El asesinato de cuatro personas en un centro de rehabilitación irregular ilumina de nuevo el drama de los anexos en Guanajuato

Un ataque a balazos en un centro de rehabilitación irregular de Salamanca, en el Estado de Guanajuato, este lunes, dejó cuatro muertos y cinco heridos, según ha confirmado el Gobierno local en las primeras horas de este martes. Medios locales alertaron de la agresión pasadas las 21.00 del lunes. Algunos señalaron que hombres armados tumbaron el portón de entrada del centro, situado en la las afueras de la ciudad, en la Colonia El Rosario, y arremetieron contra los internos. Se ignora el motivo del ataque. Ni la Fiscalía local, ni la secretaría de seguridad estatal han informado del caso.

Tras el ataque, los agresores huyeron en vehículos. Policías municipales y guardias nacionales iniciaron una persecución, según un comunicado del Gobierno local, dirigido por el morenista César Prieto. “Durante la huida, los presuntos delincuentes de estos hechos arrojaron poncha llantas, evitando que los elementos de seguridad les dieran alcance”, sigue el comunicado. En el texto, el Ejecutivo municipal señala que el ataque fue en “un aparente anexo”, expresión que permite inferir la irregularidad del espacio, situación de cientos de centros de rehabilitación parecidos en Guanajuato.

Este ataque ilumina la precariedad y el abandono de este tipo de espacios en el país, conocidos popularmente como anexos. De los 3.000 que hay en todo México, según la Comisión Nacional de Adicciones, solo 400 funcionan de acuerdo a la ley. En Guanajuato, solo 13 de 300 trabajan de manera regular, según un informe especial del medio digital Animal Político. La falta de apoyos económicos, la discrecionalidad de sus protocolos y estrategias de recuperación y una opacidad general de sus actividades han convertido su existencia en un problema. A la vez, es de las pocas soluciones que familias de escasos recursos encuentran para hijos, esposos, nietas, con problemas de adicciones.

No es el primer ataque que un centro de este tipo sufre recientemente. Al contrario. En Guanajuato, los ataques contra anexos se han vuelto habituales. Una búsqueda en la hemeroteca da cuenta de al menos una docena en los últimos diez años, mención especial para el registrado en Irapuato, en 2020, que dejó 28 muertos. Pero ha habido más. Hace un años, por ejemplo, criminales mataron a cuatro en un centro de Celaya. Entonces, la secretaría de seguridad informó que las víctimas eran los administradores del centro. Un año antes, tres internos murieron a balazos en el municipio de Cortazar...

La pregunta es por qué y la respuesta apunta necesariamente al contexto. Gobernado por Acción Nacional (PAN), Guanajuato registró el año pasado 3.746 asesinatos, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Se trata de la cifra más alta de todo el país, aunque es verdad que es la más baja en el Estado desde 2018. La lucha sangrienta entre grupos criminales por el control de la venta de droga, principalmente metanfetamina y mariguana, y las disputas por el robo de combustible de los oleoductos que pasan por el Estado –Salamanca es sede de una refinería– acaban de dibujar la situación.

La criminalidad en Guanajuato parece fuera de control, motivo por el que el nuevo Gobierno federal, dirigido por Claudia Sheinbaum, coloca dos de sus ciudades entre sus prioridades, Celaya y León, principales polos industriales de la región. En Celaya, la tasa de asesinatos supera los 68 por cada 100.000 habitantes, la cuarta más alta del país. La ciudad sufre desde hace un par de años una guerra despiadada entre criminales y policías locales, que ha dejado cantidad de agentes muertos y heridos.

La situación en Guanajuato ha generado las críticas constantes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador estos años. También ha habido murmullos al interior del PAN. Esta misma semana trascendía la renuncia del fiscal estatal, Carlos Zamarripa, después de 15 años en el cargo. Esto, pese a que la formación había logrado mantener la gubernatura en las elecciones de junio, de mano de su candidata y futura gobernadora, Libia García.