Las cuentas pendientes del PRI en el Estado de México: el ‘caso OHL’ llega a los tribunales

La justicia de México ha llamado a cuentas a la constructora española OHL por los escándalos de corrupción que han envuelto de principio a fin una de sus vialidades insignes en el Estado de México, el Viaducto Bicentenario. La Fiscalía General de la República ha acusado ante un juez que la filial mexicana de Obrascón Huarte Lain (OHL) obtuvo ilegalmente la concesión para explotar económicamente, mediante el cobro de peaje, esa vía elevada de 22 kilómetros de longitud, que fue construida entre el Estado y Ciudad de México para descongestionar el tráfico en la zona conurbada de la capital mexicana. En el centro de la acusación está un puñado de altos cargos del gobierno priista de la entidad, su gran bastión histórico hasta la derrota del año pasado.

El juez ha citado a comparecer este jueves a cuatro exfuncionarios del gobierno estatal y a exdirectivos de la compañía, el más importante de estos José Andrés de Oteyza, que fue presidente del Consejo de Administración de OHL México hasta 2015. Ese año, De Oteyza se vio forzado a dimitir del cargo luego de que salió a la luz una serie de escuchas de conversaciones entre altos cargos de la compañía y funcionarios mexiquenses (del PRI) que sugerían enjuagues corruptos para favorecer los negocios de la firma en infraestructura carretera en ese Estado.

La Fiscalía también ha acusado a Sergio Hidalgo Monroy Portillo, que fue director general de OHL México entre 2013 y 2020, y a Rubén López Barrera, que tomó el relevo y actualmente ostenta el cargo, según los expedientes de la causa judicial. Los otros acusados son cuatro exfuncionarios de la Administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México (2017-2022) a los que la Fiscalía señala de haber firmado en 2020 un convenio que pretendía “legalizar” la concesión entregada a OHL más de una década atrás. Se trata de Ernesto Nemer, exsecretario de Gobierno; Luis Limón, exsecretario de Movilidad; Alberto Angulo, exdirector del Sistema de Autopistas, y Jorge González Bezares, exdirector de la Junta de Caminos.

El juez Daniel Ramírez Peña, titular del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez (Estado de México), decidirá, en la audiencia de este jueves, si existen pruebas suficientes para vincular a proceso a los acusados. Esta es la misma causa en la que fue denunciado el primer consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra, por presuntamente haber utilizado sus influencias para ayudar a que la empresa no perdiera el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario. La Fiscalía, de momento, no ha imputado a Scherer en esta primera audiencia.

La empresa Aleática, que se quedó con la concesión del Viaducto Bicentenario luego de un fondo de inversión adquirió en 2018 OHL, ha señalado que obtuvo el permiso de manera lícita y en las mejores condiciones de competitividad. A través de un portavoz, Aleática ha alegado el convenio de 2020 que reconoció la legalidad de la concesión (convenio que ahora impugna la Fiscalía). “El Título de Concesión del Viaducto Bicentenario está vigente y en regla. En más 15 años que han transcurrido desde que se licitó competitivamente, ninguna autoridad competente, ni federal ni estatal, ha cuestionado formalmente su validez. De hecho, bajo la Administración del presidente López Obrador, la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes federal firmó un convenio, en octubre de 2020, con las autoridades estatales que ratifica la validez del Título de Concesión”, ha indicado en un escrito enviado a este periódico. “En este contexto, las acciones de un ministerio público federal, que ha presentado un caso de ‘explotación ilegal’ del Viaducto Bicentenario, son inexplicables. Asumen, de forma insostenible, la supuesta invalidez de un Título de Concesión que las autoridades, federales y estatales, reconocen unánimemente como válido y vigente”, ha añadido.

La acusación

La FGR ha integrado la carpeta de investigación a partir de un conjunto de denuncias presentadas por el abogado Paulo Díez. El centro de la acusación es que el Viaducto Bicentenario se construyó, ilegalmente, sobre una vía general de comunicación (la carretera México-Querétaro, a la que el viaducto se encuentra permanentemente incorporado). Las concesiones sobre vías generales solo pueden ser otorgadas por el gobierno federal, nunca por los gobiernos estatales. No obstante, el gobierno mexiquense entregó a OHL un título de concesión en 2008 para construir el Viaducto Bicentenario, y le dio el derecho de cobrar a los usuarios una cuota de peaje desde entonces y hasta 2038.

El gobierno estatal ha defendido que tenía el poder de concesionar la explotación de la vía porque, décadas atrás (concretamente, en 1983), el gobierno federal le “entregó” el control sobre ese bien nacional. El problema, de acuerdo con la Fiscalía, es que no hay pruebas de esa supuesta entrega de la Federación al Estado, de modo que la concesión dada por el gobierno estatal a la firma española está sustentada en el aire.

Cuando OHL obtuvo el permiso de explotación del Viaducto Bicentenario, era gobernador del Estado de México, el priista Enrique Peña Nieto, a la postre presidente de la República. La filial mexicana opera en el país desde 1979. Pero sus negocios han florecido principalmente en el Estado de México, al amparo de los gobiernos del PRI. Tan solo allí, la compañía obtuvo contratos para construir más de 200 kilómetros de carreteras con concesiones de operación de hasta 30 años. Aunque el Viaducto Bicentenario fue concesionado en la gestión de Peña Nieto, ni este ni ninguno de sus colaboradores han sido imputados aún por la Fiscalía.

El abogado Díez, autor de la denuncia original, sostiene que OHL México ha obtenido ingresos por alrededor de 7.000 millones de pesos durante el tiempo que ha estado en operación el viaducto elevado (se inauguró hace más de 13 años, en septiembre de 2010). Si el proceso judicial prospera, es decir, si el juez concluye que OHL ha explotado una vía general de comunicación sin contar con la concesión del gobierno federal, este podría recuperar la vialidad, con todo y la infraestructura construida por la empresa española, sin tener que pagarle una indemnización, conforme la Ley General de Bienes Nacionales. La propia OHL estima que el valor de la infraestructura del Viaducto Bicentenario es de más 11.788 millones de pesos, además de los ingresos obtenidos por el cobro de peaje.

De Oteyza, el influyente

En 2015, una serie de escuchas publicadas anónimamente en internet apuntaban a los supuestos tratos de favor entre el Gobierno del Estado y OHL. En uno de los audios, se oía a De Oteyza, el entonces presidente del Consejo de Administración, hablar con un subalterno, Pablo Walletin, acerca de una estrategia para inflar artificialmente las proyecciones de aforo vehicular. Dado que era imposible que esas estimaciones se cumplieran (estaban diseñadas para eso), la firma podía justificar aumentos en la tarifa del peaje con el argumento de poner a salvo sus finanzas.

De Oteyza, un exfuncionario del sexenio de José López Portillo que tiene hoy 81 años, apareció en otro audio hablando con Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones del presidente Peña Nieto (ya muerto). La llamada sugería que el gobierno priista había dado información privilegiada a OHL sobre proyectos carreteros antes de que se llevaran a cabo las licitaciones. Otra de las escuchas filtradas era una conversación entre dos directivos que hablaban sobre pagos a jueces para que favoreciesen a la compañía.

Las escuchas detonaron diversas investigaciones administrativas para determinar la licitud de los negocios de la firma. Fue el gobierno priista el que conducía las indagatorias sobre presuntos actos de corrupción que involucraban a sus propios funcionarios y a una empresa consentida. En su momento, el presidente de OHL en España, Juan Miguel Villar Mir, denunció que su filial mexicana estaba siendo objeto de una campaña de difamación y que no se había cometido ninguna irregularidad.

Larga sombra de corrupción

La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, en 2018, supuso un punto de inflexión en las investigaciones. En efecto, la Secretaría de Comunicaciones (SICT) del nuevo Gobierno emprendió en 2020 una revisión, específicamente, sobre la concesión del Viaducto Bicentenario. Según detalles de la carpeta de investigación de la Fiscalía a los que este diario tuvo acceso, la indagatoria de la SICT concluía que la adjudicación dada por el Estado de México a OHL era ilegal, por lo que la dependencia inició un procedimiento de sanción contra el gobierno estatal.

El gobierno mexiquense —ya con Del Mazo a la cabeza— alegó que la sanción no procedía y sacó a relucir una suerte de acuerdo de 1983 en el que la Federación hacía entrega al Estado de México de una fracción de la autopista México-Querétaro. La Administración de Del Mazo aseguraba que ello “implicó la asunción por parte del Estado de México de facultades que correspondían a la Federación”. En realidad, lo que el gobierno federal le había cedido era un pequeño ramal, y nunca el tramo de 22 kilómetros sobre el que OHL edificó el Viaducto Bicentenario.

Sorpresivamente, fue la propia SICT la que convalidó el alegato del gobierno mexiquense y al final cambió el sentido de su procedimiento de sanción: no solo retiraba las acusaciones iniciales, sino que convalidaba que el Estado de México tenía el poder de concesionar la operación de la vialidad. La dependencia federal y el gobierno estatal suscribieron un nuevo acuerdo para formalizar la irregular concesión. Los cuatro excolaboradores de Del Mazo que plasmaron su firma son los que han sido llamados este jueves por el juez. Está pendiente que la Fiscalía impute a los exfuncionarios federales que también ayudaron a OHL.

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