Desaparecidos un defensor de derechos humanos y un líder indígena en la frontera de Colima y Michoacán

El defensor de derechos humanos Ricardo Lagunes Gasca y el líder indígena Antonio Díaz Valencia han desaparecido la noche del domingo pasado en la frontera entre los Estados de Michoacán y Colima. Los dos hombres había mantenido ese día una asamblea de trabajo y a la salida se trasladaban juntos hacia el municipio de Tecomán cuando se perdió el rastro de ellos. La camioneta blanca en la que viajaban fue encontrada posteriormente abandonada y con impactos de arma de fuego en el poblado Cerro de Ortega, a 26 kilómetros de su destino original. Las autoridades han abierto una investigación y hasta el momento no han dado mayores detalles del paradero de los activistas.

Díaz Valencia, de 71 años, es un profesor integrante de la comunidad indígena nahua de San Miguel de Aquila. En su actividad como activista ha criticado fuertemente el desarrollo de la mina Aquila, activa desde 1998. Según la ficha de desaparición emitida por la Fiscalía del Estado de Michoacán, el domingo que desaparecieron, Díaz Valencia se comunicó por teléfono con un familiar sobre las 18.45 horas y le dijo que se dirigía al municipio Coahuayana, en Michoacán, en compañía de Lagunes Gasca. Esa fue la última comunicación que mantuvo y permanece desde entonces como desaparecido.

Lagunes Gasca es abogado y ha colaborado en varias organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales. Tiene estudios de maestría en Protección de derechos humanos en la Universidad de Alcalá, en Madrid, y ha trabajado en México como defensor durante más de 15 años. Según un comunicado emitido por la familia, en el momento de la desaparición “realizaba acompañamiento legal en la comunidad indígena de Aquila, donde hay actividad minera”. Las familias de los dos hombres se han reunido este martes con las autoridades federales en Palacio Nacional, en Ciudad de México, para solicitar la ayuda en la búsqueda.

De acuerdo a la queja presentada por amigos y familiares ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la última vez que Lagunes Gasca se contactó fue ese domingo a las 18.52 horas, desde un supermercado llamado Gómez, en Coahuayana, y dijo que ya salían de camino a Colima. Sobre las 19.25, una hora y media después, las autoridades de Colima recibieron un reporte de un vehículo abandonado y baleado en Cerro de Ortega, que posteriormente confirmarían que era donde viajaban los dos desaparecidos, según la queja. Mientras que los dos hijos de Díaz Valencia levantaron un reporte en Morelia por la desaparición, después de recibir durante esa noche varias llamadas “en la que pedían dinero a cambio de la vida de Ricardo [Lagunes]”.

En un comunicado emitido por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se señala que al menos uno de los dos defensores contaba con medidas de protección del Estado “que no lograron impedir su desaparición”. “La ONU-DH llama a las autoridades a adoptar con urgencia todas las medidas necesarias para cumplir con su deber de buscar con vida a los defensores Lagunes y Díaz, que asegure una coordinación eficiente entre las instituciones federales y locales y reconozca el derecho de sus familiares a participar en la búsqueda”, dice el mensaje del organismo internacional. “De igual modo, es fundamental llevar a cabo una investigación pronta, exhaustiva y eficaz que permita esclarecer los hechos y sancionar a todos los responsables”.

Otros organismos de derechos humanos han destacado la necesidad de que se investigue la posibilidad de que estas desapariciones estén vinculadas con el trabajo que realizaban los dos hombres en la región. “Externamos nuestra preocupación por la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, defensores de derechos humanos. Exigimos a las autoridades de Michoacán y Colima investigación diligente que incorpore dentro de sus líneas de investigación su labor de defensa”, ha solicitado Amnistía Internacional en las redes sociales.

México se convirtió en 2021 en el país más mortífero del mundo para defender la tierra. Los homicidios de ambientalistas no han parado de escalar en los últimos años. Las últimas cifras señalan que 54 personas que defendían su ambiente, recursos naturales o tierra fueron asesinados en el país, de acuerdo al último informe de Global Witness, que realiza un conteo anual de estos crímenes. Los conteos extraoficiales apuntan a que las números de 2022 volverán a tener un aumento importante.

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