Boquete financiero en la Universidad de Aguascalientes por un nuevo desvío de 138 millones de pesos en la compra de bonos basura

La Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) está atrapada en las redes de defraudadores que han encontrado una nueva manera de drenar recursos millonarios al Estado mexicano: la venta de bonos de deuda a través de empresas fachada, casas de bolsa y fideicomisos vacíos. EL PAÍS reveló en octubre de 2023 el sofisticado esquema de defraudación, que tiene todas las características de una estafa Ponzi a gran escala, y mediante el que han sido robados más de 6.000 millones de pesos (342 millones de dólares) de varias instituciones federales y estatales. En esa primera publicación, este diario documentó que la UAA había invertido 213 millones de pesos en la compra de certificados bursátiles, un tipo de inversión riesgosa prohibida por las leyes mexicanas. Una nueva investigación muestra que la casa de estudios usó 138 millones de pesos adicionales (7,4 millones de dólares) para hacer otra operación, en la que fueron desviados recursos de las pensiones de los trabajadores de la universidad.

La estafa, en la que participa una red de testaferros, brokers, banqueros y servidores públicos, funciona así: una compañía de papel constituye con un banco un fideicomiso vacío, oficialmente llamado “fideicomiso emisor”; el contrato del fideicomiso se hace a la medida de las inversiones que se espera obtener mediante la emisión de bonos; luego, una casa de bolsa vende los instrumentos de deuda por el monto previsto en el contrato del fideicomiso. Entre los compradores puede haber personas físicas, pero los arquitectos del fraude buscan principalmente a instituciones públicas. Al funcionario que participa en el negocio, normalmente el tesorero o secretario de finanzas, lo convencen con la promesa de devolverle unos rendimientos fuera de toda proporción en el mercado financiero; a cambio, el funcionario recibe una comisión de los recursos que invierte.

El problema viene a la hora de pagar los compromisos (inversiones, rendimientos y comisiones). Los promotores del negocio acuden a otra institución para vender el mismo modelo de emisión de deuda y refinanciarse. Por supuesto, el siguiente préstamo debe ser mayor, para cubrir el anterior. El caso más conocido de este esquema Ponzi fue el de Segalmex, empresa pública a la que los estafadores robaron 950 millones de pesos. Según las investigaciones de la Secretaría de Hacienda, los inventores de esta nueva forma de estafa son los empresarios René Dávila de la Vega y Roberto Guzmán, pero el negocio no es exclusivo de ellos.

La última inversión hecha por la Universidad de Aguascalientes con recursos públicos data de abril de 2022, cuando se constituyó el fideicomiso F001 entre el banco Covalto y la empresa de papel One de M3X1C0 S.A. de C.V. (el fideicomitente). Con cierre a 2023, la UAA reportaba una inversión de 138,2 millones de pesos en certificados bursátiles emitidos por Covalto (el fiduciario), según la Cuenta Pública de la universidad correspondiente a ese año. Esos recursos ya pueden darse por perdidos, pues en marzo de este año One de M3X1C0 fue declarada en concurso mercantil en etapa de quiebra, es decir, un juez determinó que no tenía fondos para pagar a sus acreedores.

De esa inversión, al menos 100 millones de pesos fueron pagados por instrucción de la rectora de la casa de estudios, Sandra Yesenia Pinzón Castro. La funcionaria firmó el 14 de marzo de 2023 una carta en la que declara, como representante de la UAA, el compromiso de adquirir 100.000 certificados con valor de 1.000 pesos cada uno, de acuerdo con documentos obtenidos por EL PAÍS. Los bonos se emitieron al amparo del fideicomiso F001 constituido entre One de M3X1C0 y Covalto un año antes, cuando el rector de la universidad era Francisco Javier Avelar González, antecesor de Pinzón.

Un día después de la carta de la rectora, la jefa del departamento de Presupuesto y Administración de la UAA, Claudia Eugenia Martínez Herrera, instruyó el pago de los 100 millones de pesos al banco Covalto, según un documento con su firma en poder de este diario. Los recursos salieron de una cuenta bancaria de la UAA llamada “Administración de pensiones y jubilaciones”, de acuerdo con el documento en el que se instruyó la inversión.

En respuesta a una solicitud de información de EL PAÍS, la casa de estudios aseguró que los recursos de las pensiones de los trabajadores no se comprometieron. La UAA señaló que hay una “confusión” entre “el nombre de una de las cuentas bancarias de la universidad y el nombre del Fideicomiso de Pensiones y Jubilaciones de la UAA”. La casa de estudios aseguró que los recursos usados para la compra de bonos basura provienen “del retorno de capital y rendimientos obtenidos de otras inversiones. Dichos recursos entraron a la cuenta bancaria que, a pesar de que tiene un nombre similar, no tiene ninguna relación con el Fideicomiso susodicho”.

La UAA posee un Fondo de Pensiones y Jubilaciones para los trabajadores de la universidad, además de un Fideicomiso de Apoyo a dicho Fondo. Los reglamentos de la casa de estudios especifican que el patrimonio del Fondo está conformado por recursos públicos federales y estatales, así como por aportaciones privadas —cuotas aportadas por los trabajadores y rendimientos por inversiones—. La respuesta que dio la UAA a este medio implica que existe una cuenta bancaria llamada “Administración de pensiones y jubilaciones” que sin embargo no está relacionada con la gestión de los recursos de pensiones y jubilaciones. Hay que agregar que la universidad no respondió al cuestionamiento sobre la firma de la rectora en el compromiso de compra de certificados por 100 millones de pesos.

Falta de supervisión

One de M3X1C0 era una empresa a todas luces fachada. Se creó en 2016 con más de un centenar de objetos sociales, es decir, declaraba ser especialista en todos los trabajos posibles, desde la construcción de inmuebles a la reparación de máquinas, la fabricación de artículos para fiestas y la prestación de servicios turísticos. La compañía fue constituida en Puebla, aunque sus accionistas y funcionarios reportaban domicilios en Quintana Roo. Uno de los administradores de la sociedad, Pablo Aarón Poot Alvízar, tenía 22 años cuando asumió ese cargo. Aunque su domicilio conducía a un barrio popular de Cancún, Quintana Roo, en las actas constaba que este joven era dueño de acciones por 71,5 millones de pesos. En 2022, la empresa constituyó con el banco Covalto el fideicomiso emisor F001, con base en el cual se emitirían bonos para venderlos a la UAA (a su vez, la clave “F001″ indica que el fideicomiso fue el primer instrumento de ese tipo creado por el banco).

Este diario preguntó a la universidad si cuenta con los estudios de mercado que respaldaron la compra de los bonos a Covalto y One de M3X1C0. La UAA respondió que esos documentos se elaboraron en el periodo del exrector Avelar, y aseguró que las áreas encargadas verificaron que el fideicomitente, One de M3X1C0, cumplía con los registros de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Además, añadió, “la casa de bolsa entregó los títulos que amparaban la propiedad de la inversión con registro ante el Instituto para el Depósito de Valores (Indeval)”. La casa de estudios agregó: “De acuerdo con las áreas responsables de las finanzas universitarias, todo estaba en orden”.

La rectora Pinzón tomó posesión de la universidad el 1 de enero de 2023. En marzo, la académica, fungiendo como representante de la UAA, firmó el compromiso de adquirir 100 millones de pesos en bonos. Meses después, One de M3X1C0 solicitó a un juez iniciar un concurso mercantil con la finalidad de declararse en quiebra. La sentencia se dictó en marzo de este año; allí se estableció el orden en que se irá pagando a los acreedores, con los bienes que se liquiden de la empresa. La UAA, cuyas inversiones vencían en 2029, no figura en la lista de los acreedores a ser pagados, según una copia de la sentencia obtenida por este periódico.

La universidad ha presentado algunas denuncias ante la Fiscalía por las inversiones fraudulentas y ha destituido a dos funcionarios: Claudia Eugenia Martínez Herrera, exjefa del Departamento de Presupuesto —quien firmó la instrucción de pago de los 100 millones de pesos—, y Jorge Humberto López Reynoso, exdirector de Finanzas. La UAA ha indicado a este diario que, si bien “los tipos de inversión y los mecanismos para su aprobación y ejecución se encontraban dentro de los marcos normativos y operativos de la universidad”, a partir de esta estafa “se está trabajando en la modificación de las normativas internas que permitían a la institución hacer inversiones de riesgo, así como en el establecimiento de candados y ajuste de filtros de aprobación para que no vuelva a ocurrir una situación similar”.

A nivel federal, la ley prohíbe a los organismos públicos hacer inversiones de las que puedan perder el control. La compra de certificados bursátiles son un caso de este tipo. Aunque, en el caso de Segalmex, el Gobierno de México recuperó el dinero invertido, la sangría de las finanzas públicas continúa en otras dependencias federales y, sobre todo, a nivel de los Estados. Los dos grandes arquitectos del negocio, René Dávila y Roberto Guzmán, han sido denunciados por la Fiscalía. Al menos en el caso del primero, un juez le ha dictado vinculación a proceso y está a la espera de la resolución judicial.

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