El bloqueo del caso María Elena Ríos: la justicia no llega cinco años después de ser atacada con ácido

Los últimos años de María Elena Ríos han sido un auténtico calvario. En 2019 la saxofonista fue atacada con ácido por orden, presuntamente, del que fue su pareja sentimental, el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal. Ella tenía 27 años, él 56. Ella era estudiante y trabajaba en un oficina para gestionar visas, él era un poderoso empresario gasolinero de gran influencia en Oaxaca. Desde aquel fatídico día en el que el ácido quemó su cuerpo, Elena Ríos no ha parado de exigir justicia y de pelear para que ese tipo de ataques sean considerados feminicidios en grado de tentativa en todo el país. Cuatro Estados ya han aprobado esta nueva ley, bautizada como ‘Ley Malena’. Oaxaca, de donde es ella, sin embargo, sigue considerándolos como un agravante en un delito de violencia de género. Casi cinco años después del ataque, la justicia no llega para María Elena Ríos.

Enfrente ha tenido un proceso cuajado de irregularidades, maltrato institucional y amenazas constantes hacia ella y su familia que la obligaron a huir de su casa. El último capítulo de esta espantosa historia se acaba de escribir esta semana. Un juez local decidió absolver y dejar en libertad tanto a Vera Carrizal como a los supuestos autores materiales. Horas más tarde y, tras el escándalo mediático, una jueza de control revocaba la sentencia y ordenaba a Vera Carrizal y el resto permanecer en prisión. “Me llena de esperanza, me da un rayo de luz, no solamente a mí, sino a todas las mujeres, las infancias, las víctimas que no nos hemos sabido quedar calladas y que, por supuesto, no van a contar con la comodidad de nuestro silencio”, ha dicho Ríos a través de sus redes sociales.

La Fiscalía de Oaxaca identificó a cinco hombres implicados en el intento de feminicidio de la saxofonista, entre ellos, Vera Carrizal y su hijo, Juan Antonio Vera Hernández, prófugo de la Justicia hasta la fecha. Ambos están vinculados como presuntos autores intelectuales. En la investigación también se identificó a otros tres sujetos: Ponciano ‘N’, muerto en extrañas circunstancias en prisión, Ruvicel Hernández y Rubén Loaiza, alias El Charles, acusados de cometer la agresión. Declararon haber recibido 30.000 pesos (1.500 dólares) por arrojar el ácido.

Vera Carrizal se amparó después de la agresión, sin embargo, en 2020 y tras una fuerte presión mediática, el exdiputado se entregó a la Fiscalía. Sin esposas y con una amplia sonrisa, entró por su propio pie en el Ministerio Público escoltado por varios agentes. Desde entonces se le dictaron medidas cautelares y ha permanecido en prisión preventiva en el penal de Tanivet, Oaxaca.

La revocación de la sentencia por el juzgado de control de Huajuapan de León deja la decisión del juez José Gabriel Ramírez Montaño sin validez. A su vez, el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca señaló abrió una investigación por el delito de prevaricación contra el juez Ramírez Montaño.

En México más del 95% de los delitos contra las mujeres nunca se resuelve y solo una pequeña parte llega a los tribunales. De esos, menos de un 3% recibe una sentencia condenatoria. Este tipo de ataques hacen objetivos el odio y la discriminación hacia las mujeres en México. La violencia ácida es un tipo de violencia premeditada que se produce a modo de castigo o de venganza. Los agresores, en su mayoría hombres que fueron parejas o exparejas de las víctimas, pretenden desfigurar o lesionarlas provocando un daño irreversible o alguna discapacidad. Pese a esto, en muchas partes del país, atacar con ácido a una persona solo es considerada como un agravante en un delito de lesiones, castigado con muchos menos años de cárcel que un intento de feminicidio.

Las cifras que acompañan a los delitos con ácido en México no son nada esperanzadoras. El 94% de estas agresiones quedan impunes y hacen objetiva la discriminación y el odio hacia las mujeres. La mayoría de las víctimas se encuentra en una total desprotección. El 80% de las víctimas son mujeres, de acuerdo a cifras de la Fundación Carmen Sánchez.

Las víctimas de la violencia ácida tienen miedo de que sus agresores acaben asesinándolas, como aseguraba la propia María Elena Ríos, en entrevista con este diario en 2023. “Tengo miedo de que mi agresor termine lo que empezó y me mate”. Este tipo de violencia machista, en la mayoría de casos, afecta a la salud física y mental de la víctima y tiene graves consecuencias sociales como la pérdida de empleo y el rechazo del entorno familiar. Ríos ha tenido que someterse a ocho operaciones muy dolorosas y costosas para recuperar su cuerpo y su rostro. Poco a poco ha ido recobrando la movilidad y ha vuelto a tocar el saxofón, pero todavía le queda un largo camino costoso y desgastante.

El caso de María Elena Ríos ilustra a la perfección el abandono por parte del Estado que sufren las víctimas; por otro lado, su lucha inspira a miles de mujeres a no rendirse y a seguir peleando por sus derechos. Sin embargo, el pesimismo flota en el aire. Si casos tan emblemáticos como el de la saxofonista oaxaqueña no son capaces de marcar la diferencia en el acceso de las mujeres a la Justicia, lo que le queda al resto de víctimas es un panorama desolador.

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