Así consiguió el Gobierno mexicano los mensajes de WhatsApp descalificados del ‘caso Ayotzinapa’

Parecía una buena noticia. Después del fiasco de Tomás Zerón, aquellos mensajes llegaban como bálsamo a la comisión presidencial que investiga el caso Ayotzinapa. En febrero, el encargado de la comisión, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, había viajado a Israel para traer de vuelta a Zerón. Pero el exfuncionario, artífice de la conocida como verdad histórica, la versión que armó el Gobierno anterior para liquidar el caso, se había negado a colaborar. De ahí la expectativa con los mensajes. Eran cientos de comunicaciones de la red criminal de Iguala, encuadrados en 467 capturas de pantalla, en las que se reflejaba el posible destino de los 43 estudiantes normalistas, desaparecidos ocho años atrás en ese municipio de Guerrero.

La información llegó en abril, dos meses después de la reunión con Zerón, según ha podido saber EL PAÍS de fuentes que han seguido de cerca el proceso de investigación estos meses. Una persona conocida de la comisión y de los otros dos equipos de investigación, el Grupo de Expertos Internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (GIEI) y la unidad especial de la Fiscalía para el caso (UEILCA), se acercó al grupo de Encinas con celulares y memorias USB. Allí, defendía, figuraban mensajes intercambiados entre integrantes de las diferentes células de Guerreros Unidos y de estos con autoridades de distintos niveles.

Polémicos desde el primer día, los mensajes simbolizan ahora el primer gran traspié de los investigadores del actual Gobierno. Este lunes, el GIEI compareció ante la prensa para informar de que un peritaje que había encargado concluía que no podía asegurarse que fueran reales. El GIEI dio diferentes motivos, por ejemplo, que en algunos mensajes, de octubre de 2014, aparecía el doble check azul de Whatsapp, funcionalidad que no llegaría a la aplicación hasta un mes más tarde. O que otros mensajes habían sido enviados después de la captura de pantalla... La pregunta ahora apunta al alcance del peritaje. No se pudo confirmar su autenticidad, pero entonces, ¿son falsos? Y si lo son, ¿cómo llegaron a integrar un informe oficial de la comisión? ¿Por qué no se verificaron antes?

Los mensajes cerraban partes de la historia del ataque contra los normalistas, que apenas habían salido del terreno de la hipótesis en todos estos años. Así, por ejemplo, incorporaba comunicaciones en que se hablaba de que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, había ordenado el ataque contra los muchachos, presuntamente para proteger un cargamento de droga. Como documentó entonces la oficina de la DEA en Chicago (Estados Unidos), el grupo criminal dirigía una ruta de trasiego de heroína entre Iguala y el país del norte, usando autobuses de pasajeros.

Las comunicaciones mostraban también el intercambio constante de dos militares con Guerreros Unidos, uno de ellos el comandante de una de las dos guarniciones del Ejército en Iguala, el 27 Batallón de Infantería, el entonces coronel José Rodríguez, hoy general. Eran mensajes cambiados durante el ataque, pero también días más tarde, como uno del 30 de septiembre, en que Rodríguez decía que ellos se iban a “encargar” de seis de los estudiantes desaparecidos, cautivos en una bodega desde el ataque. Rodríguez habría ordenado su asesinato.

El Chino

En muchos de los mensajes, uno de los interlocutores era David Cruz Hernández, alias El Chino, trabajador de Protección Civil de Iguala en la época y parte de la estructura de Guerreros Unidos. Detenido desde los años de Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el GIEI apuntó temprano su participación en el asesinato de uno de los tres estudiantes caídos en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, Julio César Mondragón. En los informes del GIEI, El Chino aparece igualmente implicado en uno de los posibles escenarios donde los criminales podrían haber asesinado a una parte de los estudiantes, Pueblo Viejo, a las afueras de Iguala.

La presencia de El Chino en los mensajes que recibía la comisión no era una mera casualidad. La fuente que los llevaba decía haber sido compañero de celda del criminal de Guerreros Unidos, durante su estancia en una prisión en Nayarit. Según el relato de esta persona, al salir de prisión había contactado con la que había sido pareja de El Chino en la época del ataque, quien habría guardado mensajes intercambiados por El Chino y por ella misma con colegas de Guerreros Unidos, amigas y autoridades. En el informe de la comisión, aparecen cantidad de mensajes también de alias Karen, la entonces pareja de El Chino.

Lo extraño de todo esto es que la fuente de la comisión era desde hacía meses conocido de la Fiscalía, con su nombre en clave. En 2021, esta persona, cuyo nombre no aparece en estas líneas para evitar entorpecer la investigación, había declarado informalmente ante la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía, la UEILCA, comandada entonces por Omar Gómez Trejo. En esa declaración, la fuente no había mencionado la posesión de ningún paquete de mensajes entre El Chino, autoridades y el resto del grupo criminal.

Al interior de la comisión, la persona que estuvo en contacto con la fuente, coordinó la entrega de los mensajes y los sumó a la indagatoria del grupo fue su secretario técnico, Félix Santana, hombre que trabaja con el subsecretario Encinas desde hace años. Por algún motivo, y a diferencia de la dinámica de trabajo establecida a lo largo de los años entre el GIEI, la comisión y la UEILCA, el equipo de Encinas no compartió el nuevo paquete de evidencias con los demás equipos, situación que la comisión todavía no explica.

El 18 de agosto, la comisión presentó el informe de su trabajo estos años, informando por primera vez al resto de equipos, a las familias de los 43 y a sus abogados de la existencia de las 467 capturas de pantalla. Hecho público ese mismo día, la comisión entregó tachados buena parte de los mensajes, pero pocas semanas más tarde el informe sin tachaduras ya se había filtrado a diferentes medios de comunicación. La polémica sobre la filtración opacó una cuestión nuclear para los grupos de investigadores: la veracidad de los mensajes, cuestionada desde el primer día por un molesto GIEI, que inició un peritaje de los intercambios.

Declaraciones

Además del peritaje, la UEILCA, todavía con Gómez Trejo al frente, llamó a declarar de nuevo, a mediados de agosto, a la fuente de la comisión, que depositó el mismo material que meses atrás le había entregado al grupo de Encinas. La unidad de la Fiscalía tomó declaración también al secretario técnico Santana, para tratar de entender el proceso de recepción de la información. Por entonces, medio México seguía boquiabierto ante las revelaciones del informe sin tachar y las acusaciones del propio Encinas al general Rodríguez. En la presentación del informe, su nombre había pasado desapercibido y fue el propio Encinas quien dijo, días más tarde, que el alias Coronel que aparecía en el documento era el jefe militar.

Dos meses y medio más tarde, todo la novedad que se presuponía al informe y sus implicaciones parecen desinflarse. Encinas ha defendido estos días el trabajo de la comisión, señalando que con capturas de pantalla o sin ellas, los avances son sólidos. Encinas ha puesto de ejemplo una de las comunicaciones entregadas por la fuente, referidas en el informe. “A las 07:37″, dice el informe sobre el intercambio, en referencia al 27 de septiembre de 2014, horas después del ataque, “El Chino le dice a El Negro, ‘patrón, ya quedó todo listo, se repartieron los paquetes, unos a huitzu, pueblo viejo y unos al río. Y se recuperó el material. Ahorita está todo en orden patrón’. El Negro responde, ‘ya está pues. Ahí les transfiero algo extra para que lo repartan a la gente. Por unos días, no quiero nada de desmadre. Quita a tus H y dile a los demás que quiten a su gente mientras se enfría todo el alboroto”.

El Negro, personaje del que apenas se había hablado en el marco de la investigación estos años, envía un mensaje final: “No me marquen a menos que sea muy necesario. Desháganse de los teléfonos, que no quede nada”. Según Encinas, al menos 12 fuentes respaldan lo que figura en los mensajes anteriores, entre ellas testimonios de varios testigos protegidos, análisis de comunicaciones telefónicas, los informes pasados del GIEI, etcétera. Aunque en este caso concreto sea así, otros no, caso del general Rodríguez. Detenido en septiembre, la Fiscalía lo acusa de delincuencia organizada, argumento sustentado en información ajena al informe. Las capturas de pantalla desechadas señalaban su responsabilidad en el homicidio de varios de los estudiantes desaparecidos. Sin las capturas, esa acusación resulta poco menos que una hipótesis preliminar.

Lo mismo ocurre con el destino final de los estudiantes. Los mensajes señalan el reparto de los muchachos o sus cuerpos por parte de criminales y autoridades, para deshacerse de los restos. En un primer momento, los delincuentes habrían repartido sus cadáveres en Huitzuco, Pueblo Viejo, el río Balsas —distinto al río en que la vieja Fiscalía señalaba que Guerreros Unidos había tirado a una parte de los estudiantes— una mina, pozos, incluso habrían deshecho algunos. Luego, otros mensajes señalan que ante el escándalo generado por el ataque, criminales y militares habrían movido restos, para evitar su hallazgo. Incluso se señala que parte de los cuerpos habrían sido concentrados en un cuartel militar. Sin los mensajes, buena parte de estas hipótesis pierden fuerza o, directamente, se caen, sobre todo las que apuntan a los movimientos de la red criminal en los días posteriores al ataque.

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