Las exigencias de Trump permiten a Sheinbaum reorientar la política de seguridad de México

La política de abrazos, no balazos, con la que el anterior presidente mexicano mantuvo bajo mínimos la lucha contra el crimen organizado, ha saltado por los aires en los cinco primeros meses de Claudia Sheinbaum en el cargo. Aunque las cifras todavía no sean del todo elocuentes ni los resultados estadísticamente comparables, el discurso público es muy diferente. La presidenta y su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, muestran con deleite los miles de detenciones de capos por todo el país, las toneladas de droga incautadas y de laboratorios clandestinos desmontados, así como las armas, vehículos e inmuebles decomisados. Al quehacer cotidiano se suma además la Operación Frontera, puesta en marcha para satisfacer las exigencias de Donald Trump, que amplía los trofeos de exhibición. Las demandas del republicano, que México se apresta a cumplir, no pueden ocultar que la estrategia de Sheinbaum contra el crimen está desbaratando sin oleaje los planes de su antecesor.

Desde el mismo nombramiento del policía García Harfuch y los poderes de inteligencia e investigación que se le han otorgado para este combate, los análisis indicaban que las cosas iban a ser diferentes. Experto en Seguridad, Bernardo León lo resume en una frase: “Le están echando ganas, ahora sí están asustados los delincuentes, saben que van en serio”. A pesar de ello, este especialista cree que el vuelo no les puede llevar muy lejos habida cuenta, afirma, de cómo el crimen sustenta algunos de los gobiernos del país. “No podrán traicionar ciertos acuerdos”, asegura. Hay, además, otros dos frenos que observa León, la Fiscalía, con su enorme poder de investigación sobre el crimen, y el Ejército y la Guardia Nacional, que “van por su propia vía”. Solo si el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, sale de la ecuación, se podría avanzar otro tanto, opina el experto. En todo caso, en esta materia, dice, el anterior sexenio está superado y “las reivindicaciones de Trump han servido de coartada”.

Por más que las cifras de homicidios se hacían incómodas en el anterior sexenio, el presidente López Obrador lo llevaba al terreno político: allá donde su partido, Morena, gobernaba, todo iba mejor o las masacres eran culpa de las víctimas, de la droga o de la falta de valores; los crímenes ocurridos en Guanajuato, donde gobernaba un partido contrario, el PAN, se exhibían en las conferencias matutinas como un fracaso político y se echaba la culpa al fiscal. Hoy el fiscal ha cambiado, pero el PAN sigue gobernando aquel Estado, sin embargo, el discurso ha cambiado: ahora se habla de coordinación. “No es un asunto político este, es un asunto de coordinación, nos vamos a sentar con la gobernadora para coordinar todavía más los esfuerzos”, ha dicho la presidenta este martes. El propio García Harfuch se reunió con las autoridades de aquel Estado al poco de asumir su cargo y las declaraciones que se derivaron de aquellos encuentros mostraban un nuevo talante político.

Bernardo León hace memoria: “Cuando López Obrador llegó a la presidencia, me encargaron el diseño de un modelo nacional de policía y justicia cívica, de forma que las policías estatales y municipales pudieran también investigar delitos. Yo no estuve en la reunión, pero me dijeron que cuando se lo presentaron al presidente tenía cara de aburrición”, se ríe por teléfono el experto. “No le pusieron un centavo a eso, se pasaron todo el sexenio armando la Guardia Nacional, en fin, con los famosos abrazos, no balazos”. Después, en la transición de un sexenio a otro, el 9 de agosto pasado, López Obrador hizo llamar a García Harfuch, se hicieron la foto, y todo el mundo dio por sentado que las tesis de ambos se habían avenido, pero León no se lo cree. Opina, en cambio, que ahora sí, las cosas han tomado otro rumbo.

Las diferencias en el proceder actual en materia de seguridad tienen que ver con Trump, dice otra experta en Seguridad, Elena Azaola, “pero no es lo único”, afirma. “Vienen de [García Harfuch] un agente a la cabeza, técnico, experto, que ha implementado una política de coordinación entre instancias, con mayor uso de la inteligencia y que arma bien los casos para que no los pueda echar abajo un juez”. Azaola, investigadora en el seminario sobre violencia y paz del Colegio de México, asegura que esas discontinuidades que se daban entre la detención de un delincuente y la llegada ante el juez se han ido rompiendo. “Este Gobierno lo tiene presente y las carpetas de investigación van muy bien armadas”. Sin embargo, la investigadora lamenta la falta de resultados en otros ámbitos de la seguridad, como en lo que concierne a las desapariciones o al acoso que sufren los pueblos indígenas por parte de las madereras, las minas, los recursos hídricos, etcétera. “Lo que interesa a Estados Unidos está siendo más atendido que el dolor propio”, afirma. Del mismo modo que Bernardo Léon, la experta cree que la Fiscalía General sigue siendo “un desastre”.

Azaola opina que la visión de Sheinbaum y de Harfuch es distinta a la de López Obrador, aunque no se quiera reconocer para no vulnerar la continuidad política prometida. “La presidenta ha llegado a decir que eso de abrazos, no balazos, se refería a los jóvenes, cuando todos sabemos que era la política de seguridad del presidente anterior”. Más elocuente es, sin embargo, la frase que la mañana de este martes ha dejado Sheinbaum al mencionar la disminución de los homicidios dolosos en un 15%: “Lo estamos haciendo por convicción y, además, por el acuerdo con Estados Unidos”.