Pablo Vázquez, jefe de policía de Ciudad de México: “Se pueden bajar aún más los índices de violencia. Sin duda”

Pablo Vázquez Camacho dirige desde hace cuatro meses la policía de Ciudad de México, una de las urbes más pobladas del mundo. Alto, pelo corto, lentes, parece a gusto en la conversación, la distancia que facilita el diálogo. Desde las ventanas de su despacho se ven las calles y edificios de Reforma y la Zona Rosa, se aprecia la luz medio lechosa del cielo sucio de mediodía, se intuye el reto de mantener los buenos resultados de la administración presente. La estadística dice que la violencia en Ciudad de México, al menos la homicida, está en mínimos históricos.

Estudioso de la criminalidad, el jefe de policía de la capital ya no vive en la duodécima planta de este edificio de oficinas, como lo hacía su antecesor, Omar García Harfuch, obligado por las circunstancias. En junio de 2020, criminales emboscaron a Harfuch a balazos en la ciudad. Se salvó de milagro. Vázquez vive en su casa y no parece preocupado de que una situación así pudiera repetirse. “Aquí en la ciudad no hay ahora nada que suponga un reto de seguridad para el Estado”, defiende.

A sus 41 años, el funcionario, nacido en la capital, ha llegado a la cima de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en una situación favorable. La inseguridad parece ir a la baja, situación que refrendan el Instituto Nacional de Estadística y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), guardianes, cada uno por su lado, de cifras, datos y tendencias en la materia. Existe la polémica sobre los asesinatos, sobre si la cantidad que reporta la ciudad refleja el número real. “Hay una explicación. No se han escondido cifras ni se han manipulado datos”, defiende.

Consciente de la situación del país, hundido en una vorágine criminal de asesinatos, desaparecidos, y demostraciones de fuerza de delincuentes armados hasta los dientes, Vázquez dice que el modelo de la capital es exportable a la federación. Aunque llama a no relajarse. “La ciudad es un punto neurálgico de actividad en el país y en América Latina. Pensar que no habrá intereses de grandes entramados delictivos para operar y resguardarse es un poco ingenuo”.

Pregunta. Hace un par de días encontraron un altar extrañísimo en la colonia Morelos, con efigies de Satanás, un niño dios Diablo en su pesebre, gnomos demonio… ¿Qué piensa cuando ve cosas así?

Respuesta. Lo primero que llama la atención igual es un lugar común: ¿por qué estas representaciones del mal están tan directamente o burdamente asociadas a quien hace el mal? Parece una caricatura, donde quisieran proyectar que son muy malos. Quizá no es su intención, pero… Además, encontramos una cantidad de droga significativa. Llega un momento en que no te llama tanto la atención la droga, sino esta representación del mal en alguien que uno supondría que es malo. Te surgen muchas preguntas. Hemos visto también altares con cráneos humanos, claro ahí ya hay un delito que investigar. Pero no son extrañas estas vinculaciones. Y habría que preguntarse y estudiar… Muchas veces el delito podría entenderse como una cultura urbana en sí misma.

P. Me hacía recordar el concepto de necromáquina, de Rossana Reguillo, una máquina de muerte. Todo el andamiaje cultural alrededor de la muerte.

R. En este caso, la conexión parece bastante literal. Y es justo eso. Uno tiene que reconocer que en el ámbito de distintas actividades se desarrollan culturas. Ya que estas culturas puedan tener una vinculación con el ejercicio de la violencia sería preocupante. Pero en el núcleo, per se, no. Y la Constitución garantiza el derecho a la libertad de culto.

P. Es un tema tangencial al debate generado alrededor de Peso Pluma y su mensaje, ¿no? Allá en Chile se discutió sobre la pertinencia de que actuara en el festival de Viña del Mar.

R. En muchas situaciones se contraponen derechos. En este caso, el derecho a la libertad de expresión, frente a las críticas al discurso, en este caso, glorificar o hacer apología de conductas claramente nocivas para la comunidad. No es un debate que vayamos a zanjar inmediatamente. No es popular defender el derecho a la libertad de expresión en una situación así, pero debemos garantizar que ese debate se dé. Yo, claro, como funcionario, cualquier cosa que haga apología del delito, de la violencia, tenderé a verla de manera negativa. Pero por encima de mi valoración está el debate sobre los derechos que se contraponen. Y uno es muy importante, la libertad de expresión.

P. Volviendo al altar de Satanás, parece que muchas veces la conversación o el debate sobre la criminalidad en la ciudad acaba volviendo a los mismos sitios, ¿no? Justo ahora se cumplen cinco años del último pico de la batalla entre grupos criminales, uno, el de Tepito, y otro, el AntiTepito.

R. Hay que ver la situación en toda su complejidad. Por un lado, tienes momentos en que hay incidencia delictiva. Hace mes y medio, tuvimos un repunte de eventos violentos en la zona centro, no exclusivamente en Tepito. Y justamente hubo una respuesta en consecuencia: hace unos días la Policía de Investigación [de la Fiscalía local] y nosotros realizamos detenciones de suborganizaciones que estaban particularmente activas en términos de violencia.

Tepito o la colonia Morelos a veces sufren una sobreexposición en el discurso o los medios, que habrá que comparar con otras zonas de la ciudad, que han tenido también focos de incidencia delictiva. No sé, luego he leído columnas que dicen que hay zonas del centro capturadas. Yo no lo vería así. Desde luego, hay toda una historia rastreable sobre la actividad delictiva ahí y de los grupos que han operado en esa zona. Pero bueno, toda la ciudad sin excepción ha vivido una reducción de delincuencia muy importante en los últimos cuatro años. Se han mantenido concentraciones de manifestaciones delictivas importantes. Y la pregunta es por qué, porque en algunos lugares se mantienen. Y ahí emergen las teorías de lo estructural, lo social.

P. Ha usado una palabra, suborganizaciones, que es interesante, por la batalla discursiva sobre el léxico que se usa para hablar de estas cosas. ¿A qué se refiere usted?

R. Es una palabra que uso en este momento para simplificar un fenómeno complejo, la delincuencia organizada. Quienes se han metido a estudiarlo llegan a una conclusión: es muy difícil de definir, acotar, ponerle límites legales, conceptuales. Es muy común que muchas veces le pregunten a uno, ¿cuántos grupos criminales hay en Ciudad de México? Es una pregunta difícil de responder por la complejidad del fenómeno. Y si la respondiera, caería en la tentación de segmentar, de hacer listados que caducan rápido o no sirven mucho para resolver el problema.

P. ¿Cómo debe entenderse entonces la criminalidad en Ciudad de México ahora? Se ha hablado del empuje de La Familia Michoacana, también de bandas más pequeñas, como Los Gastones, en Tláhuac.

R. Un acierto que ha tenido esta administración es centrar la atención en conductas, más que en grupos. Las instituciones podemos obsesionarnos con desmantelar un grupo y eso hace que toda tu acción se dirija a la organización, independientemente de que, a lo mejor, en términos de violencia, la ciudad tenga otras prioridades. El objetivo es reducir violencia y la organización es un elemento secundario. La pregunta que queremos responder y sobre la que actuamos es, ¿quién está ejerciendo violencia? Y entonces se actúa sobre ellos.

En la ciudad no hay nada que ni de cerca suponga un reto para el Estado. Si fuera así, es posible que la organización fuera más importante que la violencia, pero esa situación aquí es muy lejana. La violencia importa en muchos niveles, además. Es un fenómeno que no afecta de manera igualitaria a la población. Afecta a los más vulnerables. Entonces, priorizar la violencia, por su efecto traumático en la gente, por la forma en que afecta a la población, que lo hace de manera desigual y que profundiza la desigualdad, es un acierto en términos de política criminal que ha tenido la ciudad.

P. En 2023, según el SESNSP, hubo un repunte de homicidios en la ciudad después de años de bajadas, 50 víctimas más que el año anterior. ¿Hemos llegado a un límite?

R. Hay que contextualizar esto. De 2019 a la fecha, aun con los datos de 2023, existe un descenso del 50% de la violencia homicida. Se ha reducido a la mitad. Ya el análisis de 2023 respecto al anterior, sí, hay un repunte del 6%. Es importante, no hay que banalizar el asunto, pero dentro ya de un rango de reducción importante. Y además, ese incremento de 2023 se explica no como una tendencia, sino por tres meses que fueron particularmente malos, aislados unos de otros. No veo en este momento un incremento… Y enero está resultando bastante bueno.

Hemos llegado a un punto en la ciudad, en que la estrategia, que ha sido útil, necesita ajustes que respondan de manera más detallada a problemas microrregionales. Debemos atender dinámicas de violencia que ya no se dan entre grupos con unos niveles de estructuración o sofisticación como los que se tenían al principio de la administración. Eso sin descuidar otro tipo de conglomerados que todo el tiempo deben estarse revisando.

Entonces, ¿puede bajar más la violencia en la ciudad? Sin duda. No podemos decir que este es el nivel que debemos aceptar. No, se puede bajar más. Y tenemos que empezar a ver elementos estructurales en lugares que concentran violencia para que dejen de concentrarla.

P. Existe una polémica sobre el número real de homicidios en la capital. A partir de los datos del INEGI, la capital presentaba una cantidad de muertes violentas con causa indefinida mucho más alta que otros estados. ¿Por qué?

R. Lo primero, el registro de causa no determinada ha sido constante desde hace varios años. O sea, no empezó en esta administración. Y luego, el descenso de la violencia homicida es real, no se escondieron cifras ni se manipularon. Pero el debate es válido y hay que atenderlo. Lo que hicimos fue crear un grupo interdisciplinario, en que participamos todas las dependencias que tenemos algo que ver con el registro de fallecimientos en la ciudad. Ese grupo se enfocó en 2022 y lo hará sobre el resto de los años. Básicamente, el ejercicio consiste en trazar cada fallecimiento, desde la primera respuesta, hasta el reposo final del cuerpo. Hemos analizado ya poco más del 90% de los casos y la conclusión es que las instituciones aquí, a diferencia de otras partes del país, no determinan de manera lapidaria la causa de fallecimiento desde el certificado de defunción, que es lo que cuenta el Inegi. ¿Qué va a pasar? Que seguramente la disminución se sostenga, con alguna variación.

P. La extorsión aparece como problema importante, a partir de los datos del SESNSP. En 2023, hubo 516 víctimas, por 368 en 2022. Es un repunte también ¿Le preocupa?

R. La extorsión se tiene que atender. Reconocemos el tema y hay que atenderlo, en sus dos modalidades, la telefónica y la presencial. Se tiene que hacer, lo estamos haciendo. Y establecería una diferencia importante con cualquier otra región: no estamos cerca de la situación en otros estados. Ahora, la extorsión, como el secuestro, tiene una cifra negra tan grande que me atrevería a decir que muchos incrementos estadísticos tienen que ver con que se está haciendo un buen trabajo. Creo que aquí se han abierto muchos canales para su atención. Hemos sido muy eficaces en la detención de personas relacionadas con este delito y eso ha traído más denuncias. Hemos sido más asertivos en tener acercamientos institucionales con grandes conglomerados empresariales, como Canaco. Hemos logrado que se visibilice el tema.

P. Ha llamado la atención esta mancuerna entre la Fiscalía y la policía en la capital. Ambas investigan y no parece que haya habido muchos roces. ¿Cómo se dio? ¿Cómo se ha conseguido mantener? ¿Qué tan extrapolable es al nivel federal?

R. Una de las cosas más virtuosas de la estrategia en la ciudad ha sido lograr esa combinación entre instituciones, las dos más importantes en temas de seguridad. Ha habido varias cosas que han ayudado a esa coordinación. Lo primero, cuando se faculta a la policía a investigar a principios de 2019. Esa policía se vuelve más útil para la Fiscalía. Luego, ha habido un buen manejo de la relación, en el ámbito del gabinete de seguridad, que ha fijado objetivos claros, compartidos por ambas instituciones. Y luego, también, hay muy buena relación entre los operadores, con Ernestina Godoy, ahora con Ulises Lara. Con Ernestina, por ejemplo, compartía mucho el valor de la reinserción social.

P. ¿Es replicable a nivel federal?

R. Es posible. Primero hay que identificar elementos institucionales que ayuden, cambiar la normativa para que policías puedan investigar y ayuden más. Establecer un mecanismo de coordinación formal con reglas claras y metodología clara. Esforzarse en buscar e integrar equipos.

Quizá la parte donde haya que tener más visión es en el liderazgo político. Tiene que haber personas con liderazgo político, involucradas y conducir el tema de seguridad. De otra forma empieza a haber conflictos. Entonces, algo muy importante que hizo la doctora Claudia Sheinbaum, que ha dejado como ejemplo, es ‘me involucro y lo conduzco’. Y al principio de la administración estaba todo complicado. Los niveles de violencia eran altos y podría haber dicho, ‘no, eso es tema de operadores’, pero no, se asumió la responsabilidad y se resolvió el problema.

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