López Obrador envía una carta a los ministros de la Suprema Corte para reclamarles su salario

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha anunciado este martes que ha enviado una carta a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para reclamarles su salario. “Estuve analizando si teníamos nosotros alguna posibilidad de recibir una explicación, que nos informen, porque la Constitución establece que nadie debe ganar más que el presidente y ellos ganan cuatro veces más”, ha dicho el mandatario, que ha dado cinco días a los jueces para obtener una respuesta: “Yo gano 150.000 pesos y ellos ganan 600.000, entonces quiero que me expliquen para que yo lo informe al pueblo de México”. Con esta misiva, López Obrador profundiza su enfrentamiento con el poder judicial, que se intensificó desde el nombramiento en enero de Norma Piña como presidenta de la SCJN.

Desde su llegada a Palacio Nacional, López Obrador inició una cruzada por la austeridad y mandó a revisar los salarios de los altos funcionarios. El artículo 127 de la Constitución mexicana sí establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración, por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente”.

Con base a eso, el mandatario dio instrucciones a Ricardo Sheffield, procurador Federal del Consumidor (Profeco), para que diera a conocer los sueldos de los altos cargos públicos. Así según la Profeco, el presidente tiene un salario mensual neto de 136.700 pesos (unos 8.000 dólares), mientras los ministros de la Suprema Corte reciben 284.500 (16.600 dólares). Esto es más del doble que el mandatario, pero no llegan a los 600.000 pesos a los que ha hecho este martes referencia López Obrador.

Los ministros no son los únicos. La gobernadora del Banco de México, el presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la presidenta del INEGI, el fiscal general o el presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones también tienen un salario mensual mayor al de López Obrador, según la información oficial difundida en 2022 por la Profeco. Los consejeros de la judicatura federal son los funcionarios mexicanos con un sueldo más alto: 286.600 pesos al mes.

Sin embargo, el presidente no ha hecho mención a los otros altos cargos, solo a los ministros. “Yo sostengo que es una violación flagrante a la Constitución lo que están haciendo. Ojalá ellos, que son los jueces, los encargados de cuidar de que no se viole la Constitución, en un acto de sensatez rectifiquen, es de sabios cambiar de opinión y resuelvan que van a actuar con austeridad y sobre todo que se va a respetar el artículo 127 para que deje de ser letra muerta”, ha dicho.

El mandatario ha presentado el escrito a través de la secretaría de Gobernación, porque “es la que tiene las facultades”, según ha explicado. “Me he quedado pensando cómo conozco de una violación a la Constitución y nada más lo denuncio y no actúo, me estoy convirtiendo en encubridor, en cómplice. Que quede constancia de que hicimos todo lo que legalmente es posible”, ha dicho. María Luisa Alcalde, la nueva secretaria de Gobernación, ya ha confirmado el envío del documento.

No es la primera vez que López Obrador ataca los “privilegios” de los ministros. A principios de mayo, el presidente desglosó en su conferencia matutina uno a uno 40 gastos que realizan los jueces de la Corte, entre los que figuraban los salarios o gastos en seguros médicos, escoltas, lentes para ver o un restaurante en las instalaciones del máximo tribunal donde puede pedir comidas a la carta y bebidas alcohólicas. El presidente ya reclamó entonces que los miembros de la SCJN defiendan a la elite y propuso eliminar los fideicomisos del poder judicial para dar ese dinero en becas a las familias más pobres.

López Obrador mantiene desde hace meses una guerra abierta con el poder judicial federal. Especialmente después de que la Suprema Corte de Justicia tumbara varias de las apuestas claves del Ejecutivo como el plan B electoral, el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa o el decreto que blinda las obras principales de la Administración como seguridad nacional. El presidente ha acusado a Norma Piña de estar en contra de su Gobierno y de mantener un poder judicial que favorece a criminales y potentados, al que ha acusado de estar “podrido”. En esta nueva etapa de tensión entre el Ejecutivo y la Suprema Corte, López Obrador ha advertido incluso a los ministros con someter su cargo a una consulta popular.

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