El Gobierno reconoce una “afectación crítica” por la tala de casi 500 hectáreas de selva en el tramo cinco del Tren Maya

Un mes después de que un juez detuviera la construcción del tramo 5 del Tren Maya por no contar con un estudio de impacto ambiental, el Gobierno finalmente lo ha presentado. El documento elaborado por el Instituto de Ecología del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) reconoce que las obras entre Playa del Carmen y Tulum provocarán una “afectación crítica” por la deforestación de más de 485 hectáreas de selva mediana subperennifolia y vegetación secundaria que “gozan de un nivel alto de conservación”. El informe enumera una treintena de impactos negativos, como posibles derrumbes en el sistema de cuevas, ríos subterráneos y cenotes de la zona, la alteración del flujo hídrico y la fragmentación del hábitat, en el que se encuentran especies como el jaguar. A pesar de ello, la conclusión es que éstos tendrán una “magnitud limitada y podrán atenuarse con medidas de mitigación”.

Como suele ocurrir en este tipo de documentos, que encarga el interesado en la obra, las afectaciones al medio ambiente de las que da cuenta están justificadas. En este caso, el principal argumento es que la península de Yucatán ya lleva años inmersa en una espiral de degradación ecológica por el voraz desarrollo hotelero e inmobiliario que busca explotar el filón turístico de las joyas del Caribe mexicano, como Tulum o Playa del Carmen. “El tramo 5 sur no aumentará la tendencia que se ha identificado en el periodo del 2009 al 2018, ya que independientemente de que se construya o no, la tendencia ambiental indica la continua pérdida de cobertura para la selva bien conservada”, dice el estudio.

El Gobierno espera que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) presentada ahora logre destrabar el atolladero judicial en el que se encuentra el tramo 5, que acumula una riada de amparos por sus afectaciones ecológicas. El documento corresponde únicamente a la sección sur, la que va de Playa del Carmen a Tulum, pero todavía falta que se publique la norte, la que va de Playa del Carmen a Cancún. El estudio de más de 1.800 páginas ahora debe ser revisado para su autorización por la Secretaría de Medio Ambiente en un tiempo récord, ya que la semana que viene está prevista la audiencia para determinar la suspensión definitiva de las obras. Si el juez llegase a ordenar una suspensión definitiva, la construcción tendría que parar hasta que se resuelva el juicio, lo que podría durar meses o incluso años. El Gobierno está intentando evitarlo a toda costa.

La MIA reconoce que en la zona de las obras “existen gran cantidad de dolinas, cenotes, microcúpulas kársticas, lagunas y llanuras de inundación, estas últimas con dimensiones de metros hasta kilómetros”, que podrían verse afectadas por “hundimientos y derrumbes”, tanto por los trabajos de construcción de las vías como por la vibración que generará el paso del tren. El peligro de dañar esas formaciones puso en pie de lucha a expertos, ambientalistas, arqueólogos e incluso reconocidos artistas del país, quienes exigieron que se replantease el proyecto. Originalmente el tramo 5 iba a ir a lo largo de la carretera que ya conecta Cancún y Tulum, pero la oposición de los grandes empresarios hoteleros y la dificultad de elevar el tren para sortear Playa del Carmen llevaron al cambio del trazado hacia la selva en enero pasado.

Entre los impactos “severos” que enumera el informe también se encuentra la afectación a la extensa biodiversidad de la zona, que según sus propios estudios de campo cuenta con casi 270 especies de flora, más de una veintena de reptiles y anfibios, 127 de aves como tucanes, colibríes y loros, más de 60 de murciélagos y decenas de mamíferos, como el ocelote, el puma o el mono araña. El resumen ejecutivo de la MIA no cita al animal más distinguido de la zona, el jaguar, que ha sido registrado en numerosas de las cuevas por las que pasará el tren, según los registros de la organización Jaguar Wildlife Center.

Las manifestaciones de impacto ambiental son un requisito indispensable para cualquier obra en el país, pública o privada. La ley exige que se elaboren y sean autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente antes del inicio de la construcción, pero la deforestación en la selva para abrir paso a las vías del Tren Maya empezó en marzo sin contar con esos requisitos. El Gobierno se escudó en el decreto de finales del año pasado que designó las obras estrella del presidente Andrés Manuel López Obrador como asuntos de “seguridad nacional” para intentar sortear esos trámites. Al magistrado Adrián Fernando Novelo no le convenció la estrategia y ordenó en abril que se detuvieran los trabajo, una decisión que cayó como un jarro de agua fría en el Gobierno de López Obrador, quien ha reiterado su intención de que el Tren Maya se inaugure a finales del año que viene.

En total, la MIA enumera 37 impactos negativos por la obra, mientras que los positivos son cuatro, entre ellos la generación de empleo y la mejora de la infraestructura del transporte. Ésas han sido las claves de la defensa del proyecto por parte de López Obrador, quien ha reiterado que el proyecto supone llevar desarrollo económico al sureste del país, una región históricamente marginada de la inversión pública. Para compensar los efectos negativos de la construcción del tramo 5 sur, la MIA plantea una serie de medidas de mitigación, como reforestar más de 6.700 hectáreas, crear pasos de fauna e implementar un programa de rescate y reubicación de las especies que se vayan encontrando a lo largo de la construcción. Los detalles, por el momento, son más bien escasos: el documento tampoco menciona el plan de construir una infraestructura elevada en la selva para no dañar los cenotes y cavernas de la zona al que se ha referido el presidente.

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