La última polémica de Carlos Zamarripa: el fiscal del Estado con más asesinatos de México se blinda con una jubilación dorada

Carlos Zamarripa dejará, después de 15 años, de ser fiscal de Guanajuato. Lo anunció la nueva gobernadora electa, la panista Libia García Muñoz, en su primer acto de campaña: ni él ni el secretario de Seguridad, Alvar Cabeza de Vaca, estarán en el próximo Gobierno. Lo que no se sabía entonces es bajo qué condiciones se iría el fiscal, cuyo mandato terminaba en 2028. El misterio se ha resuelto. El zar de seguridad del Estado con más asesinatos de México modificó el reglamento interno de la Fiscalía para añadir prestaciones a las jubilaciones. Morena apunta a que las ha subido un 30%, de manera que a él le queda una pensión de 144.000 pesos al mes, su sueldo en funciones. Mientras, el Congreso controlado por PAN y PRI ha aprobado el nombramiento de un alfil de Zamarripa para vigilar las cuentas de la Fiscalía. “La pinza se cierra”, concluye el analista de seguridad Arnoldo Cuéllar, “le han dado una jubilación dorada”.

El 1 de abril, el Periódico Oficial de Guanajuato publicó una “adición” al reglamento interno de la Fiscalía. Se añadía un capítulo VIII, llamado Sistema Complementario de Seguridad Social, que informaba que el personal con más de 15 años de antigüedad en la dependencia contaría ahora con una prestación complementaria a la que ya reciben cuando se jubilen —que está pautada por la Ley de Seguridad Social—, además de becas educativas, apoyos para gastos médicos y funerarios, y seguro de vida. Esto por las “condición de alto riesgo” y “presión” que viven los trabajadores de la Fiscalía.

Era un “apoyo accesorio”, cuyo monto será proporcional al cargo. ¿Cuánto? Queda a consideración de la Unidad de Administración y Presupuestación Estratégica de la Fiscalía, también su duración, “acorde a la disponibilidad presupuestaria”. El dinero saldrá del Fondo Auxiliar para la Procuración de Justicia, que superaba los 200 millones de pesos en 2023. Era un artículo único, firmado por Carlos Zamarripa. Al ser la Fiscalía un organismo autónomo, su titular no tuvo que avisar ni rendir cuentas a nadie.

El asunto había pasado desapercibido entre las campañas. Hasta esta semana. El Congreso de Guanajuato tenía que aprobar el nombramiento de la nueva contralora de la Fiscalía, la persona encargada de vigilar el funcionamiento y finanzas de la dependencia. El PAN y el PRI aprobaron a Adriana de Santiago Álvarez, propuesta por Zamarripa y su asesora de despacho. La designación disparó las protestas de la oposición.

Los diputados de Morena David Mendizábal y Ernesto Prieto se lanzaron contra las operaciones del fiscal, a quien acusaron de quedarse con una jubilación más alta que el sueldo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores señalaron que con este cambio en el reglamento, Zamarripa podrá cobrar 50.000 pesos más de pensión, hasta llegar a 144.000, casi 7.800 dólares al mes. “Eso es un abuso con cargo al erario público. La autonomía de la Fiscalía no puede ser para eso, se quiere ir con las bolsas llenas”, apuntaron, “todavía que fue el peor fiscal de la historia de Guanajuato, le vamos a pagar una jubilación VIP, de burocracia dorada”.

La cifra que puede alcanzar la pensión de Zamarripa contrasta con las del resto de pensionados del Estado. Con base a información de transparencia de Instituto de Seguridad del Estado de Guanajuato, el activista en materia de transparencia, Roberto Saucedo, explica que de los 41.000 pensionados de funcionarios estatales y de Fiscalía: más de la mitad no sobrepasa los 15.000 pesos, el 25% está por debajo de los 9.000, y hay más de 1.000 jubilados cuya pensión es menor a 3.000 pesos. “El fiscal se está creando un régimen de excepción y totalmente privilegiado, que ningún otro burócrata tiene”, añade, “estaríamos pagando doble nómina: el fiscal que entre a sustituirlo y a él”. Saucedo, que también es litigante, explica que la Ley de Seguridad Social establece como pensión máxima 10 salarios mínimos, lo que son ahora unos 75.000 pesos mensuales. Zamarripa puede llegar a duplicar ese máximo.

Con 51 años, Zamarripa lleva más de 30 años trabajando en la Fiscalía de Guanajuato. Esta fue su primera casa, desde que empezó como mecanógrafo y fue ascendiendo escalón a escalón, hasta convertirse en su palacio. Fue en 2009 cuando tomó posesión por primera vez como fiscal del Estado. Entonces, Guanajuato era la tierra próspera para las inversiones, nacionales y extranjeras. Los homicidios no llegaban a los 500 al año y las masacres de estudiantes parecían ajenas. Zamarripa llegó, desde el principio, con recursos de Estados Unidos bajo el brazo. El país vecino, donde el fiscal presumía haber estudiado con el FBI y la DEA, había “apoyado” con laboratorios, drones y tecnología.

Sin embargo, en menos de 10 años, Guanajuato se ha convertido en el Estado con más asesinatos de México. Pasó de tener menos de 1.000 en 2015 a más de 5.000 en 2020, según las cifras del INEGI. Desde 2018 no hay otra entidad que alcance sus números. Ni el Estado de México, Chihuahua o Baja California, que llegan cada año a los 3.000 homicidios dolosos. Las cifras tienen rostro: el de Pedro, Fabián, Jesús, Bryan y Eduardo, estudiantes de Medicina asesinados en Celaya; el de los 11 jóvenes que fueron masacrados en una posada navideña en Salvatierra, o el de las decenas de policías cazados por el crimen organizado. Ni las matanzas, ni la aparición masiva de fosas clandestinas, ni el pico de desaparecidos, había hecho mella, hasta ahora, en la carrera de Zamarripa, que maneja un presupuesto de 4.000 millones de pesos.

Ningún fiscal en México había aguantado tanto tiempo en el cargo. El funcionario pasó de manera automática en 2018 de procurador general de justicia a fiscal autónomo, bajo las críticas de organizaciones sociales, que recriminaban su cercanía con el Partido de Acción Nacional, que gobierna desde hace 30 años la entidad. El actual gobernador, Diego Sinhue, lo ha defendido en conferencias y homenajes, y también en reuniones a puerta cerrada con el Gobierno federal. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha tenido en la mira de constante: “En Guanajuato, lo que está fallando es que no está bien la Fiscalía y cuenta mucho el fiscal, que tiene más de 15 años en su cargo. Pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo que tiene mucha influencia”.

Ante la espiral de violencia, que parece incontenible, la candidata de la coalición PAN, PRI y PRD, Libia Muñoz, repitió en sus principales intervenciones que con su Gobierno se iría Zamarripa. “He empeñado mi palabra y lo voy a cumplir. Lo verán en los primeros días de mi Gobierno. No les voy a fallar, vamos a trabajar por recuperar la paz en Guanajuato”, dijo nada más cerrar las urnas de votación el 2 de junio. Ahora, los analistas apuntan a que esas palabras fueron más una operación política de lavado de cara, ante una ciudadanía harta de la inseguridad, que un descrédito real al fiscal aupado por todas las administraciones panistas. “Fue un acuerdo muy bien armado”, valora Raymundo Sandoval, de Plataforma de la Plataforma por la Justicia y por la Paz en Guanajuato. En el mismo sentido añade Arnoldo Cuéllar: “Ella dijo que Zamarripa se iría, no cómo se iría. Mientras gobierne el PAN nadie va a objetar nada contra el fiscal, conoce los secretos de todo el mundo”.

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