México eleva la apuesta por los militares

Cambian presidentes y gobiernos, pero la violencia continúa en México, una tragedia de fin incierto que deja miles de asesinatos cada año, más de 30.000 anuales desde 2017. Esta semana, el país ha vivido dos ejemplos escalofriantes, narcobloqueos y ataques en Ciudad Juárez, Jalisco y Guanajuato. Frente a ello, la clase política apenas propone ideas nuevas. Las últimas tres administraciones, incluyendo la actual, han tratado de atajar el problema con grandes despliegues y operativos militares. Casi 16 años después, la única victoria que puede celebrar el Gobierno es una sutil tendencia a la estabilización. Por lo menos, la curva de crecimiento de los asesinatos se aplana.

El Ejército aparece como la única solución posible, para el presente y también para el futuro. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha anunciado esta semana su intención de cambiar la estructura de mando de la Guardia Nacional, corporación surgida a inicios de su mandato. Si cumple su propósito, la Guardia dejará de depender de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y pasará a formar parte del organigrama de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, los militares controlarían de forma permanente el esfuerzo colosal de prevenir delitos en un país de 126 millones de habitantes.

Desde su advenimiento en 2019, la misión de la Guardia Nacional ha sido sustituir a la Policía Federal, creada durante el primer Gobierno del cambio, encabezado por Vicente Fox (2000 - 2006), después de 71 años de dominio del PRI en el país. Durante la última campaña presidencial, López Obrador criticó duramente a la federal, un nido de corrupción, a su entender, que no tendría cabida en su Gobierno. “Hay mucha descomposición en los cuerpos policiales. Se creó la Policía Federal para garantizar la seguridad pública, para que no intervinieran ni el Ejército ni la Marina. Pero no se ha consolidado”, dijo el futuro mandatario en noviembre de 2018, ya vencedor en las elecciones, un mes antes de jurar el cargo.

Nacida civil, ahora se discute el futuro orgánico de la Guardia Nacional y, por tanto, el peso de las Fuerzas Armadas en el Estado. La adscripción de la corporación importa, principalmente por tres motivos. Uno, el poder creciente de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, dos, las dudas sobre las ventajas y beneficios de emplear a militares de policías, y tres, la sospecha de que una Guardia Nacional dependiente del Ejército adoptaría la opacidad característica del mundo castrense. Pese a lo anterior, López Obrador se ha mostrado firme sobre su decisión, abonando a la idea que transmitió hace casi cuatro años, cuando anunció su creación: “La política siempre es optar entre inconvenientes”.

De los tres, quizá el más inminente, por sus consecuencias, es el segundo, los presuntos beneficios del uso de soldados y oficiales en tareas de seguridad pública. Pese a lo que pueda parecer, diferentes estudios publicados estos años en México señalan que la presencia de militares en las calles ha sido en realidad perjudicial para el país. En Las violencias: en busca de la política pública detrás de las guerra contra las drogas, los académicos Laura Atuesta y Alejandro Madrazo señalan, por ejemplo, que el número de homicidios a nivel municipal se incrementa por la existencia de enfrentamientos entre fuerzas públicas y presuntos delincuentes. Sobre todo, dicen, si las fuerzas públicas están compuestas de militares.

Ante la evidencia, la respuesta parece simple: y si no se usa a los soldados, entonces ¿qué? Si los militares vuelven a los cuarteles, como defendió López Obrador antes de llegar al Gobierno, ¿quién se encarga de la seguridad? La réplica suele apuntar al fortalecimiento de las policías municipales y estatales y el mantenimiento de la Guardia Nacional en jerarquías civiles, como ocurre en España con la Guardia Civil. Allá, la corporación, de espíritu híbrido entre lo civil y lo militar, depende del Ministerio del Interior y no del de Defensa. Pero lo cierto es que ahora mismo, México parece no tener más opciones.

Los alegatos a favor de las Fuerzas Armadas que ha ensayado López Obrador estos años aluden a su presunto carácter incorruptible. Para el mandatario, generales y almirantes son ajenos al fraude, el desvío de recursos o el enriquecimiento ilícito. De ahí que haya puesto en sus manos obras paradigmáticas del sexenio, caso del nuevo aeropuerto de Ciudad de México, construido sobre una antigua base aérea, o tramos del tren maya, además de mecanismos básicos del Estado, como el servicio de aduanas.

Poco han importado los señalamientos de corrupción por contrataciones irregulares al interior de la Secretaría de la Defensa, desvelados por EL PAÍS entre otros medios, en los últimos años. En julio de 2020, este diario informó, por ejemplo, de que el Ejército había desviado en años anteriores casi 15 millones de dólares para comprar armamento a una empresa fantasma. Un mes más tarde, la acusación contra la dependencia señalaba el supuesto uso de 11 empresas fantasma en la modernización de las aduanas.

Las denuncias anteriores apuntan a presuntas corruptelas ocurridas en los años de Enrique Peña Nieto en la presidencia (2012 - 2018), argumento que López Obrador ha colocado en el núcleo de su defensa hacia las Fuerzas Armadas. “Ya no es como antes”, suele decir el mandatario frente a cualquier tipo de crítica al desempeño del Gobierno. Así, aunque los militares patrullen las calles como en años de Felipe Calderón (2006-2012) o el mismo Peña Nieto, ahora es distinto porque, bajo su mando, la orden es que se respeten los derechos humanos.

Esta semana, en entrevista con este medio, el académico Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana, mostraba su inquietud ante el cambio en la Guardia Nacional. “Nos coloca en un escenario inquietante. ¿Hacia dónde va López Obrador? ¿Qué quiere? ¿En qué régimen y sistema político piensa?”, decía. “No hay semana que pase sin que les otorgue mas recursos e influencia a los militares, ¿en qué está pensando? La noticia desafía abiertamente al régimen constitucional y burla su propio acuerdo”, añadía. La pelota está en el tejado del Gobierno, que ha hipotecado sus últimos dos años a una estrategia que, de momento, no ha funcionado.

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