El viacrucis de Maha Schekaibán tras denunciar a su expareja por violencia deriva en un pedido de 36 años de cárcel contra ella y 13 audiencias canceladas

Desde que la mexicana Maha Schekaibán, madre de cinco hijos, denunció a su exesposo por violencia física y por violencia vicaria, la vida se le ha transformado en una especie de infierno lleno de pasillos, juzgados, jueces e instancias gubernamentales y funcionarios públicos del que hasta ahora dice que solo ha obtenido revictimización, alejamiento de sus hijos y un miedo permanente. Han pasado casi dos años proceso judicial desde que interpuso una denuncia por violencia física y 13 audiencias iniciales han sido canceladas, en lo que ella considera un sospechoso estancamiento de su causa. La última suspensión fue el 11 de septiembre, cuando la defensa de su expareja solicitó una audiencia de nulidad para invalidar pruebas clave en un intento de frenar más el trámite. En contraste, la denuncia penal que su exesposo interpuso en julio del año pasado contra ella por violencia familiar, supuestamente contra los hijos de ambos, ha prosperado lo suficiente como para que la Fiscalía haya pedido 36 años de cárcel contra la mujer y un juez haya aceptado vincularla a proceso. Las abogadas defensoras de Schekaibán consideran que detrás de todo hay una estrategia sistemática de evasión de la justicia por parte de su expareja.

Además de las 13 audiencias suspendidas en la causa por violencia física, la otra denuncia contra el empresario Bernardo Vogel Fernández de Castro, por violencia vicaria, ya ha sufrido su primera audiencia cancelada. Mientras tanto, el proceso penal en contra de la mujer avanza sin trabas. En la sesión judicial en la que Schekaibán fue vinculada a proceso, que duró más de 22 horas, el juez rechazó todas sus pruebas y unos días más tarde, su carpeta de investigación desapareció durante más de un mes, impidiéndole continuar con su defensa, según denuncia la afectada. Entre los hechos que sustentan la acusación contra ella, está un supuesto golpe con una botella de plástico a una de sus hijas, un rasguño en el brazo a otra de ellas,y el hecho de no haber llevado a sus hijos a la escuela durante dos días, aun cuando ella tenía la custodia.

Maha Schekaibán y Bernardo Vogel, director de Grupo Collado y dueño de empresas como Tenaris-Tamsa, Bitso, Ternium, Techint, EVSA, Operbus, Eximpro, Innovare o Novopharm, estuvieron casados durante 18 años. EL PAÍS ha buscado al empresario para obtener su posicionamiento en el caso, sin tener una respuesta. Personal de Grupo Collado confirmó que fue notificado sobre la petición de entrevista a la que ha decidido no acceder.

Schekaibán y Vogel se conocieron en una boda y 11 meses después se casaron. Ambos vivieron juntos en Estados Unidos, mientras cursaban una maestría en Harvard, y pronto tuvieron al primero de sus cinco hijos —tienen ahora 9, 11, 12, 13 y 15 años de edad—. La abogada se dedicó enteramente a la crianza de ellos y a su cuidado. Desde hace 20 meses debe permanecer alejada de ellos por una orden judicial y tiene un régimen de visitas supervisado. Schekaibán asegura que, desde el inicio, su expareja le impidió ejercer alguna de sus tres carreras profesionales de formación [Ingeniera industrial, contadora pública, licenciada en administración de empresas con una maestría en Harvard]. También cuenta que su expareja ejerció control, violencia económica y psicológica, así como reiterados episodios de infidelidades durante las casi dos décadas que duró el matrimonio.

En agosto de 2023, cuenta la denunciante, después de más de cinco años del recrudecimiento de la violencia familiar ejercida por Vogel hacia ella y sus hijos, con empujones y golpes en arranques de rabia, ella expresó su intención de divorciarse y entonces comenzó todo este viacrucis judicial que la ha llevado hasta el punto de que la Fiscalía de Ciudad de México, por pedido de la defensa de Vogel, quiere darle 36 años de cárcel. “Yo le digo que me quiero divorciar el 22 de agosto. Él empieza a hacer todo su plan unos 15 días después de que yo le dije que me quería divorciar y usa ese tiempo para manipular a mis hijos”, cuenta.

Después de los 19 meses de separación total de sus hijos, recientemente le fue autorizado el contacto con ellos mediante visitas supervisadas en el Centro de Convivencia Familiar (Cecofam): una vez cada 15 días, por 90 minutos. Las visitas son grabadas y, según ella, los menores presentan claros signos de manipulación y alienación parental. “Después de todo este tiempo, apenas puedo verlos por una hora y media, vigilada. No hay convivencia real, hay resistencia y condicionamiento”, explica.

Sospechas ante un red judicial y lealtades políticas

Schekaibán denuncia que en todos estos años ha funcionado en su contra —y en el caso de otras mujeres— una compleja estructura de poder político, judicial y económico que opera silenciosamente en Ciudad de México, a través de tribunales, la Fiscalía y algunos medios de comunicación para proteger agresores y neutralizar a las víctimas. “Un entramado que ha permitido manipular procesos, corromper expedientes y mantener la impunidad en casos de violencia de género y delitos graves”, protesta.

Hace solo unos meses un video que comenzó a circular en redes, grabado por uno de los menores, la mostraba a ella forcejeando y siendo agredida a golpes y empujones por sus hijos, en una escena filmada desde una pequeña cámara que, según ha dicho Maha, le fue entregada a los niños de manos de su padre para provocar en ella alguna respuesta violenta y que esa reacción quedara registrada en video. En las escenas, los niños muestran rechazo a su madre y le lanzan acusaciones, una actitud que se repite y que, según ha declarado la mujer, responden a la manipulación que su padre ha ejercido incluso antes de que decidiera separarse.

Maha Schekaibán plantea que decidió hacer público su caso ante el riesgo que corría de ser víctima de feminicidio. “Me he salvado porque lo hecho público. Matarme ahora no les conviene, su otra jugada es meterme a la cárcel”, dice, recordando algunas de las amenazas de muerte que ha recibido. “Yo no cometí ningún delito, no hice nada. Me voy a ir a la instancia que me tenga que ir”, dice.

Una embestida legal contra mujeres y su abogada

El caso de Schekaibán no es aislado. En los últimos tiempos, ha habido una ofensiva judicial contra mujeres que han denunciado violencia de parte de hombres —que tienen como características en común que ostentan mucho poder económico y político en México— y contra la abogada que las representa, Ana Katiria Suárez, quien reside actualmente en España. A finales de 2024, Suárez, fundadora de la asociación Voces Humanizando la Justicia A.C. y representante legal en casos emblemáticos en México, como el de Yakiri Rubio —una joven abusada sexualmente en 2013 y encarcelada por matar a su violador— fue acusada de encabezar una red de extorsión integrada por funcionarios y por algunas de esas mujeres que habían denunciado a sus exparejas.

Las mujeres criminalizadas hasta ahora incluyen, además de Schekaibán, a Regina Seemann, María Fernanda Turrent —ya fue encarcelada— y Almendra Moreno, quien tiene una audiencia clave en los próximos días y enfrenta un intento de encarcelamiento. Los hombres denunciados relacionados con esos casos aparecen en una especie de respuesta común coordinada para atacar a sus exparejas y desprestigiar y criminalizar a su abogada, según la denunciante. “Ninguna de nosotras nos conocíamos antes. Ahora todas estamos perseguidas legalmente. Este sistema está diseñado para someter a quien denuncia, no al agresor”, dice Schekaibán.

Los señalamientos contra las mujeres comenzaron en enero de 2025 con la demanda que Regina Seemann interpuso en contra de su expareja Guillermo Sesma —hermano de un diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y titular del Congreso de Ciudad de México. En este caso, tras varias investigaciones también se denunció, además de violencia familiar, abuso sexual infantil. Una campaña en redes sociales y algunos medios de comunicación colocaron a las denunciantes como integrantes de una red, que tenía como supuesto modus operandi emprender acciones legales contra los agresores vicarios para conseguir acuerdos millonarios tras el divorcio.

En una videollamada que atiende desde España, Suárez asegura: “Esta es una red de agresores que se protegen entre sí. La justicia en México ha sido capturada por intereses económicos y patriarcales. No hay agresores intocables, pero sí mucho poder comprando impunidad”. Y añade que son muchas las “mujeres y las infancias que se han visto afectadas de manera terrible por el apoyo indiscriminado” que reciben los agresores desde altos cargos del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México. “O bueno, a los que les alcanza para pagarles sus favores”, lanza la defensora.

La abogada, que asegura confiar desde el inicio en la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, dice: “Sabemos que la Fiscal jamás permitiría que se criminalice a mujeres que denuncian violencia. Sin embargo, los operadores dentro de la Fiscalía y del Tribunal siguen dejándose corromper por el poder económico y político de estos hombres, dificultando la impartición de justicia efectiva”. En medio de todo esto, Schekaibán resume con dureza lo que ha vivido: “Si la otra parte tiene más dinero —como suele pasar—, ya compró al juez, al Ministerio Público, al fiscal, a la encargada del Centro de Convivencia Familiar. Esto no es un caso personal, es una estructura armada para castigar a mujeres que se atreven a salir de relaciones violentas”.