Fabiola Alanís, titular de Conavim: “El 30% de los delitos que ocurren en el país son por razones de género”

El último día de 2021, entre festejos de Año Nuevo y vacaciones, entró en vigor el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las mujeres (PIPASEV) 2021-2024. El plan maestro del Gobierno de López Obrador para acabar con la violencia machista llega tres años tarde, tenía que haberse aprobado en 2019. Pese a su importancia, el documento ha pasado de puntillas por la prensa nacional. Mientras, las cifras oficiales señalan la urgencia de atender con carácter inmediato el problema. México cerró el año pasado con más de 3.000 asesinadas y un aumento en los delitos de feminicidio, violación, violencia familiar y trata de personas.

Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), una de las impulsoras del documento, habla sobre la entrada en vigor del programa. La medida llega después de unos años de austeridad en los que se han aplicados duros recortes al presupuesto para luchar contra la violencia feminicida. Pese a las subidas en el último año, organizaciones de la sociedad civil y feministas se quejan de que cada vez haya menos dinero público para combatir uno de los principales problemas que aquejan a México. El 89% del presupuesto para Igualdad lo recibirán los programas prioritarios del Presidente, carentes de perspectiva de género, como Jóvenes construyendo el Futuro y Sembrando Vida, entre otros.

La implementación del PIPASEV también llega tarde al reparto de dinero público, justo después de la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación. Esto significa que queda en el aire el monto de recursos reales que cada dependencia destinará para su desarrollo durante este año. El programa ha sido presentado como una guía para orientar las acciones de los distintos órdenes de Gobierno contra “todas las violencias” que viven las mujeres. Desde la física, hasta la política, pasando por la económica y la psicológica.

Pregunta. ¿Por qué el programa más importante contra la violencia de género llega tres años tarde?

Respuesta. Pues en primer lugar, reconocer que estamos frente a una ruptura de paradigmas, que estamos en un momento diferente en el país y que hubo necesidad de hacer ajustes, de intercambiar puntos de vista, de revisar concienzudamente que estuvieran en él las áreas que tienen recursos destinados para eso, como Seguridad Pública, la Secretaría de Hacienda... y porque a diferencia del pasado, no se trata de publicar documentos por el simple hecho de cumplir con un procedimiento. Se trata de garantizar medidas efectivas con presupuesto etiquetado para eso. Si no, sería demagogia.

P. ¿Con cuánto presupuesto público va a contar este programa para 2022?

R. Tendríamos que hacer una revisión de todas las dependencias que están involucradas. Solamente la Conavim tiene autorizado un presupuesto de 300 millones de pesos para refugios. De la Secretaría de Gobernación hay mil millones de pesos, Inmujeres tiene más o menos a 800 millones de pesos...

P. ¿No puede darme una cifra concreta del total de secretarías que van a aportar?

R. No, pero lo vamos a hacer. Por supuesto nuestra base es lo que establece el Anexo 13 para la igualdad entre hombres y mujeres del Presupuesto de Egresos de la Federación.

P. Ya que lo menciona, este programa se aprueba justo después de cerrar el Presupuesto de Egresos para 2022. Esto significa que no hay un monto concreto para el PIPASEV este año, sino que son las dependencias las que decidirán cuánto aportar al programa, ¿no hay riesgo de que el PIPASEV no tenga recursos este año?

R. No, para nada. Porque en el anexo 13 está establecida por ley la distribución de los recursos. Se puede ver claramente en acciones para la igualdad que encabeza sobre todo INMujeres y para la atención a la violencia que nos toca a nosotras [Conavim]. Por ejemplo, es la primera vez en la historia del país que el Fondo de Apoyo para la Seguridad Pública (FASP), que es el presupuesto más importante en materia de seguridad dirigido a los Estados, se integra a la atención y prevención de la violencia en contra de las mujeres.

P. El 89% del presupuesto de Igualdad este año va destinado a los programas prioritarios del presidente. Sin embargo, el monto para combatir la violencia de género se ha reducido o ha tenido incrementos marginales. ¿No le preocupan estas cifras que le estoy dando?

R. No. Me preocuparía si tuviéramos una visión corta de lo que es la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres. Esto no corresponde a una ni a dos dependencias, es una política transversal. No podemos medir [la lucha contra la violencia] desde el recurso asignado a la Conavim o a la Secretaría de Gobernación.

P. Los movimientos feministas y organizaciones de la sociedad civil critican que los programas del presidente, más allá de dar apoyos económicos, carecen de perspectiva de género...

R. El año pasado hablé con las mujeres de Sembrando vida... que tengan un ingreso permanente, que puedan desarrollar actividades productivas, que puedan formarse y que al mismo tiempo podamos hablar de la eliminación de las violencias en la zona rural es atender las causas [de esa violencia].

P. Hay 25 alertas por violencia de género en 32 estados, pero parece que no termina de funcionar esta figura. Hay quienes critican su efectividad y señalan que la medida se ha burocratizado, que ya no sirve para el objetivo con el que fueron creadas. ¿Qué opina usted al respecto?

R. No, yo digo que hay cosas que corregir. Todo mecanismo tiene posibilidad de corregirse. La alerta de violencia de género es única en su tipo. Llevamos al menos un año y medio fortaleciéndola como estrategia y según mi perspectiva, donde ha funcionado bien, hemos logrado avanzar.

P. ¿Hay reticencia en algunos estados a que se declare la alerta?

R. Claro que sí. Algunas autoridades piensan que es como si fuera un castigo a la Administración. Y cuando entiendan que es una oportunidad para hacer cosas, como ha hecho Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, las cosas podrían ser diferentes.

P. Hay Estados que se quejan de la falta de recursos federales y de que las alertas no van acompañadas de seguimiento y evaluaciones. ¿Qué opina usted de esto?

R. Que no es así porque hay un grupo multidisciplinario encargado de esto. No es un asunto sencillo, porque hay que respetar la autonomía de las autoridades estatales porque no todas tienen el mismo compromiso. Ayuda mucho que ahora tenemos siete gobernadoras, en todas las entidades donde hay gobernadora, hay declarada alerta de violencia de género.

P. ¿Le va a dar usted más presupuesto a las alertas de género este año?

R. Sin problema, podríamos asignar 130 millones de pesos este año.

P. 2021 ha cerrado con más de 3.000 mujeres asesinadas. La impunidad sigue siendo uno de los principales problemas en estos delitos, ¿qué traen ahora en agenda de Conavim para para acabar con esto?

R. El 30% de los delitos que ocurren en el país son delitos por razones de género, es decir, tres de cada diez delitos que ocurran en el país afectan a las mujeres. De esos se alcanzan a judicializar muy pocos y a sentenciar apenas el 1%. Ahora hay entidades en donde está creciendo el número de casos judicializados y sentenciados. Es porque hemos desplegado una estrategia muy interesante de la mano de los y las fiscales. Hemos instalado mesas técnicas de acceso a la justicia donde se sienta la Fiscalía, la Fiscalía especializada en delitos en contra de la mujer, la Fiscalía de Feminicidios y Conavim. Y ahí llevamos los casos que consideramos que tienen que ser atendidos, los rezagados, los feminicidios, los feminicidios infantiles...

P. Hay quienes plantean que dada la alta impunidad en el país, la solución no está en el punitivismo, en las penas de cárcel...

R. Hay quien dice que el punitivismo es una ilusión. Sin embargo, lograr tener éxito en una sentencia, por ejemplo, de un feminicidio infantil es un mensaje muy poderoso para la ciudadanía. Nuestra estrategia central es fortalecer a la Fiscalías Especializada en todo el país, fortalecer las unidades de contexto que son centrales.

P. Dice el PIPASEV: “En el centro de esta transformación está el lugar que las mujeres deben ocupar en la vida social, política, económica de la nación, y esto logrará en la medida en que amplíen sus libertades y ejerzan sus derechos, incluyendo los reproductivos y sexuales. ¿Cómo hacer campaña a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos cuando todavía tenemos legislaciones y sociedades que castigan el aborto?

R. Es una una tarea que hay que atender reconociendo la pluralidad y la diversidad de posiciones que hay. Cuenta mucho que el 100% de los congresos locales están compuestos mayoritariamente por mujeres y eso abona. No es automático, pero abona.

P. El PIPASEV aborda bastante la ley desde el ámbito penal, pero hay otros ámbitos de los que no se habla como, por ejemplo, la discriminación en los espacios de trabajo. ¿No se debería impulsar un cambio en la legislación para que la NOM 025 fuera de obligado cumplimiento y no voluntaria para las empresas que quieran aplicarla?

R. Sí. De por sí nos enfrentamos a dificultades en la implementación de la NOM 046 sobre la violencia contra las mujeres, pero lo de la NOM 025 tenemos que revisarlo.

P. ¿Que haya muchas mujeres en el Gobierno garantiza que se hagan políticas con perspectiva de género?

R. Nos estamos reeducando todas y todos. Creo que es una ventaja muy grande contar con mujeres comprometidas, quienes estamos en esto tenemos un pasado y eso ayuda. Es un privilegio pertenecer a la cuarta transformación, tener que hacer algo por las mujeres en este momento de cambio de paradigmas donde intentamos hacer cosas diferentes y avanzar la sociedad en ese sentido.

P. Habla de un cambio histórico, ¿cuándo se va a abordar el debate de la prostitución en el país?

R. Hay diferentes puntos de vista sobre esto, habrá que escuchar a todas las voces y seguramente sea tema de agenda los siguientes meses.

P. ¿Qué le pide a este nuevo año, comisionada, que caiga el patriarcado quizá?

R. Esa es la consigna. Los siguientes tres años serán para consolidar esta nueva visión de atención a la violencia que tenemos.

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