El juez ordena que Murillo Karam permanezca en la cárcel

Después de una audiencia de 12 horas, el juez ha procesado al exprocurador Jesús Murillo Karam por desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Ayotzinapa. Por orden del juez, Murillo permanecerá en prisión, donde duerme desde su detención el viernes pasado. El arquitecto de la “verdad histórica” aguardará entre rejas el juicio, salvo cambio en la medida cautelar. Por los delitos que le acusan, el exfiscal afronta decenas de años de prisión. Solo por desaparición forzada podrían caerle hasta 40. Murillo tiene 74 años.

En síntesis, la Fiscalía acusa a Murillo de permitir y evitar denunciar la tortura que infringieron sus subordinados a cuatro detenidos por el caso. La dependencia señala además que el exfiscal impuso una línea de investigación parcialmente falsa, la llamada verdad histórica, que impidió seguir buscando a los 43 estudiantes desaparecidos. Esto, con el objetivo de atajar el “clamor social” que había provocado el caso. Por último, los investigadores afirman que Murillo organizó la manipulación de una de las presuntas escenas del crimen, el paraje del Río San Juan, donde sus secuaces hallaron restos de uno de los 43, Alexander Mora, en condiciones muy extrañas.

Hasta la fecha, Murillo es el exfuncionario de mayor rango procesado por el caso Ayotzinapa. Sus dos inmediatos subordinados en la época, acusados como él, están en busca y captura. El entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, es uno de ellos. Mencionado hasta la saciedad en la audiencia como brazo operador de Murillo en terreno, Zerón huyó a Israel hace años. Caso parecido es el de Gualberto Ramírez, subordinado de Zerón, prófugo de la justicia. Entre los tres, dice la Fiscalía, se armó un plan para cerrar rápidamente el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa.

En la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, una red de criminales y policías atacó a un grupo de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero. Los muchachos habían ido al pueblo a tomar autobuses para desplazarse días más tarde a Ciudad de México, a conmemorar la matanza del 2 de octubre. No está muy claro el motivo de la embestida. La actual administración de la Fiscalía plantea que pudo ser una confusión, la creencia de los atacantes de que los muchachos estaban infiltrados por un grupo rival. También que en uno de los autobuses que tomaron había un cargamento de droga.

El 5 de octubre de ese año, la entonces Procuraduría General de la República, con Murillo al frente, asumió las pesquisas por el ataque. El país vivía una oleada de protestas como no se habían visto en años, harto de una situación de violencia que duraba ya demasiado tiempo. Ayotzinapa había cruzado un límite y Murillo era el encargado de apagar el incendio. En apenas tres semanas, el exfiscal anunció a la prensa que el caso estaba por resolverse. En una conferencia de prensa el 27 de octubre dijo que se habían detenido a cuatro personas importantes para la investigación y planteó una teoría del caso, la verdad histórica, como él mismo la llamaría más adelante.

Su eficacia fue su tumba. Entre octubre de 2014 y enero siguiente, Murillo explicó que la embestida criminal acabó con los estudiantes muertos, quemados en el basurero de un pueblo vecino de Iguala, Cocula, sus restos arrojados al cercano río San Juan. A lo largo de los años, sin embargo, investigaciones independientes denunciaron irregularidades en las pesquisas, tortura de detenidos, siembra de evidencias… Con el cambio de guardia en el Gobierno y la Fiscalia, en diciembre de 2018, y el nacimiento a mediados de 2019 de una unidad especial para el caso en el seno de la agencia investigadora, esas denuncias se conviertieron en investigaciones oficiales. Las pesquisas han acabando ahora con Murillo en la cárcel.

En la sesión de este miércoles, Fiscalía y defensa han repasado las pruebas de cargo y descargo contra el exfiscal. Lo tenía más fácil la parte acusadora, apoyada en Santiago Aguirre, abogado de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, y Daniela Aguirre, representante de las víctimas de tortura de los años de Murillo al frente de las investigaciones. En esta etapa del proceso, la Fiscalía solo debía convencer al juez de la probabilidad de que Murillo sea culpable, no de la certeza. Para la hora de comer, la decisión estaba tomada, el juez aceptaba los argumentos de los fiscales. Sólo faltaba la medida cautelar.

Entonces ha llegado la sorpresa. A última hora, los abogados de Murillo han presentado un testigo, experto en “medidas cautelares y análisis de riesgos procesales”, que ha presentado un informe sobre las bondades del exfiscal. Murillo, ha dicho Cuauhtémoc Vázquez González de la Vega, el experto, es “el brazo fuerte” de la familia, amante de sus hijos, nietos y perros, arraigado en México, incapaz de huir.

González de le Vega ha abundado además en los padecimientos médicos del exfuncionario, entre ellos una “deficiencia del metabolismo neurológico” y un caso complicado de hipertensión. “Prácticamente no sale de casa”, ha dicho. Pese a ello, el juez ha decidido mantener la prisión preventiva después de que la Fiscalía alegara el alto riesgo de fuga, debido, en parte, a la red de contactos que maneja un exfuncionario como Murillo. “El testigo ilustra precisamente la red de que dispone Murillo”, ha dicho con sorna una de las fiscales, Lidia Bustamante.

Murillo ha ido perdiendo energía con el paso de las horas. Su postura erguida de la mañana ha cedido a pesadumbres posteriores. A las 13.00, el exfiscal sostenía su frente con las manos, entre hastiado y pensativo, escuchando a los abogados. A veces metía las manos en los bolsillos de su chamarra, que nunca se ha quitado. El cubrebocas caía, primero al tabique, luego boca y barbilla, hasta que, ya en la noche, se lo ha retirado. A última hora se agarraba la cabeza con las dos manos. Luego ha apoyado la barbilla en los puños y así se ha quedado.

Ha tomado la palabra en un par de ocasiones. En la segunda, antes del receso de la comida, ha defendido su actuar y ha criticado a todos los que en estos años han señalado irregularidades en el caso que armó la vieja PGR, bajo su mando. El exfiscal se ha referido en concreto al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y al Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) que comisionó la CIDH a México, grupos que han analizado el caso estos años y denunciaron, por primera vez, sus irregularidades.

“Estos grupos argentinos e interamericanos participaron en toda la investigación. Ellos decidieron qué restos se mandarían para analizar, dónde se mandarían…”, ha dicho el exfiscal. “Desde hace siete años han buscado una alternativa, han inventado muchas y todas se caen. Hubo restos encontrados, sí”, ha dicho, en referencia a fragmentos óseos de dos de los 43 ubicados en 2020 y 2021, a casi un kilómetro del escenario central de la verdad histórica. A continuación, Murillo ha añadido: “Pero [los encontraron] en el camino de la barranca al basurero. Pudo hacerse mejor”, ha concluído, “pudieron cometerse fallos, pero ninguno lo ha podido tirar”.

La detención y procesamiento de Murillo ocurre días después de que la comisión presidencial que investiga el caso, en apoyo de la Fiscalía, difundiera un informe que fullminaba de manera oficial la verdad histórica. Creada por mandato del presidente, Andrés Manuel López Obrador, la comisión, liderada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, tilda de montaje la versión de Murillo, Zerón y compañía y señala la participación de autoridades civiles y militares en la desaparición, por acción u omisión. El informe califica de “crimen de Estado” el ataque y las corruptelas posteriores del Gobierno.

El documento ha dejado una frase que nadie quería escuchar pero que muchos daban por probable: “No hay indicios de que los estudiantes desaparecidos estén con vida”. Su presentación inauguró además una catarata de novedades sobre el caso, empezando por la detención de Murillo y siguiendo con la orden de un juez de detener a 20 mandos militares y elementos de tropa, además de otros 63 policías locales y autoridades de Guerrero. La trágica historia, uno de los símbolos de la violencia y la corrupción de las instituciones mexicanas de su época reciente, inicia así un nuevo capítulo.

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