Una diplomacia ideológica para una crisis humanitaria

En los últimos años se ha producido un desbordamiento del potencial migratorio y el éxodo masivo desde Centroamérica y el Caribe hacia Estados Unidos. En 2022, ese crecimiento del flujo llegó al récord de dos millones y medio de migrantes en la frontera con México. La mayoría de esos migrantes, a diferencia de años anteriores, no provino del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador) y Haití sino de Venezuela, Cuba y Nicaragua.

La presión migratoria llevó al gobierno de Joe Biden a pactar con México un nuevo plan migratorio, a principios de este año, por el cual se ampliaría la concesión de ingresos legales a Estados Unidos. De acuerdo con ese plan, en lo que va del año 2023, cerca de un cuarto millón de ciudadanos de esos países ha recibido permanencia temporal humanitaria. El numero mayor de permisos ha sido concedido a haitianos, luego a venezolanos y, por último, a cubanos y nicaragüenses.

El fin del Título 42 y la entrada en vigor del Plan Biden contuvieron temporalmente el flujo migratorio. Este verano, sin embargo, las detenciones de la patrulla fronteriza rebasaron el medio millón de personas. Tal y como se esperaba, las medidas adoptadas por Estados Unidos y México no son suficientes para producir una merma considerable. Es raro que esa conclusión no haya sido compartida en la reunión de alto nivel, entre Estados Unidos y México, en Palacio Nacional, a inicios de octubre.

El potencial migratorio no deja de crecer en ninguno de los países de la región, incluido México, aunque las formas de retención, contención o devolución varían. Unos son deportados desde Estados Unidos o México, otros, los menos, logran establecerse en territorio mexicano o centroamericano, y una cantidad aún más pequeña abandona la idea de emigrar por condiciones más ventajosas en sus países de origen.

En 2022, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anunció, durante un viaje del presidente por Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y Cuba, que programas sociales implementados en México, como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, se extenderían a esos países para fomentar el desarrollo regional y desestimular la emigración. Año y medio después, no se conoce el grado de aplicación de esos programas en esos países o si han contribuido a detener o a aminorar el flujo migratorio.

Tras cinco años de manejo bilateral, en sus reiteradas reuniones con Estados Unidos, de una crisis que es, esencialmente, transnacional, el gobierno mexicano convocó a una cumbre migratoria en Palenque. De los diez mandatarios invitados, sólo asistieron cinco, los presidentes de Venezuela, Colombia, Cuba, Honduras y el primer ministro de Haití. La inasistencia de los mandatarios de Ecuador, Guatemala, Costa Rica, Panamá y El Salvador fue reveladora de los límites de la convocatoria.

El sobrepeso de las posiciones de la Alianza Bolivariana en el foro no logró, por lo visto, la inclusión de Daniel Ortega, pero sí una retórica que enfoca la crisis migratoria como una situación causada por el embargo comercial y las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela. Por supuesto que las limitaciones que, unilateralmente, Washington impone al comercio con esos países afecta sus condiciones internas, pero la caída en los indicadores sociales de esos países y, específicamente, el aumento de la pobreza y la desigualdad son consecuencia de políticas económicas equivocadas.

La narrativa de las sanciones como causa de la emigración se superpone a experiencias contrarias, desde el punto de vista de la asistencia para el desarrollo desde Estados Unidos, como las de Haití y los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Los gobiernos de estos países, a diferencia de los bolivarianos, no tienen dificultades para reconocer que la pobreza, la desigualdad y la inseguridad han aumentado en sus naciones. Más bien, el eje del discurso de esos gobiernos está puesto en la colaboración para el desarrollo, no en la confrontación de la hegemonía de Estados Unidos.

El México de López Obrador, que mantiene una relación prioritaria con Washington, parecería el espacio ideal para contribuir a un acercamiento de esas maneras antitéticas de enfocar la migración. Sin embargo, al igual que en su viaje por la región en 2022, el gobierno de Amlo y Morena parecen mimetizarse, momentáneamente, con el discurso antimperialista de los miembros del bloque bolivariano. Luego de esa réplica fugaz, la diplomacia mexicana regresa a su lógica interamericana profunda y constante.

¿Cómo entender este mimetismo? Por un lado, se trata de una forma fácil, poco costosa, de contentar a gobiernos como el cubano y el venezolano, siempre necesitados de legitimación externa y con capacidad de presión sobre las bases de la izquierda regional. Por el otro, esa diplomacia ideológica permite a México preservar el tema migratorio dentro de su permanente negociación de vínculos bilaterales ventajosos con Estados Unidos, sin compromisos de mayor calado en la contención regional.

La Cumbre de Palenque pareció, por momentos, una Torre de Babel, donde los líderes hablaban idiomas distintos, mientras las declaraciones y protocolos de las cancillerías intentaban concretar acuerdos más sustanciales. Algo de esa confusión lingüística era inevitable, ya que las causas de la emigración poseen matices distintos en cada país. Ni los déficits estructurales de Haití ni la falta de libertades en Venezuela, Cuba y Nicaragua quedan fuera de esa causalidad. Pero en todos los casos, la pobreza está en el origen del fenómeno y la inseguridad acecha en cada tramo de la travesía hasta Estados Unidos.

Una vez más, la ideología conspira contra la diplomacia, al punto de hacer inimaginable un foro migratorio donde confluyan todos los gobernantes de Centroamérica y el Caribe. La falta de legitimidad democrática de unos y el aislacionismo de otros, sumados al profundo deterioro de los foros de integración regional, contribuyen a crear estas ficciones de consenso ideológico, que muy poco aportan al encauzamiento de una emigración legal y segura.

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