El ‘caso Andrea Chávez’ abre el debate sobre las denuncias por violencia política de género

La diputada por Morena Andrea Chávez está en el centro del escrutinio público como nunca antes lo había estado. La noche de este martes, Chávez se ha desistido de una denuncia ciudadana a la que se suscribió, en contra de algunos periodistas por violencia política de género, que le ocasionó un aluvión de críticas. Los denunciados eran, entre otros, autores de notas en las que se cuestionaba el probable uso de un avión oficial, en enero de este año, que el exsecretario de Gobierno Adán Augusto López hizo cuando se trasladó al informe de funciones y actividades de Chávez, en Ciudad Juárez. El vuelo, según información del portal Animal Político, coincidía con el registro del avión en el que viajó el exsecretario y también con el traslado hecho por la diputada federal junto con su familia.

Según documentos públicos del Instituto Nacional Electoral (INE), la denuncia la hizo la ciudadana Yadira Macorro Morales, el pasado 6 de octubre “en contra de quien o quienes resulten responsables por actos de violencia política contra las mujeres por razón de género, en perjuicio de la diputada, por la difusión de diversos comentarios en la red social X (antes Twitter), así como en distintos medios de comunicación digital”. Solo unos días después, el 12 de octubre, Chávez dio el consentimiento para comenzar con el procedimiento sancionador y solicitó medidas cautelares. Una de las fases claves en este tipo de procesos.

Entre las solicitudes presentadas en esa denuncia, estaba la investigación y el análisis de 24 ligas electrónicas —señaladas por las denunciantes como ilegales— que remitían a artículos y contenido publicado en internet que hacían referencia a la diputada. En los documentos oficiales se advierte que tres comentarios en la red social X fueron desechados al no encontrase incidencia en el ámbito político electoral y las otras 21 sí fueron admitidas. Fue hasta que empezaron a darse a conocer los nombres de los periodistas aludidos cuando todo comenzó a crecer.

A través de sus redes sociales, Daniel Moreno, director editorial del portal Animal Político, dijo este miércoles: “En la demanda de la diputada Andrea Chávez hay dos periodistas de Animal Político acusados de ‘violencia política de género’. Arturo Daen autor de la nota y Nayeli Roldán, por tuitearla (Sí, por tuitear la nota!). Ambos acusados de violencia política”, dice en dos de sus publicaciones. La nota a la que hace referencia es la publicada el pasado 20 de septiembre con el titular ‘Vuelo fantasma’: Segob, Sedena y GN ocultan cómo viajó Adán Augusto al informe de Andrea Chávez en Juárez.

En ese artículo, el autor alude a que el día del informe de la diputada Chávez, el 28 de enero en Ciudad Juárez —de donde es originaria—, se registró un vuelo de un avión usado por la Guardia Nacional al mismo lugar al que viajó Adán Augusto López, asistente del evento. Al tiempo que, refiere, se difundía una foto en la que Chávez aparecía en compañía de sus padres en lo que parecía ser un avión privado. Animal Político asegura haber solicitado información sobre quiénes viajaron en el vuelo del exsecretario a lo que las secretarías de Gobernación, Defensa y Seguridad Pública respondieron “que no sabían”. Chávez, por su parte, aclaró en un video que no había usado ningún avión oficial y que tampoco había acompañado a Adán Augusto López.

La oleada de críticas que se posaron sobre la diputada federal —sin que el exsecretario Adán Augusto López se haya posicionado al respecto— se han dirigido también a la falta de transparencia que persiste en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y al señalamiento público de periodistas. Es común que líderes morenistas, auspiciados muchas veces desde Palacio Nacional, los tachen de “opositores neoliberales”, “chayoteros” y demás adjetivos que vapulean de forma generalizada al periodismo en México, ya de por sí castigado por la violencia y precarizado.

Publicaciones en varios portales de noticias, columnas de opinión en medios como El Financiero o El Universal, tuits que replicaron la opacidad en los vuelos del Gobierno, así como mensajes de personalidades como Guadalupe Loaeza, Lilly Téllez, Chumel Torres y Fernando Belaunzarán, figuraron dentro de la demanda de la que ya ha desistido la diputada.

Aunque la violencia política por razón de género es un tema que se ha puesto sobre la mesa con más fuerza en los últimos meses —y que responde también a la participación cada vez más alta de las mujeres en la vida política y pública del país— el caso de esta segunda demanda interpuesta por la diputada Chávez ha ido más allá, según sus críticos. Alcanzando expresiones periodísticas fundamentadas en investigaciones y solicitudes de información más allá de las referencias a su vida personal que justifica la ley para confirmar la violencia política en función del género.

La primera denuncia de Chávez a Denise Dresser

“No es solo un tema de tener una novia en la campaña...” y “es un tema de faldas”, estas fueron algunas de las declaraciones que la politóloga y académica Denise Dresser hizo con referencia a la diputada Andrea Chávez —en el marco de una conversación con respecto al presunto vuelo que hizo Adán Augusto López— el pasado 15 de agosto, en un programa de televisión, y que le valió una sanción del TEPJF por violencia política de género.

En sus redes sociales, la diputada de Morena celebraba la decisión del tribunal: “Según las y los magistrados, sus palabras en televisión, donde me inventa un noviazgo con un dirigente político al que, según ella, debo mi cargo, ‘estuvieron cargadas de violencia simbólica, psicológica y verbal, basadas en estereotipos de género’, vulnerando mis derechos político-electorales con ataques a mi vida privada y a mi condición de mujer”, dijo.

El TEPJF, además, impuso a Dresser una multa por 20.748 pesos y la añadió en el Padrón de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género por un plazo de un año y seis meses. También obligó a la académica a disculparse. La politóloga ha informado este miércoles que impugnará la resolución, al considerar que la sentencia es “exagerada” y que otros actores públicos han incurrido en agresiones de este tipo “más graves” sin recibir una sanción.

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