El Congreso de Guerrero destituye a la fiscal del Estado tras el homicidio de un normalista
Evelyn Salgado, gobernadora del Estado, acusó a la militar Sandra Luz Valdovinos de poner en riesgo “la paz en el Estado”
El Congreso de Guerrero ha aprobado este martes la destitución de la fiscal general del Estado, Sandra Valdovinos. La decisión de los diputados llega cuatro días después de que la funcionaria rechazara dejar su cargo. Se lo había pedido la gobernadora, Evelyn Salgado, quien también solicitó la renuncia de los secretarios de Seguridad y de Gobierno por las protestas derivadas del homicidio del normalista de Ayotzinapa Yanqui Kothan. Ante la negativa de Valdovinos, la mandataria tuvo que enviar un oficio a la Cámara baja de Guerrero para destituirla. El documento dejaba claro que la fiscal había puesto en riesgo “la paz del Estado”.
La destitución de la militar Valdovinos era de esperar este martes por la mayoría absoluta de 24 diputados que el partido de la gobernadora, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), tiene en el Congreso de Guerrero. Era la primera sesión de la Cámara tras la negativa de la fiscal a renunciar el pasado viernes. Los legisladores han emitido una solicitud para elegir a su sustituto.
El cargo de la fiscal era el único que faltaba para que Salgado limpiara la imagen de su Ejecutivo. La semana pasada dejaron su cargo el secretario de Seguridad, Rolando Solano, y el de Gobernación, Ludwig Marcial. Fueron las primeras consecuencias derivadas de las protestas que los normalistas de Ayotzinapa comenzaron el pasado 12 de marzo, cuando el policía que supuestamente asesinó a uno de sus compañeros huyó con ayuda de las autoridades.
En el documento, Salgado ha alegado razones diferentes a los disturbios de los normalistas para pedir la destitución de Valdovinos. “Existen circunstancias que afectan la credibilidad, como la deficiencia en la procuración de justicia durante su mandato. Ha sido [la fiscal] incapaz de reducir los índices delictivos. Me veo en la decisión ineludible de tomar medidas contundentes para restablecer la confianza de la ciudadanía”, rezaba el texto.
El caso Ayotzinapa, como se ha conocido a la desaparición de 43 normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos en 2014, ha vuelto a ocupar los medios de comunicación este mes de marzo. La mala relación de los normalistas con el Gobierno federal y el de Guerrero se ha agravado tras el asesinato el pasado día 7 de uno de sus compañeros. Yanqui Kothan, de 23 años, quien murió a manos de la policía. El agente acusado de haber apretado el gatillo huyó a los cuatro días de ser detenido y los estudiantes protestaron frente a la Fiscalía de Guerrero exigiendo responsabilidades.
La entidad que dirigía Valdovinos se desvinculó de la huida del policía y afirmó que el detenido nunca estuvo custodiado por la Fiscalía. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, denunció que las autoridades de Guerrero dejaron huir al procesado. “Hay quienes no quieren que se haga justicia y que quedemos mal, y también tener elementos para afectarnos porque estamos en temporada electoral”, acusaba. Días antes, el presidente había sido el señalado por los normalistas. Derribaron una puerta de Palacio Nacional por los pocos avances que el Ejecutivo Federal ha conseguido en las investigaciones del caso Ayotzinapa.
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