Tania Larios (PRI): “El error de Ernestina Godoy fue proteger la corrupción y la impunidad de sus compañeros”

La ventana de la oficina de la diputada local Tania Larios (Ciudad de México) da exactamente hacia Palacio Nacional. Allí recibe esta semana a EL PAÍS, para hablar de las truculencias que atravesó el Congreso capitalino en medio de la votación para ratificación a la fiscal Ernestina Godoy, que acabó con el rechazo y su salida de la Fiscalía. La secretaria general del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la ciudad tiene apenas 30 años y poco más de una década en política, pero se viste como si llevara más y habla como si fuera mayor. En alguna entrevista anterior ha contado incluso cómo se formó en círculos de debate. Hoy es la voz fuerte del partido tricolor en esa cámara legislativa, con un discurso duro hacia el Gobierno federal y, principalmente, el Ejecutivo capitalino. A ellos acusa de las presiones y amenazas que recibieron sus compañeros de bancada para que apoyaran a Godoy. Lo que ha hecho Morena, dice, fue “de las peores prácticas autoritarias que se ha vivido en esta ciudad”. Y agrega: “Si esto pasa porque el Gobierno quería hacer una ratificación en este congreso local, ¿que no serán capaces de hacer por otros temas?”.

Pregunta. ¿Se politizó la ratificación de Godoy?

Respuesta. En la Ciudad de México se politizó la justicia. Cuando las instituciones y las autoridades emprenden una consigna [contra alguien] por ser de un partido distinto, pero a los que son de su partido los encubren y reina la impunidad, es un indicador grave. Cuando llega la ratificación, Morena, que es un Gobierno que ha tenido amplia mayoría, parece que toda esa lucha que dieron cuando eran oposición se les olvidó. No quieren que se le señale, que se les critique, que se les cuestione. No quieren que exista una voz diferente a la de ellos, es intolerante ante la crítica, ante la diversidad de las posturas.

P. ¿Cómo se debatió en el PRI este tema?

R. Fueron meses de definición. El PRI fue el último partido que definió su postura ante la ratificación y fue porque los legisladores platicamos mucho de ello. Cada legislador llevaba un grupo de víctimas, nos entrevistábamos con ellas, platicábamos con ellas, llenábamos la información. Durante muchos meses tomamos elementos para poder definir una postura. Todos coincidimos unánimemente. Y a raíz de sacar el primer posicionamiento, que fue en contra de la ratificación, hubo presiones y violencia a los legisladores. Hubo una declaratoria de guerra que no fue pública, pero escaló a cuestiones impensables. Yo no hubiera podido prever que iban a ser capaces de tanto.

P. ¿Habla de las amenazas que denunciaron?

R. Tenemos una compañera diputada, Guadalupe Barrón, que llegó a esta legislatura en septiembre. Yo creo que porque tenía poco tiempo creyeron que iba a ser ingenua, empezaron a chantajearla y amenazarla. Todo culminó con un atentado, llamadas de amenaza de muerte a ella y su familia, balazos afuera de su domicilio. Le ponen un mensaje muy claro de que iban a cobrarle si se presentaba el lunes a trabajar y votaba en contra de la ratificación. Nosotros no teníamos por qué vivir eso y así lo denuncié. Al PRI lo estaban amenazando, nos estaban presionando y no era la forma. Se los dije directamente a Morena: no nos van a doblar a las y los priístas, vamos a resistir, vamos a votar y así lo hicimos.

P. ¿Cómo evalúa la gestión de Godoy al frente de la Fiscalía?

R. Totalmente parcial. Creo que el error más grave de la fiscal ha sido proteger la corrupción, la violencia y la impunidad de sus compañeros de partido y atacar ferozmente y dedicar prácticamente toda su agenda de trabajo a atacar a la oposición. Debemos de buscar que la justicia, sea quien sea quien genere un acto que violente a otro o que violente la ley, pague.

P. ¿Estuvo mal que la Fiscalía investigara al Cartel Inmobiliario o a la red de trata de personas que mantenían figuras del PRI en la capital?

R. El Cartel Inmobiliario es una construcción artificial. En vez de decir hubo algún funcionario que está investigado por actos de corrupción, le pusieron un nombre de marketing e hicieron una construcción política en torno a ello. Y del tema de trata, hace más de 10 años o 12 años se inició con que había una red de prostitución, pero después nadie más lo tocó. Este Gobierno lleva seis años y dos días antes de la votación de la fiscal sacaron de nueva cuenta el tema, aprovechando que se le citó a declarar a un excoordinador de la bancada del PRI. Estas acciones, evidentemente cuestionables, sospechosas y parciales ponen en duda cuál es el verdadero objetivo. Desde mi punto de vista, es político.

P. EL PAÍS publicó varias investigaciones y documentó lo sucedido con el Cartel Inmobiliario, habló con los empresarios que declararon en la investigación y estos mantuvieron cada palabra que habían dicho. Le repito, ¿cree que estuvo mal que se investigara la corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez?

R. No está mal que la Fiscalía investigue lo que tenga que investigar, en cualquier demarcación sobre cualquier asunto. Es el deber de la Fiscalía. Pero se ha manejado políticamente y yo insisto en cómo se ha buscado parcialidad absoluta y encubrimiento en otros temas, como lo del Metro. Una fiscalía autónoma investiga a todos si hay algo que investigar. Pero que solo lo hagan con unos y no lo hagan con nadie del gobierno, y que aparte haya en las cifras un 99% de impunidad, no puede ser una fiscal ratificada con todos estos elementos.

P. Personajes de la alianza han salido a defender a los acusados en estos dos temas. ¿No es un poco peligroso pararse del lado de personas vinculadas a corrupción o trata de personas solo por jugar un juego político de nosotros contra ellos?

R. Uno que tiene una hoja de vida limpia no debe tener miedo a algo que no sea parte de su actuar. Eso es lo mío, por eso tengo la fuerza para subirme a la tribuna y hacer un posicionamiento en pro de la justicia, en pro de la imparcialidad y una fiscalía autónoma; y también una condena enérgica por la violencia y la persecución que ha habido. Que no insulten nuestra inteligencia, nosotros debemos reconocer que es un tema político utilizado por el Gobierno para tratar de embestir a la oposición. Pero como ya dije, las cosas como son. Si hay un funcionario de cualquiera de las 16 alcaldías que hizo un acto que violente la ley, la Fiscalía tiene la obligación de investigar.

P. ¿Qué pasó con las dos diputadas del PRI que votaron a favor? ¿Le habían anticipado que lo iban a hacer?

R. No. Y fue lo que nos extrañó. Un día antes, cuando hicimos el video condenatorio y ratificamos nuestra postura, la legisladora Mónica [Fernández] estuvo presente. Si fue amenazada, nunca nos lo dijo. Si nos lo hubiera dicho, la hubiéramos apoyado. Si son sus ideales los que cambiaron, ojalá lo hubiera dicho. Tampoco lo pudimos saber porque después de la votación no la volvimos a ver. La otra diputada se quedó con nosotros viendo el tema. Estaba muy nerviosa, como en un estado de shock y la resguardamos en el Grupo Parlamentario del PRI hasta que se pudo garantizar su salida. En la parte política, habíamos tomado la decisión días antes todos juntos: quien votara a favor, iba a ser expulsado de la bancada y entonces se las expulsó.

P. Conociendo el contexto de amenazas, y que una de las diputadas se haya mostrado tan temerosa, ¿no le parece violento expulsarlas sin siquiera hablar con ellas?

R. No nos dijeron que tuvieran miedo. Somos un grupo solidario, que se apoya. Definimos juntos, fue un consenso unánime y hubo el mecanismo para llegar al consenso, hubo el diálogo, las mesas o el proceso, hubo tiempo hasta que definimos nuestra postura. Entonces no es que fuera una imposición, fue un tema de palabra, de compromiso.

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