Chiapas se encomienda a los guerreros Pakal

Los grandes despliegues policiales y la aparente fluidez operativa de las fuerzas de seguridad protagonizan los últimos meses del año en México. Es la política de golpes de efecto del Gobierno federal, que dirige Claudia Sheinbaum, y también de algunos estatales, caso evidente de Chiapas. El nuevo gobernador, Eduardo Ramírez, de Morena, que este domingo cumple tres semanas en el cargo, ha creado un grupo policial, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), que cada día aparece en un municipio distinto, realizando cateos y detenciones, dando la sensación de que el nuevo Gobierno actúa por fin contra el crimen.

De momento es eso, una sensación. Cateos y detenciones son apenas el inicio de un largo camino que suele torcerse –el camino de la justicia– cuando llega a los juzgados. En México, los niveles de impunidad superan el 90% en la mayoría de delitos de alto impacto, cifra parecida a la de crímenes que ni siquiera se denuncian. La situación en Chiapas es crítica. La delincuencia en el Estado se ha expandido en los últimos años, enraizada en una amplia variedad de corruptelas. En algunas regiones, las batallas de los grupos criminales han sometido a la población a un estado de alarma permanente.

El cambio en estas semanas es evidente, al menos en el campo del relato. Desde el 9 de diciembre, día de su presentación, la FRIP, que toma su nombre del glorioso guerrero maya que mandó sobre la antigua ciudad de Palenque, ha realizado cantidad de operativos y ha detenido a más de 100 policías. Destaca la detención de 92 en Comitán, la ciudad más importante del oriente del Estado, en una acción contra la venta de drogas al menudeo. Una fuente que conoce el municipio y que ha trabajado de cerca con las autoridades locales estos años señala que “nunca se había dado un operativo así. Fue muy impresionante”, añade, “con el helicóptero que tienen, el Black Hawk... Yo conté entre 600 y 700 agentes”.

La actividad ha sido vertiginosa. Esta semana, agentes de la Fuerza, medio millar en total, detenían a nueve policías de Tuxtla, la capital, y dos agentes de investigación, por diferentes delitos, entre ellos, desaparición forzada. La FRIP ha realizado operativos en carreteras y municipios, luciendo músculo, con sus nuevos y rutilantes vehículos y uniformes. Este mismo viernes, la prensa local informaba de un operativo en La Concordia, uno de los pueblos más golpeados por la delincuencia en los últimos tiempos.

La aparición de la FRIP en escena refleja la experiencia de otros estados estos años. El nuevo secretario de seguridad estatal, Óscar Aparicio Avendaño, estuvo antes en Zacatecas, como subsecretario de seguridad, donde se encargó de la operación de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas, FRIZ, con un encargo parecido al que tiene ahora en Chiapas, atajar el crimen, descontrolado también en aquel estado, con los asesinatos disparados entre 2020 y 2022. Viejo integrante de la Policía Federal, como el secretario de seguridad de Sheinbaum, Omar García Harfuch, Aparicio comandó también la policía estatal de Chihuahua, con Javier Corral.

La fe de Ramírez y Aparicio en la FRIP roza lo religioso. El día de Navidad, el gobernador compartió un vídeo de la Fuerza, cantando una especie de himno, junto a la leyenda: “Arenga de los Pakales. Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) ¡Vencer o Morir!”. En el vídeo, los “pakales” cantan, por ejemplo, “no soy policía, yo soy especial, me gusta el combate, también disparar”. Ante la aparición de grupos especiales como este, la duda apunta a su desempeño. En Zacatecas, ha habido críticas estos años por posibles abusos de la FRIZ. De momento, en Chiapas nadie ha levantado la voz.

Uno de los operativos más llamativos de la nueva Fuerza en el Estado sureño ha sido el de Comitán, de mediados de mes. El gobernador Ramírez es oriundo de allí. La FRIP llegó al municipio el 15 de diciembre para registrar al menos 25 inmuebles, presuntamente relacionados con la venta de drogas. La policía municipal trató de impedirlo: irrumpió en las oficinas del C5, la red de cámaras de vigilancia pública, y encañonó a sus operarios. Después, según el relato de las autoridades, bloqueó las carreteras para evitar que entraran los efectivos de FRIP.

La Fuerza se llevó detenidos a más de 90 policías de la ciudad, acusados de colaborar con el crimen, a cargo, en teoría, de los inmuebles registrados. Los agentes capturaron además a 13 presuntos operadores de la delincuencia. Al menos 46 policías de los más de 90 capturados en Comitán, entre ellos el jefe y otros tres mandos, fueron después a prisión, aunque de momento no han trascendido más detalles de su situación jurídica, si están procesados o no, y, en caso de que sí, por qué delitos.

La fuente mencionada arriba señala que “la venta de droga era muy descarada en Comitán, incluso enfrente de las escuelas. En cada barrio o colonia había varios puntos de venta. Los podías identificar porque tenían muchas luces y decía 24/7. Hacían ver como que eran tiendas de abarrotes, pero eran puntos de venta”. Esta persona señala además que no fueron solo policías locales quienes obstruyeron a la autoridad estatal el día del operativo, sino “organizaciones sociales que controla la delincuencia organizada”, prueba, de nuevo, de la cercanía entre crimen y poder político.