El jefe de inteligencia de la Armada niega cualquier implicación en el ‘caso Ayotzinapa’
Marino de mayor rango vinculado a las pesquisas, el almirante Marco Antonio Ortega declaró a finales de marzo. Fuentes federales niegan que se le ofreciera el estatus de testigo protegido
La declaración de un jefe de la Armada sobre el caso Ayotzinapa ha llegado a la prensa este martes, días después de que el grupo internacional de expertos que ayuda en la investigación revelara un operativo secreto de la dependencia en las primeras semanas de las pesquisas, en 2014. La propia Armada registró el operativo en vídeo. El almirante Marco Antonio Ortega acudió a declarar a finales de marzo, según ha informado el diario Reforma. El marino era entonces “jefe de inteligencia” de la Armada, según han explicado a EL PAÍS fuentes federales.
El asunto es relevante por la revelación del GIEI, el grupo de expertos que la CIDH comisionó a México para apoyar en las pesquisas. La semana pasada, el GIEI informó de que el 27 de octubre de 2014, un mes después del ataque contra los estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, la Marina realizó un operativo en el basurero de Cocula, lugar central en la narrativa que el Gobierno desplegó entonces sobre el destino de los muchachos. Según aquella versión, el grupo criminal Guerreros Unidos asesinó allí a los 43 normalistas desaparecidos y luego quemó sus cuerpos, arrojando los restos en un río cercano.
Hasta la semana pasada, se ignoraba que la Marina hubiera actuado en el basurero, menos antes de que llegara la autoridad competente para investigar los hechos, la extinta Procuraduría General de la república (PGR). De acuerdo al vídeo y la información divulgada por el GIEI, marinos manipularon la escena, bajando objetos de una camioneta y subiendo otros, prendiendo incluso un fuego en la parte alta del vertedero. La diligencia fue registrada en vídeo por un dron. Por el tipo de dron y la información registrada en el informe que acompaña la grabación, el GIEI presume que el operativo estuvo a cargo de la unidad de inteligencia naval, que dirige Ortega.
En la nota de Reforma, el abogado de Ortega señala que los actuales investigadores del caso Ayotzinapa ofrecieron al almirante un criterio de oportunidad, el famoso estatus de testigo protegido, tan mencionado estos años por el caso Odebrecht y Emilio Lozoya. Las mismas fuentes mencionadas arriba aseguran a este diario que esto no ocurrió. “No hace falta, esto por la cantidad de elementos de prueba que hay”, aseguran.
En la declaración, Ortega negó haber participado en operativos en Guerrero en 2014, ni en acciones de investigación en el marco del caso Ayotzinapa. “La pregunta 46 del interrogatorio”, lee la nota del diario, “fue si sabía de algún hallazgo por parte de la Marina en el basurero de Cocula, en donde hayan trasladado restos óseos o ropa encontrada en ese lugar por personal de la Marina. Ortega Siu negó tener conocimiento de ello”.
A casi ocho años del ataque, el papel de la Armada en los primeros meses de las pesquisas sigue siendo un misterio. De lo poco que se sabe, es que marinos colaboraron con la PGR en la detención de decenas de sospechosos. Muchos de ellos fueron torturados. Buena parte de las detenciones ocurrieron en las últimas semanas de octubre, cuando los marinos fueron al basurero de Cocula, según reveló el GIEI.
En 2018, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló que al menos 34 detenidos sufrieron tortura. “Los actos de tortura, tanto física como psicológica, habrían sido realizados por integrantes de la Policía Federal, la Policía Federal Ministerial (PGR), Marina y otro personal ministerial de la PGR, principalmente de la subprocuraduría de delincuencia organizada en los 34 casos documentados”, decía el informe.
En el informe de Naciones Unidas se mencionaba además el caso de un detenido, Emmanuel Alejandro Blas Patiño, “quien habría fallecido a raíz de las torturas infligidas por elementos de la Marina que habrían participado en su detención”. Según investigó la ONU, Patiño fue detenido el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, junto a otras dos personas. Su muerte lo borró, sin embargo, de los partes informativos de la dependencia. “Emmanuel Alejandro Blas Patiño habría fallecido en el jardín del edificio donde los tres fueron detenidos, como resultado de la asfixia con bolsa plástica y múltiples golpes”, añadía el informe. Por este caso nunca se abrió una investigación.
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