El Grande, la historia del testigo interminable

No hay historia en el mundo criminal que se le resista a Sergio Villarreal, alias El Grande. Antiguo integrante del cartel de los Beltrán Leyva, líder de narcotraficantes, Villarreal, que este lunes y martes ha testificado contra Genaro García Luna en Nueva York, ha aparecido como testigo en un buen puñado de procesos desde su detención en México, en 2010, y su posterior extradición a Estados Unidos. Lo dicho en una corte en Brooklyn contra el jefe de la policía del expresidente Felipe Calderón (2006-2012) es solo una pequeña muestra del fuego de artillería que ha disparado estos años.

En declaraciones rendidas ante autoridades en los últimos dos sexenios, El Grande ha señalado a generales, policías y fiscales. Villarreal ha participado incluso en una de las patas de la investigación por el caso Ayotzinapa, centrada en el matrimonio Abarca Pineda, que supuestamente dirigía el crimen en Iguala, en la época del ataque contra los estudiantes normalistas. La abundancia no es sinónimo aquí de probidad, al menos a juzgar por el resultado. Muchos de los casos en que El Grande testificó acabaron desechados. Muchos de los altos funcionarios a los que apuntó quedaron libres.

El Grande debutó como testigo apuntando a las autoridades de Morelos. Eran los últimos años del sexenio de Calderón, la Marina había matado en Cuernavaca, capital del Estado, a su jefe, Arturo Beltrán Leyva, líder de un clan criminal que libraba una guerra con los viejos aliados de Sinaloa. Villarreal caía en Puebla en septiembre de 2010 y pocos meses más tarde ya se había comprometido a colaborar con la extinta Procuraduría General de la República (PGR). Su primer objetivo, el jefe de policía del Estado de Morelos, Luis Ángel Cabeza de Vaca.

Según la declaración de El Grande, Cabeza de Vaca colaboró durante años con los Beltrán Leyva. Villarreal dijo incluso que Cabeza de Vaca le llegó a facilitar un helicóptero para que huyese, en 2008, de un operativo de autoridades federales. Acusado por otros testigos, Cabeza de Vaca fue detenido e incluso condenado. Un juez le mandó 10 años a prisión por un delito de delincuencia organizada.

En aquella época, el Gobierno de Calderón estaba inmerso en la Operación Limpieza, una cruzada contra las redes de protección de autoridades de todos los niveles al Cartel de Sinaloa y sus viejos aliados, en este caso los Beltrán Leyva. Inaugurada con el célebre michoacanazo, la detención en 2008 de una treintena de cargos públicos y altos funcionarios de aquel Estado, el operativo siguió, con capturas a todos los niveles, ya en el ámbito federal, muchas veces con El Grande de por medio.

La segunda tanda de aprehensiones de la operación -y seguramente la más relevante- fue contra altos cargos del Ejército. Con base a declaraciones de criminales convertidos en testigos protegidos, entre ellos El Grande, la PGR echó el lazo a cuatro generales, entre ellos Tomás Ángeles Dauahare, que había llegado al grado máximo en el Ejército, general de división, y había fungido de subsecretario de la Defensa Nacional durante los dos primeros años de Calderón. El Grande acusó a Dauahare de reunirse con líderes del Cartel de Sinaloa y con Arturo Beltrán Leyva en Ciudad de México.

Entre medias, El Grande y otros capos de la vieja alianza criminal del Pacífico señalaron a un buen puñado de agentes de la PGR, integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), que García Luna había comandado hasta la llegada de Calderón al Gobierno, y de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Fueron los casos, por ejemplo, de Francisco Gómez Meza y Roberto Sánchez Alpizar, adscritos a la primera, o Noé Ramírez, Miguel Colorado y Jorge Alberto Zavala, funcionarios de la segunda.

Algo comparten las acusaciones de El Grande en el marco de la Operación Limpieza: muchas quedaron en nada. La investigación contra los generales ni siquiera llegó a juicio. En el caso de las otras, aunque algunas acabaron en juicios y condenas, la justicia acabó por exonerar a los acusados. En algunos casos, la justicia retuvo en prisión a algunos de los implicados por casos tangenciales a la Operación Limpieza. De cualquier manera, el uso de testigos protegidos por parte de la PGR, criminales colaboradores como El Grande en muchos casos, generó tal polémica que acabó por defenestrar el operativo.

Pineda y Abarca

México extraditó a El Grande a Estados Unidos en mayo de 2012. La justicia de aquel país acusaba al narcotraficante de trasiego de drogas, asociación delictiva y lavado de dinero. Villarreal fue recluido en una prisión en Texas. Años más tarde, en 2014, ya durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la PGR volvió a buscarle con un propósito muy distinto: el caso Ayotzinapa.

En septiembre de 2014, una red de criminales y policías de la región centro del Estado de Guerrero atacó a un grupo de estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa en Iguala. Seis personas murieron, entre ellas tres estudiantes. 43 alumnos de la normal desaparecieron durante el ataque. El escándalo obligó a voltear al Gobierno, que no tardó en señalar al alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa, María de los Ángeles Pineda Villa, como las mentes detrás del ataque.

La PGR se entrevistó con El Grande en su prisión texana en diciembre de aquel año. El Grande explicó entonces que desde principios de siglo sabía, porque se lo había dicho Arturo Beltrán, que los Pineda Villa eran las personas “que manejaban las lanchas en Guerrero para la recepción e introducción de cocaína en territorio nacional”, esquema liderado por uno de los hermanos de María de los Ángeles, Mario. “Los Pineda Villa podían ubicar las posiciones de la Marina con una computadora”.

En una declaración de varias páginas, de la que EL PAÍS tiene copia, Villarreal evoca varias ocasiones en que se habría reunido con los hermanos Pineda Villa, casi siempre en Cuernavaca. En esas reuniones, El Grande señala que Mario solía meter cajas llenas de dólares en efectivo en el vehículo de María de los Ángeles.

Esta vez sí, gracias al testimonio de El Grande entre otros, la PGR acusó a Pineda Villa de delincuencia organizada y lavado de dinero, por formar parte de la red criminal de la región. Su testimonio ayudó a los investigadores a reforzar el nexo entre Pineda Villa, sus hermanos y Abarca, por un lado, y el grupo criminal Guerreros Unidos, herederos en la zona de los Beltrán Leyva, que ejecutaron la desaparición de los estudiantes en Iguala y alrededores.

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