Cuatro días de caos en Tierra Caliente: coches de lujo, bloqueos carreteros y la mano invisible de la Familia Michoacana

Coches de lujo decomisados, bloqueos carreteros de varios días, políticos exigiendo justicia en una región apolillada por la mafia... La última crisis política en Guerrero ha adquirido tintes de sainete. La semana pasada, políticos y cargos públicos de la región de Tierra Caliente y el norte del Estado cortaron las vías de comunicación de la zona, después de que las autoridades asegurasen una bodega llena de coches de lujo. Los vehículos pertenecían supuestamente a La Familia Michoacana, longeva organización criminal, encabezada por los hermanos Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga. Este martes, la gobernadora, Evelyn Salgado, de Morena, se ha reunido con los políticos de la zona, acabando finalmente con los bloqueos.

El caso ha llamado la atención incluso del presidente, Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles, el mandatario se refirió al asunto: “Yo les puedo decir que estaba más complicado lo que sucedía en Tierra Caliente que lo de Tamaulipas”, ha dicho, en referencia a la violencia y los cortes de carreteras que se han desatado estos días en el noreste de México. “Ya se resolvió, afortunadamente hay diálogo y todo”, añadió. López Obrador no ha dado más detalles de la negociación. Tampoco se ha referido al papel que ha jugado La Familia Michoacana en lo ocurrido.

Desde hace años, este grupo criminal muestra su poderío en la región, prevalencia que impone a sangre y fuego. En octubre pasado, sicarios del grupo asesinaron a 20 personas en uno de los municipios más castigados de la zona, San Miguel Totolapan, incluidos el alcalde y su padre. En diciembre, criminales mataron a siete personas en el pueblo vecino de Coyuca. Estos y otros ataques traían la firma de los hermanos Hurtado, que han vivido sin problemas en la zona, apoyados en la complicidad voluntaria o forzada de la población y sus representantes políticos. El último ejemplo de esa complicidad subyace al episodio de los carros de lujo.

No se sabe qué se ha tratado en la reunión entre Salgado y los alcaldes de la zona, más allá de apuntes vagos sobre inversiones, obras, etcétera. Se ignora a qué tipo de acuerdos han llegado, o si han discutido sobre los presuntos vínculos de la clase política regional con los hermanos Hurtado Olascoaga. Ambas partes han celebrado acuerdos de los que no se conoce prácticamente nada. El miércoles, la gobernadora Salgado dijo que el combate al crimen organizado no fue parte de la charla con alcaldes y diputados locales. “Nosotros siempre les dijimos que vamos a continuar con esa ruta de pacificación”, dijo la mandataria.

Lo que sí se sabe, de acuerdo a las publicaciones de la prensa local, es que parte de los vehículos decomisados días atrás —entre los que figuran un Lamborghini, una camioneta Humvee y un Chevrolet Camino de 1970, como el de Breaking Bad, según el diario El Sur— han salido finalmente de la bodega, camino a un depósito de la Fiscalía estatal, cerca de Chilpancingo. Se ignora si los coches han estado o no en medio de la negociación. EL PAÍS ha tratado de obtener detalles de toda la secuencia, pero ni la fiscalía, ni la mesa de coordinación de autoridades estatales y federales han querido comentar el asunto.

El caso ilustra el poder invisible de la mafia en esta región de Guerrero. Desde el punto de vista oficial, los alcaldes que apoyaron el bloqueo señalaron arbitrariedades de la Fiscalía y las corporaciones de seguridad. Las quejas de los políticos ni siquiera mencionaban los vehículos. Cuauhtémoc Mastachi, alcalde de Pungarabato, lugar donde las autoridades encontraron los célebres carros, protestaba, por ejemplo, de recibir solo “atropellos de la Fiscalía”. En plena crisis, Mastachi añadía que “hoy vemos que nuevamente entra la Fiscalía a nuestro municipio a cometer robos y a detener gente sin orden de aprehensión”. Detrás de sus palabras figura, sin embargo, la sospecha de que la Familia había movilizado a su gente.

Hubo otros cinco alcaldes de la zona que rodea Pungarabato, en la parte guerrerense de la frontera, que apoyaron las acciones de protesta, los de Coyuca de Catalán, Tlalchapa, Arcelia, Tlapechula y Cutzamala. La operación resultó en el bloqueo de 13 carreteras, cuyo paso estaba impedido por tráileres, camiones y camionetas. Aunque la alcaldesa de Cutzamala, Mayté Arce, emitió un mensaje a través de Facebook en el que aseguró que los bloqueos son de gente de la sociedad civil y no de delincuentes. Esta misma sociedad civil ha denunciado que han sido obligados por sus jefes a estacionarse ahí y han sido amenazados con perder su empleo si no cumplían las órdenes.

Entre medias ha quedado atrapada la población de la región. Cuatro días han sido suficientes para colocarlos al borde del colapso. Durante el bloqueo, que duró tres días, la mayoría de los médicos no acudieron al trabajo porque vienen de fuera, y todas las carreteras estaban cortadas. Tampoco podían entrar las medicinas, el combustible o los alimentos. La gente entró en pánico y se lanzó a vaciar los supermercados, ante la incertidumbre sobre la duración de las protestas en una zona donde el crimen organizado protagoniza balaceras, bloqueos y abusos como método habitual para demostrar su poder.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país