléfono siempre cerca para recibir esas llamadas, explica que no reporta a las autoridades cuando recibe los avisos de forma inmediata para evitar que le impidan el paso a la zona. “Yo llego rápido, transmito en vivo y lo que aquí dicen es que estoy causando un terror”, señala.

Cuando en el lugar hay un narco mensaje impreso en una lona, Lafita reporta todo su contenido sin censura, aunque incluya acusaciones de la supuesta implicación de la policía de Veracruz en varios delitos. “La Secretaría de Seguridad Pública es presuntamente quien está secuestrando o los que están poniendo las lonas. Les molestó que yo dijera que son ellos”, detalla. Además, las autoridades señalan en la acusación que Lafita tiene relación con los delincuentes. “Me están acusando de que yo entraba a los Ceresos (cárceles) y me recibía la delincuencia organizada como si fuera yo un rey. Que me atendían con comidas grandes y me ponían dos mujeres de un lado, o sea, cuatro. ¡Pero apenas si puedo con una!“, bromea. La fiscalía también cree que el periodista recibió cobros en efectivo de la delincuencia organizada en la cárcel.

El periodista explica que sus enfrentamientos con la Fiscalía se remontan a más de una década atrás, cuando presionó con sus publicaciones a las autoridades a investigar el caso de la violación de una niña que quedó impune. “La madre me da la entrevista y le empezamos a pegar a la fiscalía. Duro, macizo y sin ningún compromiso. Entonces es cuando al fin le hacen justicia a esta chiquilla”, recuerda. También se convirtió en la diana de la dependencia cuando ayudó a un grupo de prostitutas a manifestarse para que le devolvieran la custodia de sus hijos a una de ellas.

Después de esos incidentes, en 2022 le detuvieron por primera vez en su casa con un cargo de agresión y violación a una mujer de 24 años. “Llega la policía y se llevan [a la mujer que le acusaba] a que la chequen, le hacen un certificado médico donde no estaba golpeada, no aparecía ni un rasguño, pero resulta que la fiscalía esconde ese certificado médico”, narra. “Entonces, ahí empieza mi martirio”, añade con pesar.

Los cargos quedaron desechados hace dos semanas, cuando un juez le absolvió de las acusaciones por falta de pruebas. “Entonces la Fiscalía, al ver que no me pudo hacer nada por ese lado, a los 14 días se hace esta nueva bomba”, asegura. Sus abogados, los mismos que le ayudaron entonces, llevarán este nuevo proceso e intentarán ampararse para anular la prisión domiciliaria. Espera tener justicia y que se demuestre que su caso es una represalia por “sacarle los trapos sucios” a las autoridades. “Yo quiero que se vaya de Coatzacoalcos esta fiscal regional, también el fiscal de distrito y la policía ministerial. Quiero que se vayan de Coatzacoalcos o que los castiguen”, insiste.