Los pendientes del Congreso de la 4T

Legislatura tras legislatura, el Congreso mexicano se ahoga de trabajo y no logra terminar de legislar los pendientes que tiene. Se presentan miles de iniciativas, se discuten unas cuantas y al final, muchas tareas legislativas quedan pendientes. Existen cambios legales que llevan más de 10 años esperando ser atendidos, a pesar de que la ley mandata que el Congreso lo haga.

El campeón de los pendientes es la Ley General de Aguas, una ley lleva 10 años sin ser emitida a pesar de que existe un mandato explícito para su creación desde el sexenio de Calderón. Esto es grave. Sin una Ley General de Aguas, México no puede resolver controversias sobre el uso de agua que afectan a docenas de sus municipios. El país tampoco es capaz de coordinarse efectivamente para resolver la sequía con apoyo de los tres niveles de Gobierno, ni tiene criterios explícitos para garantizar el derecho humano al agua que supuestamente está reconocido en la constitución.

Otro añejo pendiente es la creación de una Ley General de Comunicación Social que evite que el gasto en publicidad del Gobierno sea una herramienta para controlar a la prensa. Esta ley se debió haber creado hace ocho años cuando, en 2014, se aprobó una reforma política que lo solicitaba. No ha sido así a pesar de que en al menos dos ocasiones la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias donde se pide al Congreso que cumpla su labor.

El resultado es una amplia discrecionalidad en el uso de los recursos públicos. Como han mostrado Artículo 19 y Fundar, si bien López Obrador ha reducido el gasto en publicidad de manera significativa, todavía gasta de manera discrecional. Un puñado de 10 medios han recibido el 50% del gasto en publicidad durante los primeros tres años del sexenio y extrañamente, el 77% de ese gasto, tiende a realizarse durante diciembre. Además, la Lotería Nacional, un organismo sin relevancia pública, ha sido consistentemente uno de los principales compradores de publicidad por varios sexenios, incluyendo el actual.

Un tercer pendiente, en este caso con siete años de espera, es la expedición del Código Único en Materia Familiar y Civil para facilitar el acceso a la justicia de manera cotidiana. En 2017, como parte de las discusiones de justicia cotidiana de Peña Nieto, se emitió un decreto que ordenó al Congreso a homologar los procedimientos civiles y familiares para fomentar la oralidad en los procesos y mejorar su aplicación.

A la fecha el Congreso no lo ha hecho. Su desacato nos afecta a todos porque el 65% de los asuntos que atiende el Poder Judicial en México son civiles o familiares. Sin un código único, los procesos pueden resolverse de manera completamente distinta dependiendo de la jurisdicción. Esto facilita la creación de estrategias legales abusivas y permite la supervivencia de malas prácticas legales a nivel local.

Es imperante que exista un buen Código Único que conjunte las mejores prácticas de cada Estado a fin de que todos los ciudadanos tengamos acceso a justicia expedita en la materia. Ya han comenzado a organizarse foros para la discusión del código, pero estos avanzan lento y resolverlo todavía parece lejano a pesar de que llevamos siete años esperando.

Otro pendiente importante y que lleva años sin atención es la regulación de la marihuana. En 2019, la Suprema Corte resolvió que la prohibición para el consumo personal de cannabis era inconstitucional, pues violaba los principios del libre desarrollo de la personalidad. Con ello dejó en manos del Congreso la responsabilidad de cambiar la regulación que se tenía.

Como en muchos otros casos, no se ha hecho. Por el contrario, la Ley General de Salud y el Código Penal Federal están atorados en el Senado desde abril del 2021, afectando el desarrollo de industrias completas. México podría ser un gran productor de aceites, medicamentos y otros productos relacionados con la marihuana. La falta de regulación impide las inversiones, la generación de empleos y por supuesto, el consumo.

Lamentablemente, estos pendientes críticos y añejos no son, por ahora, la prioridad del partido en el poder. Por el contrario, la agenda legislativa de Morena para el periodo ordinario de sesiones tiene por meta atender aspectos relacionados directamente con la agenda política de López Obrador.

La facción morenista enfocará su energía en aprobar un presupuesto que dé prioridad a los programas prioritarios de López Obrador, incluyendo aumentar el monto de pensión no contributiva que reciben los adultos mayores. Además, buscará reformar el sistema electoral mexicano porque piensa que es muy caro y que limita la participación política de la ciudadanía. También intentará adscribir administrativamente la Guardia Nacional al Ejército para, según se ha dicho, ordenarla y profesionalizarla.

Así mismo, se discutirá reforzar las sanciones administrativas para quien facilite el acceso de videojuegos a personas que no tienen una situación socioemocional sólida, eliminar los cambios de horario estacionales, imponer prisión preventiva oficiosa a la tala clandestina y declarar improcedentes los amparos indirectos a traslados de personas que se encuentren en prisión.

Todo tiende a mostrar que esta legislatura, además de contenciosa al interior de Morena, y entre Morena y su oposición, le dará prioridad a lo que Morena necesita políticamente y no a lo que México necesita como país.

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