La presión ciudadana frena la construcción de un muelle de megacruceros en La Paz

En febrero de 2021, todavía en plena pandemia, 10 megacruceros aparecieron anclados en la bahía de La Paz, en Baja California Sur. Tras un acuerdo con las autoridades locales, las embarcaciones se estacionaron allí durante meses, esperando que las cosas regresaran a la normalidad para poder volver a navegar. Para Alejandro Águila, aquello fue el primer foco rojo. El ingeniero ambiental y su colectivo de activistas, llamado Torpedo, organizó una manifestación en contra de la presencia de aquellas ciudades flotantes, que denunciaban que contaminaban el aire y el agua de la bahía. Dos meses después, una publicación especializada en cruceros daba el adelanto de lo que Águila temía: los planes para ampliar el puerto de Pichilingue, en La Paz, para permitir la llegada de megacruceros tipo Oasis, los más grandes del mundo, con capacidad para unos 6.000 pasajeros.

El proyecto era muy ambicioso. Todo un complejo portuario y turístico con restaurantes, comercios y albercas para recibir a las miles de personas que llegarían con el nuevo muelle, en el que podrían atracar dos megacruceros al mismo tiempo. Los detalles se conocieron a finales de ese año, cuando la empresa Aquamayan Adventures, del empresario Isaac Hamui Abadi – que cuenta con otros puertos de cruceros como el de Mahahual, en Quintana Roo-, presentó ante las autoridades los estudios de impacto ambiental. El plan incluía excavar más de 78.000 metros cúbicos del lecho marino para permitir el arribo de esos barcos, de hasta 360 metros de longitud. El dato preocupó especialmente a los activistas porque, a menos de dos kilómetros, se encuentra el Área de Protección de Flora y Fauna de Balandra, considerada como una de las playas más hermosas del mundo. Tras decenas de manifestaciones, una consulta pública y una demanda de amparo, la empresa ha retirado el proyecto, como consta desde este viernes en la página de la Secretaría de Medio Ambiente.

“En diciembre es cuando hacemos una convocatoria para unir a todas las organizaciones porque tenemos un nuevo enemigo en común que tenemos que destruir de manera conjunta”, cuenta Águila por teléfono mientras recorre La Paz en su bicicleta. En un momento de la conversación pide parar la entrevista porque dice que tiene una emergencia vial. “Esto es un carril bici, no te puedes estacionar aquí”, se escucha decirle a un conductor. Retoma la idea: entonces nació una iniciativa apodada Bahía Sana para tratar de frenar el proyecto. Y, por ahora, parece que lo están consiguiendo. “Este paraíso existe porque lo defendemos. No vamos a permitir que ningún gobernante o empresario llegue a cambiar nuestra forma de vida”, dice Águila.

La Paz lleva 30 años recibiendo cruceros de menor envergadura, de hasta 2.500 pasajeros, y solamente tiene capacidad para recibir uno de ese tipo a la vez. El proyecto buscaba multiplicar el potencial de llegada de turistas a esta zona del país, reconocida por sus maravillas naturales: además de la playa de Balandra, cerca del puerto de Pichilingue se encuentra también el Parque Nacional Archipiélago del Espíritu Santo y la zona es hábitat de especies protegidas como el tiburón ballena o los delfines nariz de botella. De hecho, el polígono donde se proyectaba construir el muelle es un sitio Ramsar, un humedal de relevancia internacional. Mario Sánchez, del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) en La Paz, cuenta que además la regulación urbana de la ciudad prohíbe explícitamente un proyecto de ese tipo en la zona.

Sánchez ayudó a las organizaciones al proceso para abrir una consulta pública sobre el proyecto en enero pasado, durante el cual los ciudadanos pudieron expresar sus argumentos en contra del muelle. “Por un lado está lo que significa la contaminación de los cruceros y sus impactos indirectos, pero por otro está cuál es la visión de ciudad que queremos ser. Igual mañana ya no tenemos la oportunidad de decidir qué queremos ser porque ya se ha convertido en un polo de cruceros, como Cozumel”, dice. En los documentos presentados ante la Secretaría de Medio Ambiente, la empresa destaca que el complejo turístico-portuario ayudaría “al desarrollo económico local (…), mediante la generación de empleos e impulso al comercio en la zona”. En 2020, representantes de la la Administración Portuaria Integral de La Paz, aseguraron que la inversión ascendería a 1.000 millones de pesos (unos 50 millones de dólares).

En enero pasado, tras una de las manifestaciones en contra del muelle, el Gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro, dijo que el tema necesitaba ser analizado para tomar “la mejor y más sabia decisión social”. “Yo entiendo y estoy totalmente de acuerdo que hay que cuidar nuestras reservas naturales, por supuesto. Pero también recuerden ustedes que es la economía (...), porque no será el único país donde haya muelles donde atracan cruceros”, afirmó entonces a medios locales. Finalmente, la propia empresa ha sido la que ha desistido antes de que la Semarnat emitiera una resolución.

Pero lo más probable es que ésta sea una “victoria temporal” para los ambientalistas, dice Mario Sánchez, de CEMDA. La empresa Aquamayan Adventures ganó en agosto de 2021 un concurso para obtener la concesión del polígono donde proyectaba el muelle. Pagó por ella 40 millones de pesos (dos millones de dólares) y tiene una vigencia de 25 años, con posibilidad de extenderla por 20 más, según consta en el contrato. Por ello, tanto Sánchez como Águila creen que la empresa ha retirado el proyecto pero es posible que vuelva a presentarlo en el futuro. “Es una estrategia, lo hemos vivido en otros procesos antes. Presentan el proyecto, tantean el terreno, ven qué les comentan y después lo retiran y lo van a repensar”, explica el abogado. Mientras tanto, el activista asegura que han visto lo mismo en el pasado, en la lucha contra la entrada de empresas privadas en Balandra o contra la minería a cielo abierto en la sierra La Laguna.

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