La carrera de obstáculos sin fin de María Elena Ríos, la saxofonista atacada con ácido

María Elena Ríos toma la llamada desde una vagoneta de camino a Ciudad de México. Viene a la capital, desde Oaxaca, para su terapia médica; todavía está en recuperación y tiene que inyectarse anestesia para el dolor de las heridas que le dejaron las quemaduras de ácido. El trayecto que antes hacía protegida por un par de agentes estatales ahora lo hace en transporte público. Hace dos meses que le quitaron parte de sus medidas de protección, aunque uno de sus agresores sigue en busca y captura. “Claro que me siento en riesgo”, dice a EL PAÍS. Este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha demandado información sobre el caso de la saxofonista, que fue atacada en 2019: “Vamos a pedir informes para ver los avances que hay en las investigaciones y por qué el agresor está en libertad”.

El 9 de septiembre de 2019, un hombre arrojó una cubeta con ácido al rostro, al pecho, a los brazos y las piernas de María Elena Ríos. Tenía 26 años. Estuvo cinco meses postrada en la cama de un hospital, tuvo que reaprender a caminar, a mirarse al espejo. Han pasado casi tres años y la joven sigue teniendo que ir a un centro médico de Ciudad de México donde recibe sus tratamientos. “Yo no voy a los doctores por vanidad, me tienen que poner anestesia general para el dolor todavía”, detalla.

Por el ataque están en prisión —todavía preventiva, sin juicio— tres hombres: dos presuntos autores materiales y el individuo a quien María Elena Ríos identifica como la persona que ideó el ataque. El empresario y exdiputado local del PRI Juan Antonio Vera Carrizal se entregó a las autoridades unos meses después del ataque debido al cerco mediático y policial en su contra. Vera y Ríos habían mantenido una relación personal, en la que la joven sufrió violencia de género, un tiempo antes de la agresión. “Si fue capaz de hacerme esto cuando le dije que ya no quería estar con él, ahora que todas las personas saben lo que hizo, si queda libre puede atentar contra mí y mi familia”, explica. El que todavía está libre es el hijo del político: Juan Antonio Vera Hernández, quién también está acusado de tentativa de feminicidio. La Fiscalía de Oaxaca ha llegado a ofrecer un millón de pesos (unos 50.000 dólares) de recompensa por él, pero sigue sin ser detenido. Y el miedo de María Elena Ríos no se acaba.

La joven ha denunciado los ataques constantes que tanto ella como su círculo cercano reciben de la familia Vera. “Ya no puedo subir nada a mis redes sociales porque han vulnerado a mis amistades”, cuenta. La versión de los acusados es que Ríos fingió el ataque para recibir dinero. “Yo no me eché el ácido. Hay pruebas suficientes para que lo vincularan, en donde se determina y se ve con amplitud que él trató matarme. Está todo muy detallado”. En la reconstrucción de la Fiscalía se incluye que Vera Carrizal pagó unos 1.500 dólares a los atacantes para que arrojaran el ácido corrosivo a la joven.

En un documento de casi un centenar de páginas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reflejó las múltiples violencias y amenazas que habían sufrido Ríos y su familia durante este proceso por parte del entorno de los presuntos agresores, y recomendaba que el caso fuera atraído por la Fiscalía General de la República, que se emitiera una disculpa pública y que se reparara el daño, entre otros 300 puntos.

Esta recomendación de la CNDH se alinea con las peticiones de Ríos: por un lado, protección frente a la familia de empresarios y, por otro, dejar de estar en manos de la Fiscalía de Oaxaca, a quien acusa de estar coludida con los agresores. “Ni siquiera están buscando a Juan Antonio, ¿por qué? Porque es su cuate”, dice la joven, que afirma que se llegó a ver al prófugo en Ciudad de México y Estado de México, y la Fiscalía no quiso actuar. “Mi agresor no es un criminal cualquiera, es una persona con poder político y económico”, refiere Ríos respecto al diputado del PRI. “Tienen casas y negocios en Ciudad de México”.

Por esa razón, explica, se siente tan vulnerable desde que le cortaron las medidas de seguridad en la capital y se las limitaron solo al Estado de Oaxaca. Antes contaba con seguridad 24 horas en las dos regiones y en los trayectos entre ambas zonas. El pasado viernes, una junta de Gobernación ratificó la restricción de la protección. En Ciudad de México, la joven sigue teniendo su tratamiento médico, su asesoría legal y es donde cuenta con el estatus de víctima por desplazamiento forzado, pero desde abril ya no tiene protección. “Dicen que ya no estoy en riesgo, pero la última amenaza me llegó el 26 de abril”, apunta. Ahora valora la intervención del presidente, por lo que pide que se acelere el proceso. “Yo no quería ser defensora, yo era una morra que quería vivir su vida y no me permitieron vivir. Solo pido que me den esa medida para que medio pueda sentir y vivir”, dice.

La saxofonista ha seguido recuperándose y se muestra optimista: “Los tratamientos siguen siendo dolorosos, pero creo que voy a mejorar mucho, aunque nunca voy a ser como antes”. “Soy sobreviviente y tengo todo el derecho a ser feliz, a tener a mis amigos, a levantar mi vida. No va a ser como lo tenía planeado, pero estoy viva y quiero seguir viviendo”, afirma segura, “eso no exime jamás del daño que hasta la fecha han perpetuado”.

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