Las cuentas pendientes de El Ochenta, uno de los jefes del cartel de La Línea

Carlos Arturo Quintana quizá no esté entre los narcotraficantes más famosos de México, pero en Estados Unidos es uno de los hombres más buscados. Su nombre está asociado a un extenso historial delictivo que ha aterrorizado al Estado norteño de Chihuahua durante más de una década. El Ochenta, el alias por el que es conocido, es identificado como uno de los cabecillas del cartel de La Línea, la organización criminal que fraguó una alianza con Rafael Caro Quintero, el Jefe de jefes, en su último intento de recuperar su reino criminal. Es del mismo grupo delictivo asociado con la masacre de la familia LeBarón, en la que fueron emboscados y asesinados seis niños y tres mujeres de una comunidad mormona. Su apodo emergió tras el asesinato de la periodista Miroslava Breach, del que fue señalado en un primer inicio como el autor intelectual, y también fue señalado por estar detrás de una campaña de intimidación contra otros comunicadores y el entonces gobernador Javier Corral. Tras varios años de espera y unos días después de que Washington pidiera al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador más resultados en materia de seguridad, Quintana fue extraditado el fin de semana pasado a Nuevo México. No será juzgado por ninguno de los crímenes anteriores, sino por construir un imperio apuntalado en el tráfico de marihuana desde la sierra de Chihuahua.

La extradición de Quintana supone un nuevo golpe de la justicia estadounidense contra el cartel de Juárez, una de las organizaciones criminales más antiguas de México, y sus herederos. La Línea emergió en el mapa delictivo del país justamente como brazo armado de Juárez, el antiguo grupo fundado en la década de los ochenta por Amado Carrillo Fuentes, El señor de los cielos. El árbol genealógico de todas las facciones que han estado asociadas a ese cartel es tan complejo que en Estados Unidos es común que se refieran a ese intrincado entramado como la organización de Vicente Carrillo Fuentes, el hermano que heredó el mando tras la muerte de Amado en los noventa. En julio de este año, por ejemplo, un tribunal de Dakota del Norte dio la razón a cuatro familias del clan LeBarón y ordenó al cartel de Juárez el pago de una indemnización de 4.600 millones de dólares por los daños sufridos durante la masacre perpetrada por La Línea en noviembre de 2019. El fallo vino unos días después de la captura de Caro Quintero por parte de las autoridades mexicanas.

Hace tiempo que El Ochenta está en la mira de Estados Unidos. La acusación por la que fue extraditado se remonta a principios de 2011, en la que Quintana es señalado como uno de los traficantes más prolíficos de marihuana a través de la porosa frontera de Nuevo México y Chihuahua. Aunque su nombre apenas se menciona en el sumario judicial estadounidense, enfrenta cargos por asociación delictuosa y contra la salud, según un comunicado de la Fiscalía General de la República. Su arresto no se produjo hasta mayo de 2018 en Namiquipa, una comunidad chihuahuense de menos de 25.000 habitantes. Para entonces, ya era señalado por las autoridades federales como “el principal generador de violencia en Chihuahua”. Así lo describieron Renato Sales, entonces comisionado de Seguridad Nacional, y Alfonso Navarrete, secretario de Gobernación, en el tramo final de la Administración de Enrique Peña Nieto.

Un año antes de la detención, El Ochenta había lanzado amenazas contra Corral. “Si me sigues mandando a tus achichincles, los voy a matar”, se leía en una manta que apareció en marzo de 2017. “Querías guerra, pues ya la tienes”, agregaba el mensaje. El pleito entre el capo y el político se remontaba a varios años. En marzo de 2016, Miroslava Breach publicó un artículo en el que acusaba a Quintana de sobornar a varias corporaciones de policía locales para operar a sus anchas y de tener acuerdos con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para que postulara a su suegra como candidata a la alcaldía de Bachiniva, también en Chihuahua.

Corral dijo en campaña que había varios narcocandidatos del PRI y ya como gobernador electo lanzó un ultimátum a El Ochenta para que abandonara Bachiniva en 72 horas o se arriesgara a ser capturado. Era agosto de 2016 y el capo ya era considerado por la DEA como uno de los jefes de Juárez. Breach fue asesinada a tiros en marzo de 2017. Se identificaron tres mensajes atribuidos a Quintana tras el homicidio, pero después se dijo que las amenazas habían sido sembradas por un grupo rival, Los Salazar, aliados del cartel de Sinaloa y eventualmente culpados de matar a la comunicadora.

Este mes, distintos grupos del narcotráfico sembraron el terror en Jalisco, Guanajuato, Baja California y Chihuahua, específicamente en Ciudad Juárez, donde murieron al menos nueve personas en varios episodios de violencia. Dos de los fallecidos eran reos que fallecieron en una disputa entre el cartel de Juárez y el cartel del Pacífico por el control de un penal, según la Secretaría de Defensa. La ola de ataques hizo que Estados Unidos rompiera el silencio e hiciera un llamado a México a refrendar sus compromisos bilaterales en el combate al crimen organizado. “Es tiempo de resultados en seguridad”, dijo el embajador Ken Salazar en una conferencia de prensa el jueves pasado.

Horas antes de los episodios de violencia en Jalisco y Guanajuato, el embajador dijo a las autoridades mexicanas que extraditar a los criminales es una manera “muy efectiva para tener impacto en esta delincuencia, porque estos delincuentes están ahí en los penales haciendo lo que siempre han hecho”. Esta semana, Salazar agradeció la extradición de Quintana por “capturar a uno de los cabecillas de organización criminal más buscados por el FBI, El Ochenta del cartel de Vicente Carrillo Fuentes”.

Un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense señaló que el capo de 40 años hizo su primera aparición en una corte de Nuevo México la semana pasada y que permanecerá bajo custodia mientras avance su caso. Pese a las sospechas de sobornar policías, intimidar periodistas e infiltrarse en la política de Chihuahua, su captura se dio hace cuatro años con fines de extradición, solo acusado de delitos cometidos mucho antes de escalar rangos hasta convertirse en uno de los criminales más temidos del norte de México.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país