El acoso en Arcoíris, el silencio de la Iglesia de Culiacán

Han pasado 100 días desde que la Diócesis de Culiacán separó del cargo a cinco sacerdotes después de haber sido denunciados por abuso sexual. Aunque no tuvo impacto nacional esta historia, sí muestra de manera nítida el modus operandi de la Iglesia en este tipo de casos y cómo siguen ocurriendo hasta que las denuncias se desbordan, sus “procesos internos” son insuficientes para las víctimas y le siguen apostando al olvido.

Todo comenzó en julio de 2022 cuando una joven sinaloense de 23 años hizo un llamado en Twitter a revelar los abusos presuntamente cometidos por un sacerdote contra varias adolescentes que eran parte de un grupo religioso llamado Arcoíris, perteneciente a la Diócesis de Culiacán. Todo este contexto se sabría después, ya que en ese tuit ella no mencionó ningún dato y, sin embargo, las respuestas no se hicieron esperar: tanto jóvenes refiriéndose a ese mismo sacerdote, como otros contando casos similares. No obstante, después de esa revelación se apagó la denuncia digital.

Fue hasta marzo de 2023 que varios usuarios revivieron el hilo de la joven publicado meses antes para levantar la voz y señalar con nombre y apellidos al acosador, el sacerdote Cristian Emmanuel Romero Félix, un miembro muy activo del grupo Arcoíris que entablaba amistad cercana con las asistentes: les mandaba constantes mensajes privados que ellas primero interpretaron como amabilidad y afecto, aunque algunos de ellos eran elogios a su apariencia física y otros se convirtieron en franco acoso.

Varias de las denunciantes relatan más o menos el mismo comportamiento de Cristian Emmanuel: empezaba con mensajes amistosos o fraternos y al encontrarse en persona, las tocaba con el pretexto de tomarse una fotografía. “Yo lo conocí cuando tenía yo como 16, más o menos, que él aún no era sacerdote, era seminarista y yo lo ubicaba porque era muy conocido como que era muy bueno, muy buena onda, muy entregado a la Iglesia. Estuve un equipo del campamento con él y él continuó la comunicación, pero siempre era de mensajes ‘¿cómo estás?’, ‘Que Dios te bendiga’, ‘muy bonita sonrisa’ y todo como muy lindo. Nunca lo llegué a ver mal y pues igual estaba chiquita, la verdad es que no tenía ningún tipo de malicia y a la vez como no lo veía en persona… Ya para 2019, fui a una graduación a una fiesta (...) y me lo encontré (...) me dijo que nos tomáramos una foto y le dije que estaba bien. Estábamos los dos como abrazados de lado, como cualquier foto normal (...) pero después sentí que empezó a bajar más la mano, hasta que ya sentí que bajó, que claramente él y yo sabíamos que no estaba en la espalda ya nada más la mano. Y pues no era normal, pero en su momento no reaccioné, nada más me quedé como confundida”, nos relató Alondra Castro, la joven que lanzó el primer tuit en julio y quien eligió darnos su testimonio con su nombre, que ahora ya no es anónimo.

Después lo conversó con otros miembros del grupo, quienes le contaron que esto mismo le había ocurrido a otras chicas, confirmando así que su incomodidad tenía fundamento. Llegó la pandemia de covid-19 y tras mucha reflexión, Alondra entendió que lo que ocurría era grave y tenía que denunciarlo. “No hay duda: no soy la única y está muy mal, y no es justo que esto siga pasando incluso hasta el día de hoy. Fue cuando empecé a tener esa espinita de ‘no es justo, quiero que se sepa, quiero prevenir’ y al tiempo que puse ese tuit fue cuando otras muchachas empezaron a contestarme, a hablar y pasó toda la parte de la denuncia”, nos dijo en entrevista telefónica.

Se refiere a la denuncia ante la propia Diócesis, todavía en el ámbito privado; porque las jóvenes tenían miedo de hacerlo público: si bien ya estaban comunicadas entre todas y organizadas después del tuit de Alondra, aún tenían dudas y temor de las consecuencias.

“Yo decido hacer mi denuncia poco después de ese primer tuit, cuando nos pusimos de acuerdo pero que no lo denunciamos en redes, sí lo hicimos algunas ante la Iglesia, lo que no nos animamos fue a hacerlo público, pero ante la Iglesia sí decidimos movernos en aquel entonces. Yo fui una de ellas: me citaron, di todo mi testimonio, lo escribieron palabra por palabra, tomaron mi INE, me hicieron firmar… Todo un proceso como muy formal. Y ya nunca volví a saber nada, ya nunca se comunicaron conmigo. De hecho, lo que me dijeron fue que ya había habido otras denuncias antes y que se supone que él ahorita estaba yendo a terapia, y si lo mío no era un testimonio actual, que ellos ya no podían hacer nada porque él ya estaba siendo tratado; que teníamos que llevar a alguien que en ese momento estuviera viviendo algo con él para que ellos pudieran hacer algo. Conseguimos a una muchacha que nos contó que recientemente recibió ciertos mensajes, y ya hubo un momento en que ni siquiera empezaron a darnos cita (...), nos desmotivamos a querer seguir con este tema porque ya tampoco había respuesta de parte de ellos, no había un seguimiento y pues lo dejamos por la paz”, recuerda Alondra.

La historia no es ajena: instituciones que protegen agresores, que inician “procesos internos” sin informar a las víctimas, que le apuestan al olvido y al paso del tiempo. Sin embargo, en esta historia Alondra insistió, las denuncias empezaron a crecer y la Diócesis de Culiacán se vio forzada a separar del cargo a los sacerdotes.

El ‘hilo’ convocado por Alondra en Julio de 2022 se formó hasta marzo, cuando el 8M las motivó a hacerlo público, formando una cascada de denuncias que a su vez llevó a otros, mujeres y hombres, a denunciar a otros sacerdotes del mismo grupo religioso e incluso de otros municipios sinaloenses, como Guasave. Dos casos en ese lugar refieren abuso físico, incluso en uno de ellos se acusó violación, por el cual se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía del estado. Tras esto, la Diócesis de Culiacán tomó la decisión de suspender a los cinco sacerdotes señalados: Cristian Emmanuel Romero, Óscar Daniel Ramírez, Antonio Flores, Petronilo Tolentino Núñez y José Luis Naranjo.

El 15 de marzo 2023, la Diócesis emitió un comunicado y ofreció una conferencia encabezada por su vocero, Esteban Robles, quien aseguró que la iglesia ya estaba investigando el caso y que mientras tanto separarían del cargo a los sacerdotes; que podrían ser expulsados en caso de ser hallados culpables. Se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía estatal, solo por el caso formalmente denunciado, de violación: la Fiscalía nos confirmó que solo está abierta una carpeta (sin mencionar el delito) y que las investigaciones estaban en marcha.

100 días después, las denunciantes no se conformaron con el anuncio de la Diócesis. Le pidieron pruebas de que los sacerdotes serían removidos. “Nos habían dicho que Cristian ya no iba a ser sacerdote, que lo habían removido de su ministerio. Pero yo al pedir una carta oficial, algo que fuera una evidencia oficial, me dijeron que no había; que se supone que iba a llegar después, la cual hasta el momento no ha llegado… Y pues así, estamos básicamente en ceros, según confiando en que él ya no está de sacerdote ni en Culiacán ni en ningún lado del país, pero, pues no nos consta tampoco y pues hasta el momento eso es lo que ha pasado después de las denuncias”, nos dijo Alondra Castro.

Otra de las chicas que pidió una constancia oficial de la remoción, recibió una respuesta más puntual: le dijeron que el documento llegaría, precisamente, 100 días después: que aproximadamente en tres meses la Diócesis podría entregarles la carta. El plazo ya se cumplió y el documento aún no llega. “Hasta el momento no, a mi otra compañera le dijeron que en unos meses, se supone que ahorita es justo el tiempo donde se tiene que haber estado llegando esta carta, no han dado respuesta de nada, ni se han comunicado con ninguna hasta el momento. Entonces no sé si va a llegar pronto o tal vez ya nunca va a llegar”, puntualizó Alondra.

Para la realización de esta columna buscamos —incesantemente— a la Diócesis para conocer su versión sobre esto, pero no fue posible: en el Tribunal Eclesiástico nos mandaron con la recepcionista ya que, dijeron en esa oficina, solo ella podía contactarnos con el vocero o la persona indicada para responder. Pero en la recepción nunca hubo respuesta.

También buscamos a la Fiscalía, pero su respuesta fue “la carpeta está en etapa de investigación absolutamente reservada, por lo que no puedo pronunciarme al respecto”, nos mandó decir la Fiscal de Sinaloa, Sara Bruna Quiñonez.

Alondra exige la no repetición, las denuncias se acumulan en la Iglesia y el proceso se mantiene puertas adentro. Los 100 días quedan cortos para una institución que sigue el manual de protección al agresor como la primera carta para recibir la denuncia de una víctima. ¿Cuántos casos se quedan en la denuncia privada?, ¿cuántos sin respuesta? La Diócesis de Culiacán le apuesta al silencio y a la impunidad.

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