La barranca de La Aurora, la fosa clandestina que persigue a Javier Duarte

Perdida entre las sierras del Estado de Veracruz, una barranca de nombre La Aurora se abre como una enorme garganta. Un precipicio semicircular de 300 metros de profundidad que asusta a quien se anime a mirar hacia el fondo, donde una vegetación verde y frondosa lo cubre todo. Un poco más abajo, un lago subterráneo corre por debajo de los cerros. Es un paraíso natural casi inaccesible que en enero de 2016 salió a la luz por su uso más vil: había sido utilizado como fosa clandestina. A unos 12 escasos minutos de este barranco se encuentra la academia de policía estatal, ahora bajo investigación. La teoría de la Fiscalía del Estado, que acaba de lograr por primera vez la vinculación a proceso del exgobernador Javier Duarte por un caso de desaparición forzada, del policía David Lara, es que aquel rincón perdido en la naturaleza era una especie de “tiradero” en el que se escondían los cuerpos de personas que eran detenidas por las autoridades, trasladadas a la academia policial, torturadas y desaparecidas.

El 11 de enero de 2016 un caso de desaparición forzada en Veracruz retumbó en todo el país. Cinco jóvenes de Playa Vicente, un municipio veracruzano en el límite con el Estado de Oaxaca, habían desaparecido a manos de la Policía en Tierra Blanca, en la misma región, cuando volvían de pasar el fin de semana fuera. Las autoridades les interceptaron en un control, se los llevaron a plena luz del día y los entregaron al crimen organizado, según admitió el Gobierno estatal. El caso Tierra Blanca, como se le conoce, puso el foco por aquellos días en un departamento policial plagado de vínculos con la delincuencia y de denuncias de ser parte de una maquinaria establecida desde el Estado para torturar y desaparecer gente.

Ocho días después de la desaparición de los cinco jóvenes, la fiscalía estatal informó de que, a partir de denuncias ciudadanas, se había hallado una fosa con restos humanos, la barranca, donde se llegó a especular que estarían los muchachos de Tierra Blanca. No los encontraron allí, pero el escándalo mediático por los jóvenes marcó el destino de la investigación por la fosa clandestina de La Aurora, que se convirtió en un caso separado.

Cuántos cuerpos se encontraron entonces en La Aurora es una pregunta que aún nadie puede responder con certeza. Al comienzo, la Fiscalía dijo tres; los medios de comunicación primero reportaron 22, luego 19. El Ministerio Público se retractó y concluyó en seis. El problema fue lo que sucedió tras el hallazgo de los cuerpos en aquel sitio. Según las declaraciones recogidas en el expediente judicial, cuando se difundió que había restos humanos en ese paraje llegó una orden desde las más altas esferas del Gobierno estatal para encubrirlo. El Estado estaba en llamas por el caso Tierra Blanca, no quería más atención mediática por lo que pudieran hallar en La Aurora. “El 19 de enero de 2016, en aquel lugar, fueron localizados restos de al menos 19 personas, sin embargo, [se] dio la instrucción de únicamente reportar el hallazgo de 6 cuerpos”, se lee en un comunicado de la Fiscalía en 2018.

La teoría del Ministerio Público actual es que Javier Duarte, gobernador del Estado entre 2010 y 2016, ordenó deshacerse de evidencias que resultaran clave y que se hallaran en el lugar y que, bajo esa premisa, varios funcionarios participaron en el traslado de cuerpos a otros sitios para volver a esconderlos. Por este caso, la Fiscalía de Veracruz consiguió el pasado 19 de noviembre por primera vez una vinculación a proceso de Duarte por el delito de desaparición forzada, por haber entorpecido la investigación en la barranca. En los últimos años, el proceso judicial por La Aurora llevó a la cárcel por breves periodos de tiempo a diversos funcionarios del Gobierno estatal y de la Fiscalía de aquel entonces, pero todos los acusados consiguieron salir y seguir su proceso en libertad. Excepto Duarte, en prisión por una condena de nueve años por lavado de dinero y asociación delictuosa.

La respuesta del exgobernador a esta vinculación a proceso fue publicada en un comunicado por Twitter. Su abogado, Pablo Campuzano, aseguró que la vinculación a proceso “se determinó con sustento de un solo dato de prueba del cual existen indicios fundados de que fue arrancado bajo tortura”. El argumento de la defensa de Duarte es que sus exfuncionarios le acusaron de haber dado la orden de encubrir el caso solo en declaraciones que fueron obtenidas bajo tortura. Abogados conocedores del tema y colectivos de búsqueda lamentan la escasa solvencia de la investigación hecha por las autoridades, que podría ser tumbada de comprobarse la tortura.

Un policía desaparecido por los suyos

El expediente judicial del caso de La Aurora gira en torno a uno de los cuerpos que fueron supuestamente hallados en la barranca y luego trasladados a otro sitio: el del policía estatal David Lara. El agente, por el cual están detenidos siete policías acusados de la desaparición, fue visto con vida por última vez el 12 de enero de 2016. Nacido en la ciudad de Cosamaloapan —en el sur del Estado—, Lara era padre de dos hijos y llevaba unos ocho años trabajando para las fuerzas de seguridad en el momento en que todo sucedió. Había sido destinado en la región de Acayucan —también al sur del Estado—, pero llevaba un tiempo evaluando dejar el departamento policial. En ese entonces muchos agentes eran señalados por sus vínculos con los Zetas, y Lara le había dicho a su familia que la situación se había puesto muy peligrosa.

La noche del 10 de enero de 2016, los superiores avisaron a Lara de que a primera hora del siguiente día le llevarían a Xalapa, la capital de la Veracruz, junto a otros cuatro policías. Les trasladarían a esa ciudad para que tomaran las evaluaciones de confianza, unos exámenes que rinden los agentes regularmente para certificar que actúan bajo la conducta establecida por la institución. Le dijeron que tenía que ir desarmado, según explicó él a sus allegados. Aquel 11 de enero pasó la noche en su casa en Xalapa y al otro día se fue a rendir su evaluación por la mañana temprano. No pensaba volver muy tarde el 12, por lo que hizo planes con su familia: quería invitarles a cenar afuera.

Pasadas las seis de la tarde el teléfono de Lara dejó de tener comunicación. Su familia no podía contactar con él y las alarmas comenzaron a sonar entre los más cercanos. Nadie sabía nada. De acuerdo con la investigación judicial, unas cámaras localizadas afuera del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz en Xalapa muestran cómo un vehículo con personas encapuchadas levantó al policía en la puerta del edificio cuando salía de rendir su examen. Los registros telefónicos señalan que el aparato de Lara se conectó por última vez en la academia de policías de El Lencero, la que está a 12 minutos de La Aurora. Las autoridades reportaron a la familia que el teléfono reapareció meses después en las manos de una señora: la esposa de un empleado de uno de los comandantes que trabajaban en la academia.

La familia salió a buscarle por todos los hospitales y puso una denuncia a los pocos días de no tener señales de él. El 4 de febrero, las autoridades informaron a sus allegados de que habían encontrado el cuerpo sin vida del policía en un camino rumbo al municipio Alto Lucero, a unos 50 kilómetros de la barranca La Aurora. Sus restos estaban casi irreconocibles, ya en proceso de descomposición. Fuentes cercanas a Lara, que prefieren mantener el anonimato por miedo, relatan que la causa de muerte señalada en la necropsia era asfixia seguida de infarto. Aseguran que el documento no detallaba si había sido torturado o si tenía marcas de golpes en el cuerpo. La Fiscalía actual sostiene que el cuerpo de Lara fue uno de los hallados en la barranca y posteriormente movido al camino de Alto Lucero. Ese intento de entorpecer la investigación es precisamente la razón de la imputación a Duarte. Se desconoce el motivo por el que sus compañeros le habrían asesinado.

La macabra “olímpica”

Por las dificultades geográficas, buscar restos humanos en la barranca La Aurora es un desafío enorme que las autoridades no han asumido con constancia. En mayo de este año se realizó la última búsqueda con los colectivos de familiares de desaparecidos y las autoridades. Durante las dos semanas en las que bajaron haciendo rápel, los peritos encontraron una mandíbula que fue identificada hace apenas unos días, cuenta Marta Romero Altamirano, del colectivo Solecito, que busca a su padre desaparecido desde hace 11 años. El día que llegaron al sitio, recuerda, una bandada de zopilotes merodeaba el lugar.

“Eso para mí es una señal”, dice Romero en La Aurora, a orillas del precipicio. De fondo, como aquel día de mayo, el cielo se vuelve a cubrir de aves carroñeras. “El tiempo no nos alcanzó porque fueron dos semanas, pero pues sí se avanzó un poquito”, agrega. Los colectivos comenzaron a escuchar los rumores de que la barranca se había vuelto el “tiradero” de la academia de policía hace unos seis años. Pero en la época en la que gobernaba Duarte, el temor de salir a buscar a sus familiares imponía su ley.

Fernando Trejo, de la agrupación Red de Madres buscando a sus hijos, busca a su hermano desaparecido en 2016 y cuenta que el rumor era que los oficiales trasladaban personas a la academia de policía, los interrogaban, los torturaban y los asesinaban. A los restos humanos, explica, los escondían en La Aurora con una técnica que llamaban “la olímpica”. “A las personas no se las llevaban en camionetas, sino que salían de la academia en helicópteros y por eso decían: ‘Llévalo a la olímpica’, porque desde arriba del helicóptero los aventaban hacia el fondo y caían [en el lago subterráneo]”, relata Trejo. “Por eso han encontrado ropa atorada en los árboles”.

A siete años del primer hallazgo, los vecinos de aquel paraje lo describen como “ahí donde vienen a tirar los cuerpos”. Celestino Espinoza Rivera, el abogado de las cinco familias del caso de Tierra Blanca, relata que durante los años de Duarte las desapariciones forzadas escalaron estrepitosamente. ”Hay una cifra negra, que no está registrada, pero se habla de 6.000 desaparecidos”, dice. Uno de los casos que destaca es el del cantante Gibrán Martiz, desaparecido en 2014 por un grupo de policías y cuyo teléfono apareció posteriormente en la academia de El Lencero. “En ese tiempo debe haber por lo menos 50 o 60 carpetas de investigación que tienen datos de la participación de seguridad pública en las desapariciones”, agrega Espinoza.

Lo que pasó con los teléfonos de Martiz y de Lara no fueron excepciones, asegura: “Muchos pidieron la última localización de los teléfonos de sus familiares y encontraron que era en la academia de policía”, detalla Trejo, “¿qué tenían que hacer los teléfonos móviles de las personas adentro de la academia? No tenían nada que hacer”.

Los colectivos de buscadores y abogados cercanos lamentan que la investigación, al parecer, no esté lo suficientemente limpia como para mantener a Duarte en prisión y reclaman que hay “muchos otros casos” que se podrían investigar por desaparición forzada vinculados al exgobernador. “Existen 200 [casos] más, 50 certeros, que pueden ser utilizados para acreditar que existió conocimiento desde el más alto nivel. Hay muchos, muchos donde seguir investigando”, dice Espinoza. Los rostros de algunos de esos desaparecidos persisten en la actualidad en las calles de Xalapa o el Puerto de Veracruz, en imágenes pegadas por sus familias que les siguen buscando.

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