Familiares de los tres estadounidenses muertos en un Airbnb en México demandarán a la plataforma

Familiares de Kandace Florence, Jordan Marshall y Courtez Hall, quienes murieron en un departamento en la Ciudad de México, presuntamente por envenenamiento con monóxido de carbono, anunciaron una demanda contra Airbnb, plataforma a través de la cual las víctimas alquilaron el piso donde fallecieron. Las familias de los tres estadounidenses dijeron a la cadena NBC que la demanda, que aún no ha sido presentada ante tribunales, busca forzar a la compañía a hacer obligatorio que los departamentos anunciados en su plataforma cuenten con detectores funcionales de monóxido de carbono, un gas venenoso sin olor que puede matar en cuestión de minutos. Kandace, de 28 años; Jordan, de 28, y Courtez, de 33, habrían muerto por un mal funcionamiento del calentador de agua ubicado dentro del piso, según las investigaciones preliminares.

La pareja de Kandace, Victor Day, ha dicho a EL PAÍS que el anuncio del departamento en Airbnb aseguraba que este estaba equipado con detectores de monóxido de carbono. Sin embargo, la administración del edificio ha revelado que, en realidad, el piso no contaba con esos dispositivos. “No puedo procesar en mi mente por qué mi hija no está aquí hoy. No hay excusa. [El detector] cuesta 30 dólares. De haber sabido, yo se lo hubiera comprado”, dijo la madre de Kandace, Freida Florence, a NBC.

No es la primera vez que Airbnb enfrentaría una demanda legal por muertes relacionados con el envenenamiento de huéspedes por monóxido de carbono, según dijo el abogado de las familias a la cadena estadounidense, L. Chris Stewart. La compañía regula las armas y las fiestas, de modo que requerir a los propietarios —llamados anfitriones— que instalen detectores debería ser una política empresarial para garantizar la seguridad de sus clientes, agregó el defensor. A la fecha, los anfitriones solo son “exhortados” a confirmar que sus pisos cuentan con los aparatos. El abogado señaló que Airbnb probablemente no requiere los detectores de monóxido de carbono como una obligación porque miles de anuncios tendrían que ser excluidos de la plataforma, lo que afectaría las ganancias de la empresa. “Siempre se trata de dinero. Ellos solo hablan de dinero. Por ello esta demanda está en puerta”, declaró a NBC.

La publicación señala que Airbnb expuso en un comunicado que ha puesto en marcha un programa global consistente en obsequiar detectores de humo y monóxido de carbono a los anfitriones “elegibles”. La compañía dijo que más de 200.000 anfitriones de todo el mundo han ordenado aparatos mediante el programa. Este diario solicitó a Airbnb un nuevo posicionamiento tras darse a conocer que enfrentará una demanda en EE UU, pero la compañía no ha atendido el requerimiento.

Kandace, Jordan y Courtez murieron la madrugada del 31 de octubre en un departamento del condominio La Cité, localizado en una zona privilegiada de Santa Fe, en Ciudad de México. Habían estado de visita para pasar las festividades del Día de Muertos. Poco antes de morir, Kandace contactó a su pareja en EE UU, Victor Day, y le dijo que se sentía “como drogada”. Dado que los tres amigos habían estado previamente en un bar de la capital, los familiares creyeron inicialmente que allí consumieron alguna sustancia en sus bebidas. A un mes de su muerte, las investigaciones apuntan a que sufrieron una intoxicación por monóxido de carbono debido a un mal funcionamiento del calentador de agua (uno de los cuerpos fue hallado en la ducha). EL PAÍS contactó a la anfitriona del departamento, que no ha querido confirmar si su piso contaba o no con detectores del gas. No obstante, este periódico ha accedido a comunicaciones internas de la empresa que gestiona el condominio, Administración AIO, en las que se afirma que el apartamento no tenía esos dispositivos. Day ha asegurado que el anuncio en la plataforma decía que estaba equipado con los detectores. El anuncio ya fue dado de baja.

La investigación del caso, a cargo de la Fiscalía de la Ciudad de México, no ha estado exenta de contradicciones. Las autoridades indicaron en un comunicado que en el piso había un “fuerte olor a gas”, versión que han negado tanto la administración del condominio como la propietaria del piso, cuyo nombre se mantiene en reserva para no perjudicar las indagatorias.

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