La comisión ambiental del T-MEC pide investigar a México por la falta de protección de la vaquita marina

La comisión ambiental del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC) quiere investigar a las autoridades mexicanas por el desplome en la población de la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del planeta. Tras años de programas de protección, anuncios de cooperación con organizaciones ecologistas e informes repletos de números sobre las acciones para conservar al cetáceo, la realidad es que su extinción está cada día más cerca: los científicos estiman que quedan entre siete y ocho vaquitas en el Alto Golfo de California, frente a las casi 600 que existían en 1997. Por ello, la Comisión para la Cooperación Ambiental del T-MEC ha recomendado abrir un expediente para estudiar a fondo si México ha hecho lo suficiente para que la especie no desaparezca.

En la resolución conocida esta semana, el órgano concluye “que aún quedan cuestiones relevantes abiertas, que están sin responder, respecto de la aplicación de las leyes y acuerdos pertinentes por parte de México”. La autoridad ambiental busca saber si México está vigilando adecuadamente el área de refugio del cetáceo en el Alto Golfo de California, donde convergen poderosos intereses que han demostrado ser más fuertes que los intentos de conservación: el crimen organizado controla allí la pesca ilegal de totoaba, un pez que también se encuentra en peligro de extinción y cuya vejiga natatoria (conocida como buche) es codiciada en China por sus supuestos poderes medicinales y afrodisíacos. Por las más grandes se llegan a pagar hasta 60.000 dólares.

En su escrito, la comisión dice que la investigación también permitiría obtener información “sobre los grupos organizados que participan en la pesca ilegal, el almacenamiento, la distribución, el transporte y la comercialización” de totoaba. La depredación de ese pez es la principal amenaza para el cetáceo más pequeño del mundo, que se enreda y muere en las redes de enmalle que usan los pescadores furtivos. Ante las peticiones de información del organismo, las autoridades mexicanas aseguraron que confiscaron más de 2.300 buches de totoaba, impusieron multas por 337 millones de pesos (17 millones de dólares) y recuperaron 384 redes ilegales entre septiembre de 2019 y septiembre de 2021. Sin embargo, la comisión sigue viendo agujeros en los esfuerzos de México para proteger a la vaquita.

El proceso comenzó en agosto del año pasado, cuando el Centro para la Diversidad Biológica y otras tres organizaciones ambientalistas presentaron una solicitud para que el organismo investigase al Gobierno mexicano por estar “incurriendo en omisiones en la aplicación efectiva” de sus leyes ambientales, lo que viola los compromisos alcanzados en el acuerdo comercial entre los tres países. “Durante décadas, México ha roto una serie de promesas de salvar a la vaquita. Dado que aparentemente es incapaz de proteger a esta especie y su hábitat, la comunidad internacional debe intervenir”, dijo entonces DJ Schubert, biólogo de vida silvestre del Instituto de Bienestar Animal, uno de los grupos que interpuso la denuncia.

Ahora, el consejo de la comisión ambiental del T-MEC, que está formado por los titulares de las Secretarías de Medio Ambiente de Estados Unidos, Canadá y México, tiene hasta el próximo 5 de julio para votar si autoriza el inicio de la investigación. Lo más probable es que Canadá tenga la última palabra, ya que se espera que Estados Unidos vote a favor y México en contra de abrir el expediente. De salir adelante, éste podría ejercer presión para que las autoridades mexicanas refuercen la vigilancia en la zona de refugio del cetáceo, donde la pesca ilegal continúa: según el Centro para la Diversidad Biológica, entre enero y marzo de este año se han documentado cientos de embarcaciones ilegales en el área, donde está prohibido hasta el tránsito.

Esos datos distan mucho de lo que ha venido diciendo el Gobierno de México en los últimos meses. A principios de abril, la Armada de México aseguró que, gracias a un nuevo acuerdo de colaboración con la organización ecologista Sea Shepherd implementado en enero, consiguieron “una reducción sustancial del número de barcos de pesca” en la zona de refugio durante los primeros tres meses del año. Pritam Singh, el presidente de Sea Shepherd, dijo que las embarcaciones ilegales observadas en la zona bajaron de entre 58 y 27 los primeros días del año a entre tres y uno en su último recorrido.

El grupo ambientalista alcanzó el pacto para colaborar con las autoridades mexicanas después de meses de haber tenido las manos atadas en la región. Desde junio del año pasado, el Gobierno anunció que solamente la Marina podría quitar del agua las redes ilegales en la zona de tolerancia cero, lo que significaba acabar con la principal labor que venía haciendo el grupo ecologista. Por ello, Sea Shepherd empezó a colaborar con la Marina para alertarles cada vez que encontrasen una red o un barco pescando ilegalmente. “En los últimos tres meses hemos visto una marcada diferencia en la forma en la que la Marina responde a lo que está pasando en el refugio”, dijo Pritam Singh a EL PAÍS. “Están haciendo lo que deben hacer”.

De abrirse la investigación de la comisión ambiental del T-MEC, es posible que se aclaren las discrepancias sobre lo que realmente está sucediendo en las aguas que habita la vaquita y, con suerte, se consiga evitar su extinción.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país