Las protestas por el ‘caso Ayotzinapa’ y un estudiante baleado se estrellan contra el Gobierno mexicano en plena campaña electoral

Las protestas en México por la falta de avances sobre la desaparición, en 2014, de los 43 estudiantes de Ayotzinapa se han recrudecido estos días y entrado de lleno en la campaña electoral, atizando el conflicto entre el presidente y los familiares y compañeros de los normalistas. Las investigaciones puestas en marcha en el mandato de Andrés Manuel López Obrador para cumplir sus promesas de gobierno y tratar de dar con la verdad de lo sucedido aquel septiembre de hace casi 10 años han topado con el Ejército, al que los afectados reclaman documentos que supuestamente esclarecerían los hechos. Enfadados por la ausencia de resultados, un grupo de estudiantes llegados desde Guerrero el pasado miércoles, empujaron un vehículo y derribaron una puerta del Palacio Nacional, donde vive el presidente y donde en esos momentos ofrecía una conferencia de prensa. El mandatario calificó lo ocurrido de “vulgar acto de provocación” y lo enmarcó en la campaña electoral que estos días vive el país para las elecciones presidenciales de junio. En la noche del jueves, la policía mató a un estudiante de la escuela de Ayotzinapa en la capital de Guerrero al tratar de detener la furgoneta, supuestamente robada, en la que viajaba el muchacho, Yanqui Kothan Gómez Peralta, de 23 años. De los cuatro que iban en el vehículo, otro resultó detenido sin que se sepa qué pasa con él ni en qué estado se encuentra y los demás fueron liberados.

La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa cuando se dirigían en un autobús a una manifestación en la capital, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es uno de los capítulos más tristes y enmarañados de la historia reciente mexicana. Supuso una caída en la popularidad del entonces presidente, en cuya Administración se fabricó la llamada verdad histórica bajo el auspicio del fiscal general Jesús Murillo Karam. Las pesquisas indicaron siempre que el suceso se entretejía en una suerte de colaboración entre el crimen organizado, los militares y el Estado para ocultar los cuerpos de los normalistas y dar por cerrado el caso. Todavía no se tiene certeza absoluta de quiénes fueron los implicados ni dónde están los cadáveres. Apenas han aparecido unos huesecillos, pero los familiares siguen en pie, frustrados ahora por el frenazo de la investigación.

El derribo de la puerta de Palacio Nacional, tras una semana de protestas con artefactos incendiarios y petardos contra otras instituciones, pretendía recuperar el diálogo con el presidente del Gobierno, que mantiene estrechos vínculos con el Ejército y a quien se hace responsable de impedir que salgan a la luz los documentos que un grupo multinacional de investigadores independientes solicitaron sin éxito en estos años. La muerte del estudiante en Guerrero ha erizado los ánimos nuevamente. López Obrador ha solicitado este viernes a la Fiscalía federal que se encargue del caso del estudiante baleado, por el que ofreció condolencias a la familia. “No nos gusta que muera nadie”, dijo, pero después acusó al representante de los familiares de los desaparecidos, Vidulfo Rosales, de querer denigrar la institución militar en su conjunto y de oscuros manejos que impiden una relación fluida con los afectados. Sin embargo, no da por muerto el asunto y ha prometido llegar “hasta el fondo”, algo en lo que se confía cada vez menos, dado el poder que los militares han adquirido en este sexenio. Algunos uniformados, no obstante, han sido encarcelados como resultado de las investigaciones desarrolladas, lo mismo que el polémico fiscal Murillo Karam, que está preso y con varios procesos abiertos.

Los primeros tiempos del mandato de López Obrador se vieron con optimismo para la resolución de este caso, con múltiples actores encargados de dar con el paradero de los estudiantes y hacer justicia, pero el tiempo ha ido cerrando la esperanza, tras un informe gubernamental donde se les daba por muertos y se señalaba la implicación de los militares, entre otros. Hasta ahí se llegó. Los estudiantes han aprovechado el final de mandato y la campaña electoral en la que se sustituirá a este presidente para inflamar su causa y avivar las pesquisas. El derribo de la puerta del Palacio Nacional y la muerte del normalista este jueves en Guerrero, así como las declaraciones del presidente, han tensionado el momento político que vive el país.

Los familiares, que hicieron famoso en todo el mundo su proclama “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, han amenazado con llegar hasta donde haga falta y con boicotear los mítines de la candidata oficialista, Claudia Sheinbaum, sustituta de López Obrador en el partido del Gobierno, Morena. “¿Qué es eso?”, ha preguntado el presidente este viernes. Y ha preguntado por qué solo piensan acudir a los mítines de su candidata y no al del resto de aspirantes. En la apertura de campaña de Sheinbaum en el gran Zócalo de la capital hubo un grupo de estudiantes concentrados que protestaban.

La muerte a tiros de Yanqui Kothan Gómez Peralta en Guerrero, aún con muchos extremos sin explicar, ha traído a la memoria con toda su crudeza lo acontecido aquel septiembre de 2014 y ha revuelto el panorama, ya de por sí enturbiado. La familia ha acusado a la policía de “sembrar” pruebas falsas para justificar el altercado, algo común en México. Las autoridades de dicho Estado han señalado que los estudiantes viajaban en una camioneta robada, práctica también común entre los normalistas, y que portaban armas que usaron contra los agentes que les dieron el alto, de ahí que ellos repelieran la agresión a balazos. Después, fue incendiada la patrulla de los policías.

Algunos expertos conocedores del caso Ayotzinapa temen que nunca se abra la luz sobre él y que el tiempo lo cubra de silencio sin que se logre hacer justicia plena. Pero los normalistas y los familiares de los 43 desaparecidos no se dan por vencidos. Sus protestas en la campaña electoral recordarán de nuevo a la clase política que el Estado es responsable de investigar y llevar ante los tribunales a los implicados en un terrible acontecimiento que se resiste a dar por cerrada la herida.

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