Samuel García, señalado por triangular más de 200 millones de pesos a una de sus empresas

Una investigación periodística pone en la mira más de 200 millones de pesos que acabaron en una de las empresas del gobernador de Nuevo León, Samuel García. Suministros MYR, que ha logrado contratos por 964,7 millones para encargarse de los servicios de alimentación en prisiones y otras instancias del Estado, trasladó unos 237 millones a Productos Mexicanos JACE, una empresa hermana, de acuerdo con el periódico Reforma, que siguió el dinero a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esa filial, a su vez, depositó 202,9 millones de pesos a Firma Jurídica y Fiscal de Abogados, un despacho jurídico creado por el mandatario y su padre, según el trabajo publicado. El diario alude un supuesto esquema de triangulación para desviar recursos públicos. García se ha desmarcado de las acusaciones a través de sus redes sociales, en las que ha explicado que la empresa MYR ya tenía contratos con el Ejecutivo de Nuevo León desde 2016, antes de que el fuera mandatario del Estado. Afirma que “no tiene nada que esconder”, que su Gobierno es “incorruptible” y que la nota “es un montaje”.

Siempre según esta versión, Suministros MYR ha sido uno de los proveedores más beneficiados por el Gobierno de Nuevo León. La empresa recibió contratos por casi 1.000 millones de pesos para encargarse de abastecer de comida campos policiales, comedores de otras dependencias y eventos de la Administración estatal, de acuerdo con Reforma. El diario data el origen de las transacciones desde octubre de 2021, el mismo mes en que García llegó al poder tras ganar las elecciones.

Suministros MYR facturó alrededor de 237 millones de pesos por el concepto de administración corporativa a Productos Mexicanos JACE. La investigación pone bajo la lupa el amplio objeto social de la empresa madre, fundada en 2010, que iba desde el comercio de bienes forestales hasta la elaboración de artículos publicitarios, según el registro comercial. Fue hasta diciembre de 2022 que la compañía incorporó la prestación de servicios de alimentación en sus giros comerciales, un año después de recibir los contratos, señala el periódico.

Productos Mexicanos JACE facturó después 202,9 millones de pesos al despacho jurídico fundado por la familia García en 2014 bajo el concepto de pago de honorarios, aunque sin especificar los servicios prestados, de acuerdo con la investigación. Los primeros pagos de JACE al bufet de abogados se dieron dentro de las primeras dos semanas de que el gobernador asumió funciones. Suministros MYR, por su parte, es el segundo proveedor con más contratos en la presente Administración, aunque el número de contratos recibidos puede ser mayor porque algunos se reservan por motivos de seguridad. La empresa ya había sido proveedora del Gobierno de Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, el predecesor de Samuel García, asegura el reportaje. Reforma señala que JACE no tenía ninguna relación comercial previa con Firma Jurídica y Fiscal de Abogados hasta que llegó el Gobierno de Movimiento Ciudadano (MC).

El Gobernador de Nuevo León se ha desmarcado de las acusaciones a través de su cuenta de X —antes Twitter—. “Mi gobierno es incorruptible y yo también, daremos la cara cada que sea necesario, porque no tenemos nada que esconder”, ha publicado. En tres puntos numerados explica que MYR es proveedora del Estado desde 2016, que la firma JACE también tiene contratos con el Gobierno desde 2017 y que su despacho jurídico brindó servicios a JACE en 2017 y tuvieron un contrato crediticio hasta 2020, que fue anulado por un tribunal en 2022.

García ha acusado al diario de complot y apunta también a la justicia de Nuevo León. “El origen de esta nota es un montaje, y luego, una filtración hecha por la Fiscalía del Estado, manejada por la vieja política, que desde enero ha estado investigando a las empresas de mi familia, como una forma de presionar, extorsionar y difamarnos durante este proceso electoral”, ha comunicado.

En abril de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) multó a García con 448.000 pesos por triangulación de recursos durante su campaña a la gubernatura. El gobernador fue nombrado “responsable solidario” de un esquema que llevó 14,2 millones de pesos de su campaña a empresas ligadas a familiares, de acuerdo con la sanción del árbitro electoral. El Tribunal Electoral había impuesto originalmente un castigo de 28 millones de pesos, a la espera de que el INE determinara el grado de participación del entonces candidato de MC.

El INE dijo que García debió de haber dado aviso a las autoridades del financiamiento ilegal y deslindarse. Su padre argumentó que habían sido donativos y no una triangulación de recursos. La reducción de la multa provocó protestas de los representantes de Morena. En agosto de ese año, el Tribunal revocó la multa con el argumento de que el INE no demostró de forma clara la participación de García en el esquema, según medios locales.

García, que fue precandidato presidencial de MC durante cerca de 10 días, ha culpado a la “vieja política” de torpedear sus aspiraciones. Su efímera postulación estuvo enmarcada por una crisis política con el Congreso de Nuevo León, de mayoría opositora, sobre quién tenía facultades para dejar a un sustituto mientras García tomaba licencia para realizar la campaña. El gobernador reculó y decidió quedarse al frente de la gubernatura. Finalmente, Jorge Álvarez Máynez, líder en la Cámara baja y jefe de campaña de García, fue destapado en enero por el propio gobernador como el candidato presidencial del partido naranja. Mariana Rodríguez, la esposa del mandatario, buscará la alcaldía de Monterrey, la capital del Estado.

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