Morena presiona al PRI de cara a la gran batalla por la reforma electoral

Superado el primer objetivo, blindar al Ejército, la agenda del Gobierno se mueve ya hacia la que, a fin de cuentas, es la mayor de sus prioridades: la reforma electoral. Un nuevo cambio constitucional que requerirá también del apoyo de parte de la oposición. La semana pasada, Morena logró los votos suficientes para sacar adelante la reforma que mantiene a los soldados en las calles gracias al respaldo de un PRI dividido que, a su vez, ha dinamitado el frente común de la oposición. El artífice de la estrategia fue el secretario de Gobernación. Por indicación directa del presidente, Adán Augusto López entró a fondo en unas negociaciones difíciles que duraron semanas. Con esa misma inercia, López ha comenzado ya a elevar la presión de nuevo al deslizar un probable pacto con el PRI sobre la reforma electoral, un asunto delicado con más costes políticos que el apoyo al Ejército.

En una de sus frecuentes visitas al Congreso, el secretario de Gobernación ha explicado que el Gobierno “tiene la esperanza” de alcanzar un acuerdo con la oposición. Más concretamente con el partido tricolor: “Los priistas ocupan un espacio en el espectro político de este país. Nos toca en este momento encontrar consensos y ver cuáles son los temas en común y avanzar”. El secretario de Gobernación ha dado a entender incluso que el margen del acuerdo sería tan amplio que podría volver a plantearse una segunda reforma eléctrica, el primer cambio constitucional que buscaba el Gobierno y que fue bloqueado en abril por la falta de apoyos con la oposición.

Pero desde aquella derrota parlamentaria de Morena, han cambiado las cosas en el PRI. El grupo priista en el congreso propuso por iniciativa propia la reforma en favor del Ejército en las calles, alineándose con la agenda del Gobierno por decisión directa del presidente del partido, Alejandro Moreno. El movimiento provocó la guerra interna. Numerosos pesos pesados de la formación tricolor acusaron a su presidente de entregarse a los brazos del Gobierno para salvar su pellejo. Moreno está siendo investigado por la Fiscalía en un caso de corrupción, que ha pedido al parlamento que le sea retirado el fuero como diputado. El grupo priista en el Senado, donde están representados los críticos a su presidente, resistió en primera instancia en embate y rechazó aprobar la reforma. Pero la semana pasada, Morena doblegó a la oposición. Nueve de los 13 senadores priistas votaron a favor.

La apuesta de un acercamiento del histórico partido mexicano a la formación de López Obrador va tomando cada vez más cuerpo, lo que allanaría el camino para los planes del Gobierno. De momento, la respuesta desde la bancada priista es de precaución, tratando de mantener una distancia prudencial pero sin cerrar la puerta. El coordinador del grupo en el congreso, Rubén Moreira, respondió así a las presiones del López: “Si no hay reforma electoral, nosotros no tenemos problema. Vamos con la ley que existe. Nosotros respetamos la autonomía del INE y de los tribunales electorales. Eso es todo”.

Pese a la cautela mostrada por Moreira, hace un par de semanas los diputados priistas presentes en la comisión parlamentaria encargada de discutir la reforma abrieron hace dos semanas la puerta. “El grupo del PRI está a favor de todo lo que sume a la democracia del país”, dijo Javier Casique, uno de los operadores más cercanos a Moreno. El propio presidente de la formación salió también al paso en un tono parecido: abierto al debate pero poniendo límites. “Nosotros no vamos a avalar nada que dañe al Instituto Nacional Electoral ni al Tribunal Federal Electoral”. Unas líneas rojas que buscan amortiguar el coste político de la reforma planteada hasta ahora por el Gobierno, que ha encontrado fuertes resistencias dentro y fuera de las instituciones.

López Obrador presentó a finales de abril una nueva iniciativa legislativa en el Congreso para dar un vuelco al sistema electoral. El proyecto pasa por incluir cambios en hasta 18 artículos de la Constitución para poder llevar a cabo la sustitución del Instituto Nacional Electoral (INE), la eliminación de los diputados plurinominales (elegidos por representación proporcional, sin voto directo) y reducir los congresos locales. La nueva iniciativa plantea de momento la sustitución del INE por un organismo llamado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas que tendría siete integrantes elegidos por sufragio directo y popular sobre una lista de 60 candidatos presentados por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Actualmente, el INE tiene 11 consejeros que son electos en consenso por el Congreso.

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