La Fiscalía de Ciudad de México lanza una orden de aprehensión contra el doctor Jesús Luján

La Fiscalía de Ciudad de México ha lanzado una orden de aprehensión contra el ginecólogo Jesús Luján. El ministerio público, que giró la petición para detenerlo el 27 de marzo, lo acusa de “práctica indebida del servicio médico en grado de tentativa” en calidad de coautor material. El médico afronta varias denuncias penales por presuntas irregularidades en su clínica ginecológica. El colectivo de donde parten las demandas, Con Ovarios, afirma que el doctor está prófugo. Este periódico, que publicó una investigación sobre estas presuntas malas prácticas médicas, ha tratado de ponerse en contacto con él y su abogado sin éxito.

Luján es uno de los ginecobstetras más solicitados de México. En 2020 celebró que había participado en 5.000 nacimientos. Su clínica, Pronatal, empezó en la colonia Condesa de Ciudad de México y muy rápido, debido a la demanda, se amplió para situarse en Santa Fe, una de las zonas más exclusivas de la capital. Formado en reproducción y genética, Luján abrió un laboratorio de fertilidad y fundó un hospital, Bité Médica, que vendió a la aseguradora británica Bupa, por 350 millones de pesos en noviembre de 2022. Mientras su negocio crecía también lo hacía la lista de espera de todas aquellas mujeres que buscaban el llamado parto humanizado.

Hace un año que un grupo de mujeres se unió y empezó a compartir sus experiencias con Jesús Luján. Las quejas de malas prácticas se remontan a 2006, y algunos de los casos más graves ocurrieron entre 2009 y 2010, cuando tres mujeres acusaron al doctor de haber perdido a sus bebés debido a las negligencias médicas. Una de ellas, Mariana, cuyo bebé falleció tras tomar un medicamento contraindicado, llevó su caso hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde perdió tras haber ganado en las dos instancias anteriores.

De esa primera etapa, Marina —nombre ficticio— es la única paciente que demandó y ganó al médico. Esta productora de obras teatrales entró a tener a su bebé en el hospital Santa Teresa el 5 de febrero de 2009 y salió del ABC después de 23 días en terapia intensiva, con un derrame en el cerebro y la columna vertebral, en silla de ruedas, sin poder caminar y orinando por una sonda. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México reconocieron ocho años más tarde la responsabilidad de su médico tratante, Jesús Luján, en las negligencias médicas que llevaron a Marina casi a perder la vida.

En las denuncias actuales, interpuestas por al menos cinco mujeres, se acusa al doctor de irregularidades médicas como inducir el parto sin consentimiento o falsos diagnósticos. La Fiscalía de Ciudad de México clausuró la clínica de Pronatal en diciembre de 2023, mientras se llevaba a cabo la investigación, “por los indicios en la posible comisión de un delito”. Este 27 de marzo, la dependencia ha dado un paso más allá al pedir la detención del doctor, quien hasta el momento no ha sido localizado.

En una entrevista con EL PAÍS, Luján aseguró que las denuncias del colectivo Con Ovarios eran una “campaña de difamación”. Negó haber cometido errores en sus casi dos décadas de trabajo y rechazó haber inducido el parto sin consentimiento de las mujeres. El doctor también afirmó a este periódico que nunca estuvo saturado de trabajo, que a lo largo de su carrera ha participado en unos 10 partos al mes, por lo que sigue manteniendo él y su equipo una atención personalizada con las pacientes.

México es el sexto país de la OCDE donde más mujeres mueren al dar a luz, 59 de cada 100.000, seis veces más que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Muchas a consecuencia de malas prácticas. La violencia obstétrica no está legislada como un delito federal en el país, aunque sí la recogen algunos Estados.

La Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSA2-2016 fue creada en 2016 para que el personal de salud garantice un trato digno durante el embarazo y el parto. Desde que se aprobó hasta el 2021, más de 2,5 millones de mujeres fueron insultadas, amenazadas, humilladas, les hicieron un tratamiento médico sin su autorización, no recibieron atención oportuna, se abusó en su medicación o sufrieron un trato deshumanizado. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 31,4% de las mexicanas ha sufrido violencia obstétrica.

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