La Suprema Corte invalida las reformas contra el derecho al aborto en Nuevo León

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha anulado este jueves una parte del artículo primero de la Constitución del Estado de Nuevo León, que buscaba proteger la vida “desde el momento de la concepción”. Por unanimidad de 10 votos a favor, los ministros han reiterado la inconstitucionalidad de “la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y, a partir de ello, adoptar medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes”.

Las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de “persona” y la titularidad de los derechos humanos, según ha determinado la Corte. “Ello corresponde en exclusiva a la Constitución General”, ha reiterado. “Si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, ello no puede desconocer los derechos a la libertad reproductiva y, en particular, el derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos”, ha insistido.

La Corte ha advertido que los principales esfuerzos del Estado para proteger la vida en gestación, como bien constitucionalmente valioso, deben dirigirse a la protección efectiva de los derechos de las mujeres y de las personas gestantes. “Por ejemplo, ocupándose en la continuidad de los embarazos deseados, asegurando atención prenatal a todas las personas bajo su jurisdicción, proveyendo partos saludables y abatiendo la mortalidad materna, entre otros aspectos”, ha enlistado en un comunicado.

El Pleno ha resuelto así las acciones de inconstitucionalidad promovidas en 2019 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León, en la que se demandaba la invalidez de la reforma publicada en el periódico oficial del Estado el pasado 11 de marzo de 2019.

Aunque la reforma fue promovida y aprobada durante la Administración pasada, el Gobierno actual de Samuel García insistió en mantenerla al actualizar la Constitución local a inicios de año. El artículo 1º, párrafo segundo, establecía la tutela del derecho a la vida en los términos siguientes: “Desde el momento de la concepción entra bajo la protección de la ley y se le reputa como nacido para todos los efectos legales correspondientes, hasta su muerte natural”.

Desde septiembre pasado, la Corte declaró inconstitucional la pretensión de proteger la vida desde la concepción, tras revisar el caso de Sinaloa, cuya Constitución establecía desde 2018 que “el Estado tutela el derecho a la vida desde el momento en un individuo es concebido”. Ahora, al igual que Sinaloa, el Congreso de Nuevo León deberá legislar en consecuencia a la resolución del Supremo.

Sin embargo, aún hay 17 Estados que conservan disposiciones similares en sus leyes. El discurso que fomenta la criminalización del aborto se ha instalado en las Constituciones locales con reformas de este tipo impulsadas a partir de 2008, mismas que no han parado en más de una década.

Además de los esfuerzos hacia la protección de la vida desde la concepción, el aborto voluntario sigue siendo un crimen en la mayoría de los Estados. Nuevo León es una de las 24 entidades federativas que siguen sin eliminar este delito de sus códigos penales, pese a que en septiembre pasado el Tribunal Supremo también declaró inconstitucional criminalizar y encarcelar a las mujeres por tomar la decisión de interrumpir un embarazo.

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