Los choques entre Samuel García y el Congreso de Nuevo León ponen en riesgo los presupuestos estatales

Nueva crisis política en Nuevo León por las diferencias entre el gobernador, Samuel García, y los diputados del PRI y el PAN, que dominan el Congreso estatal. A la polémica del año pasado en que el Estado norteño tuvo momentáneamente dos gobernadores, se suma esta vez el tira y afloja por los presupuestos para el próximo año. García, de Movimiento Ciudadano (MC), depende de la voluntad del PRI y el PAN para sacar adelante su proyecto de ingresos y gasto público. A una semana de que venza el plazo, el Ejecutivo estatal ha dado señales de conciliación. La situación ha ameritado la intervención de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que, a finales de noviembre, de visita en el Estado, criticó que los congresistas hayan llevado al límite la negociación de los presupuestos. “No comparto el que se castigue al Gobierno de Nuevo León al no aprobar su presupuesto, pues eso afecta directamente al pueblo, esas diferencias no pueden afectar la vida y del desarrollo de un Estado”, dijo la mandataria federal.

Por extraño que parezca, no sería la primera vez que el Gobierno estatal opera sin el aval del Congreso al proyecto presupuestario anual. A diferencia, por ejemplo, del temido cierre del gobierno que sufriría Estados Unidos, en que muchos servicios públicos quedarían paralizados, la Constitución de Nuevo León prevé la figura de la “reconducción presupuestal”, que le permite al Ejecutivo ejercer la recaudación y el gasto conforme al último presupuesto aprobado por el Legislativo, que para el caso fue el de 2021 (aplicable para 2022). Ese año —el primero en el cargo de García— fue el único en que el mandatario y la oposición en el Congreso lograron ponerse de acuerdo. A partir de ahí se rompieron los puentes y los poderes Ejecutivo y Legislativo entraron en una guerra de altos vuelos. El Gobierno ha operado sin la aprobación de los presupuestos dos años seguidos debido al bloqueo en la Cámara de Diputados, y este podría ser el tercero.

El diputado Miguel Flores, coordinador de MC en el Congreso estatal, señala que el Gobierno de García ha cedido a las exigencias de la oposición y ha mostrado voluntad negociadora. Detalla que el Ejecutivo había solicitado en el proyecto presupuestal un financiamiento (deuda) de 17.000 millones de pesos para obras de infraestructura. Tras los reclamos del PRI y PAN, señala Flores, la solicitud se redujo a 5.000 millones. El Ejecutivo también preveía leyes recaudatorias que, para la oposición, representaban “terrorismo fiscal” contra los contribuyentes. Esos proyectos fueron retirados. “Todo lo que nos han pedido, que no le afecte a la ciudadanía y no tenga tintes políticos, lo hemos concedido”, sostiene Flores en entrevista. “Sus intereses partidistas no pueden estar por encima de un Estado”, añade.

El gobernador García afirmó esta semana que estaba en disposición de negociar aún más ante las exigencias del PRI y el PAN, sin menoscabo de que el Estado tenía “irreductibles”. Mencionó que están en vilo proyectos de infraestructura como la construcción de nuevas líneas del Metro, carreteras, un hospital infantil, un nuevo cuartel general de la Fuerza Civil y 40 escuelas. García dijo a la oposición que ambas partes podían reunirse “cuantas veces sean necesarias” para sacar adelante el proyecto presupuestal. El diputado Flores señala que Nuevo León necesita ampliar su red de servicios públicos, al ser un Estado con enorme atractivo para la relocalización de inversión extranjera (nearshoring). “Es muy frustrante que por culpa de un Congreso que está viendo por sus intereses partidistas tengamos que adaptarnos a un presupuesto viejo”, reclama.

La relación entre el gobernador y la oposición formada por el PRI y el PAN no ha hecho más que deteriorarse. En el Congreso, esas bancadas han aprobado leyes contrarias al Ejecutivo, aunque muchas han sido anuladas ante los tribunales federales. Por ejemplo, los diputados intentaron prohibir a García salir del país sin previa autorización de la Cámara. El PRI y el PAN también se arrogaron la facultad de remover secretarios nombrados por el Ejecutivo. Asimismo, crearon una “gaceta legislativa” para dar legalidad a normas aprobadas por ellos, con lo que pretendían dar la vuelta a la facultad del Ejecutivo de promulgar las leyes en el Periódico Oficial del Estado. El mayor golpe a García sucedió en 2023, cuando el Congreso frustró sus aspiraciones de convertirse en el candidato presidencial de MC.

Ese es el trasfondo político de la actual parálisis presupuestal. “Ellos lo hacen para que le vaya mal al gobernador, y no están viendo que a quien realmente le están haciendo daño es al Estado y a la gente que vive aquí”, señala Flores. El líder de la bancada de MC en el Congreso ha pedido a los legisladores “hacer conciencia” y no bloquear más la aprobación de los presupuestos. Flores está abocado a la negociación con el PRI y el PAN, apoyado por el tesorero estatal y el secretario de Gobierno, con la instrucción de no prestar oídos sordos a las peticiones de la oposición. “Si esto no funciona, será por alguna situación política o que los diputados no son los que toman las decisiones, sino otras personas. No sabemos por dónde. Estamos concediendo todo”, indica el líder emecista.