Vinculan a proceso a los cinco detenidos por el incendio en Ciudad de Juárez

Los cinco detenidos por el incendio que acabó con la vida de 40 personas en un centro de detención de migrantes han sido vinculados a proceso en el juicio que la Fiscalía General de la República ha abierto contra ellos. La decisión se ha tomado durante una audiencia celebrada este martes ante el juez de control de Ciudad Juárez, la ciudad en la que se produjo el incidente el pasado 27 de marzo en el centro a cargo del Instituto Nacional de Migración.

Los agentes de migración Daniel, Rodolfo y Gloria, y el guardia de seguridad Alan, serán juzgados como autores materiales “por omisión o por comisión” de los delitos de homicidio y lesiones. Durante el juicio se analizarán los vídeos que han trascendido sobre aquella noche, en la que se ve a varias personas, responsables del recinto, dejar a los migrantes encerrados tras las rejas mientras el fuego les va atrapando poco a poco.

También queda a disposición de la justicia el migrante Jaison, señalado de quemar unos colchones para encender un fuego que debía ser solo una forma de protesta que se convirtió en una de las tragedias más numerosas de muertes de migrantes en México. Jaison está acusado de los delitos de homicidio y lesiones dolosos. Varias organizaciones de derechos humanos han criticado que no se hayan escalado las responsabilidades a instancias superiores de la administración.

Los migrantes habían sido arrestados y trasladados al centro de detención por no tener los papeles en regla, pero no estaban acusados de ningún delito. Ciudad Juárez era una olla a presión a punto de estallar. Miles de migrantes merodeaban por las calles ante las dificultades que Estados Unidos ha impuesto para la entrada de extranjeros. A los que no podían pasar, ya casi sin dinero para seguir viviendo, buscaban trabajos o pedían en las calles de la ciudad.

El lunes por la mañana, la policía patrulló Ciudad Juárez deteniendo a todos los migrantes sin papeles en regla que encontraban. El Gobierno federal reportó 71 migrantes detenidos, que fueron trasladados al centro de detención del Instituto Nacional de Migración situado a tres kilómetros de la frontera. A las 21.00 de esa noche, había recluidos 83 personas en el centro: 68 hombres y 15 mujeres, sin contar los niños que estaban con sus madres.

Les quitaron todas sus posesiones, les encerraron tras los barrotes blancos y les dieron una colchoneta de gomaespuma para compartir entre dos personas. Los migrantes denunciaron que no tenían agua potable, carencia que ha sido confirmada por los agentes de migración, que aseguraban a este periódico que ni siquiera tienen agua para ellos. Las llamas se extendieron muy rápido y los guardias huyeron, dejando a los migrantes atrapados. El resto de la historia “forma parte de la investigación”, aseguró Rosa Icela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Pública.

López Obrador ha tenido reacciones contradictorias. En un primer momento, culpaba a los migrantes de su propia muerte, asegurando que fuero ellos los que iniciaron el fuego en forma de protesta. Después de las críticas recibidas por esos comentarios, moderó su tono hasta que, el miércoles de aquella semana trágica, aseguró que “no van a ocultar nada”. “Se están haciendo todas las investigaciones para conocer lo que realmente sucedió”, dijo el presidente, que todavía no ha dirigido la responsabilidad a nadie de su gabinete, pese a que la política de acoso a los migrantes viene desde lo más alto y llega hasta abajo convertida en este tipo de abusos y detenciones arbitrarias de migrantes en condiciones que no respetan sus derechos humanos. La Organización de las Naciones Unidas ha pedido una investigación “exhaustiva” de lo ocurrido.

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