El Gobierno de México reanuda la construcción del tramo 5 del Tren Maya por “seguridad nacional”

El movimiento de maquinaria comenzó el pasado 13 de julio por la noche. Para el día siguiente ya era evidente que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador había tomado la decisión de retomar la construcción del tramo 5 del Tren Maya, suspendida por orden de un juez desde abril pasado: las retroexcavadoras volvían a trabajar a toda marcha en Puerto Morelos, Xpu Ha, Playa del Carmen y Tulum. Los chats y redes de quienes se oponen a que el ferrocarril se abra paso por la selva de Quintana Roo se llenaron de videos de árboles siendo derribados por las máquinas. No ha sido hasta este lunes que Javier May, responsable de Fonatur, ha confirmado que se ha reanudado la obra pese a las órdenes del juez, argumentando que se trata de un proyecto de seguridad nacional.

“En la sesión del Consejo de Seguridad determinaron que es una obra de seguridad nacional por las vías férreas, y que los interesados, que son la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, fueron los que determinaron que la obra se inicie”, dijo May a los medios a las afueras de Palacio Nacional. El Gobierno lleva argumentando que la obra es un asunto de seguridad nacional desde finales de 2021, cuando el presidente firmó un decreto que declaraba así a todos los megaproyectos de su Gobierno. Con ello buscaban acelerar los procesos a los que se tienen que someter los proyectos de infraestructura, como los estudios previos de impacto ambiental y la autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente.

El juez Adrián Fernando Novelo no dio por bueno ese argumento y ordenó detener la construcción del tramo 5 del Tren Maya en abril pasado por haber empezado a deforestar la selva antes de contar con los permisos ambientales correspondientes. La suspensión definitiva con la que cuenta el tramo 5 sur, el que va de Playa del Carmen a Tulum, implicaba que el Gobierno no podía reanudar las obras hasta que se resolviera el juicio, algo que podría durar meses o incluso años. Fonatur recurrió para intentar tumbar la decisión, pero hasta el momento no lo ha logrado. Mientras tanto, el tramo 5 norte, el que va de Playa del Carmen a Cancún, también cuenta con órdenes de suspensión provisional emitidas por el mismo juez.

El portavoz de Fonatur para el Tren Maya, Fernando Vázquez, dijo este lunes a EL PAÍS que el juez Novelo “tiene un criterio jurídico diferente” al del Gobierno, ya que en sus resoluciones no estima que el decreto de seguridad nacional sea suficiente para sortear los procesos de impacto ambiental. “Pero la ley de seguridad nacional faculta al titular del poder ejecutivo a impulsar acciones en materia de seguridad nacional y una de esas acciones es, por ejemplo, preservar la democracia fundada en el desarrollo económico del país. Y el Tren Maya va a detonar desarrollo económico y social en el sureste del país”, argumenta Vázquez. El funcionario detalla que lo anunciado este lunes es una declaración específica para el Tren Maya, mientras que el decreto de 2021 era “en materia general para todas las obras prioritarias”.

Antonella Vázquez, abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), dice que la reanudación de las obras significa que el Gobierno “está en desacato”. “Es muy grave, parece que viviéramos en universos distintos. No sé qué ley siguen, qué legislación”, lamenta. Su organización logró las órdenes de suspensión para el tramo 5 a raíz de la demanda presentada por un grupo de buzos, que argumentaba que la obra iba a afectar el complejo sistema de cuevas, cenotes y ríos subterráneos que se esconde bajo el suelo en el que se proyecta construir el ferrocarril. La abogada presentó ante el juzgado de Mérida el pasado viernes un incidente de incumplimiento a la suspensión y espera que el magistrado “imponga las medidas necesarias”.

“Me dejan estupefacto”, dice por su parte Pepe Urbina, uno de los buzos que firmó la demanda. “Entramos a un país donde el Gobierno se da el permiso de no respetar la ley. Más allá de los problemas ambientales que esto significa, de la amenaza a la fauna y al manto acuífero, esto ahora debe importarle a todos los mexicanos, incluso a los que creen que el tren es una respuesta a la problemática de Quintana Roo. Que el Gobierno rompa la ley es una amenaza para todos”, afirma. Urbina dice que la decisión del Gobierno de retomar la construcción busca “cumplir con un calendario político, no con un beneficio público”. El presidente López Obrador ha reiterado que, pase lo que pase, el Tren Maya se inaugurará a finales del año que viene.

El rechazo a la reanudación de las obras no ha tardado en hacerse ver y este lunes la organización ecologista Greenpeace realizó una protesta en el tramo deforestado, a la altura de Playa del Carmen. Allí han desplegado un enorme salvavidas con la palabra S.O.S., justo en frente de cuatro máquinas retroexcavadoras. También se ha vuelto a pronunciar el actor Eugenio Derbez, uno de los famosos que más ha levantado la voz en contra de que el tramo 5 se construya en la selva. En su perfil de Twitter, el actor ha compartido el comunicado de repudio del grupo Sélvame del Tren con la frase: “Así la ley en México…”. “Que se enteren que el segundo pulmón más importante de Latinoamérica y una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo están a punto de desaparecer si no exigimos de forma colectiva nuestro futuro”, dice el pronunciamiento.

Mientras tanto, Fonatur sigue trabajando a marchas forzadas parar conseguir cuanto antes las autorizaciones por parte de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat). La manifestación de impacto ambiental del tramo 5 sur fue presentada a mediados de mayo pasado y en ella reconocía una “afectación crítica” por la tala de casi 500 hectáreas de selva bien conservada entre Playa del Carmen y Tulum, así como una treintena de impactos negativos al sistema de cuevas y ríos subterráneos de la zona. La Semarnat ha aprobado en tiempo récord ese documento y actualmente se encuentra evaluando el que corresponde al tramo 5 norte. La presión alrededor del asunto hace previsible que ese estudio también reciba el visto bueno por parte de la dependencia.

Ahora está por ver si el juez Novelo cambia de parecer una vez que Fonatur cuente con todos los permisos ambientales en la mano o mantiene las suspensiones a la obra. Pase lo que pase, se espera una larga y dura batalla legal entre los ambientalistas y el Gobierno.

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