La Fiscalía se juega su credibilidad y la de la investigación del ‘caso Ayotzinapa’ en el proceso contra Murillo Karam

La Fiscalía mexicana enfrenta un nuevo reto este miércoles, después del fiasco momentáneo del caso Odebrecht y las dudas que ha dejado su actuación en la investigación por la Estafa Maestra. Casos de corrupción emblemáticos del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la dependencia pisa ahora terreno resbaladizo, la audiencia de imputación del exfiscal Jesús Murillo Karam, acusado de graves delitos cometidos supuestamente en el marco de las pesquisas del caso Ayotzinapa. La agencia investigadora lo acusa de desaparición forzada, tortura y obstrucción a la justicia.

La audiencia de Murillo es una piedra de toque para la Fiscalía. Su credibilidad está en juego, igual que la investigación del caso entero, una en las que más empeño ha puesto la dependencia, consciente de la importancia que le da el presidente, Andrés Manuel López Obrador. No en vano, el mandatario creó una comisión especial para el caso, apoyo de la Fiscalía, en una de las primeras decisiones de su mandato. Justo o injusto, el procesamiento de Murillo sería el éxito de la Fiscalía, también del Gobierno.

Ocurre, sin embargo, que la Fiscalía ha entrado con mal pie en el caso Murillo. Consiguió que el juez otorgara la orden de detención, pero recibió varios llamados de atención en la primera audiencia, el sábado, por no plantear adecuadamente sus argumentos. Para mayor dificultad, el fiscal del caso, Omar Gómez, que no participó en la sesión del sábado, tampoco lo hará este miércoles, lo que tiene desconcertadas a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, que ven en el proceso a Murillo una oportunidad de empezar a hacer justicia.

Los traspiés de la Fiscalía enlazan además con los desencuentros entre la comisión presidencial, que presentó el informe de sus pesquisas el jueves pasado, por un lado, y las familias y el grupo de expertos que comisionó la CIDH a México para analizar el caso, por otro. El lunes, los expertos señalaron que parte de las conclusiones del informe se basan en información que ellos desconocían, cuyas fuentes originales no han podido analizar. En el grupo no entienden, además, el cambio de actitud de la comisión, con la que habían compartido información desde su creación.

Murillo Karam fue el procurador general en los primeros años de Peña Nieto. En 2014, asumió y lideró las pesquisas por el ataque contra el grupo de estudiantes de la normal de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. Producto del ataque, lanzado por criminales y policías ante los ojos de militares, que nada hicieron para evitarlo, 43 normalistas desaparecieron. Según la actual administración de la Fiscalía, Murillo y su hombre en el terreno, Tomás Zerón, director de la Agencia de Investigación Criminal, construyeron una historia falsa de lo que había ocurrido a los estudiantes. Zerón, acusado de lo mismo que su jefe, se encuentra prófugo.

El caso Ayotzinapa golpeó al Gobierno de Peña Nieto como pocas situaciones lo hicieron, antes o después. Si acaso el asunto de la Casa Blanca, el escándalo que destapó la cercanía de un grupo constructor con el presidente, agraciado con obras y contratos, hasta el punto de que la compañía le cedió una casa en la exclusiva barriada de Las Lomas, en la capital. Pero nada como Ayotzinapa, ejemplo casi desde el principio del desaseo de la investigación criminal en el país.

Con el paso de los años, y visto el estado actual de las pesquisas, desaseo parece un término menor, un eufemismo. La Fiscalía acusa a Murillo de orquestar un plan para construir un relato del ataque contra los estudiantes, narración falsa cuyo único objetivo era cerrar el caso y atajar así la ola de protestas que golpeaba al Gobierno, como nunca antes desde su estreno, en diciembre de 2012. Le acusa, también, de ocultar líneas de investigación que podrían haber resultado en conocer el paradero de los muchachos, vivos o muertos.

Luego está el asunto de la tortura. En estos años, diferentes investigaciones, caso del informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país, han señalado que los investigadores, la mayoría bajo el mando de Murillo, torturaron a detenidos por el caso Ayotzinapa. A estas alturas, la Fiscalía cuenta también con vídeos de los malos tratos infligidos a detenidos, que se cuentan por decenas. Murillo no aparece torturando en las imágenes, tampoco hay señalamientos directos de que él ordenara la tortura. Pero su posición -responsable directo de las investigaciones- es suficiente, a juicio de la Fiscalía, para procesarle.

Otro de los temas que mantiene pendiente a la opinión pública son las medidas cautelares que el juez impondría a Murillo, en caso de que decidiera procesarle. Desde el sábado, Murillo está en la cárcel de manera preventiva. El juez estimó que había riesgo de fuga si le dejaba salir. Este miércoles, en caso de que Murillo sea procesado, sus abogados podrían pedir al juez que reconsidere la prisión preventiva, dado el mal estado de salud del exfiscal. Podría ocurrir que Murillo, procesado, aguarde el juicio en su casa. En un país como México, acostumbrado al ruido mediático de los procesos, una decisión así sería difícil de manejar. Para la Fiscalía y para el Gobierno.

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